Ante el anuncio hecho el pasado fin de semana por el presidente Vivas de dotar al Príncipe Alfonso de una oficina policial, la Delegación del Gobierno mantiene su oposición a este tipo de infraestructuras. Sin que los sindicatos con representación en la Policía Local sepan todavía a ciencia cierta qué quiso decir el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, con eso de abrir una oficina policial en pleno Príncipe Alfonso, son muchas las voces que se alzan en contra de una salida que tiene más de política que de efectista. De hecho la Delegación del Gobierno se mantiene en la misma postura defendida por su delegado, José Fernández Chacón, desde que llegó a la plaza de los Reyes: no es necesaria una sede policial en la barriada.
Los informes internos realizados por la Jefatura Superior de Policía relacionados con el índice de delincuencia que se estila en el barrio más poblado de la ciudad apuntan a que la comisaría de Los Rosales es válida para hace r estas funciones. Eso yendo de la mano de la ristra de agentes adscritos al servicio de Información que tienen encomendada la vigilancia, sin ser vistos, en el barrio, sumada a la presencia visual de agentes de la UIP o de la UPR que desde el pasado diciembre están más presentes por la zona.
“La presencia visual de los agentes puede ser considerada más un rechazo entre los residentes que un apoyo”, apunta un agente policial que, por su experiencia en el barrio, considera menos efectista la ubicación de una oficina o comisaría en la barriada. De hecho ya la hubo y terminó retirándose a finales de los ochenta para dar paso a la retirada, ya en los noventa, de la presencia fija de la Guardia Civil en el fortín. La marcha de ambas fuerzas de seguridad no fue insensata. Las órdenes para su retirada llegaron de Madrid, cambiando un concepto de vigilancia en un barrio sobre el que se han escrito informes internos de todo tipo. Sobre el auge del integrismo (que dio lugar a la ‘Operación Duna’), sobre el tráfico de hachís e inmigrantes asentado en la zona y protegido por una capa social que se traduce en atentados en forma de apedreamientos contra la autoridad para servir de emboscada y protección al delincuente, o sobre la presencia de armas que son objeto de tráfico. De hecho han servido para dar protagonismo a algunos de los sucesos más mediáticos del barrio como el protagonizado por un menor que, tras alquilar una pistola, asesinó a uno de los miembros más destacados de Izquierda Unida. A él le han seguido otros porque en el Príncipe se sabe dónde puede adquirirse lo que se quiere.
Para la administración central resulta más efectista el control sin base que crear una oficina policial. Pero es que, incluso, para algunos policías locales resulta también más idónea esta apuesta. De hecho, la Consejería de Gobernación mantiene ya entre cuatro y cinco agentes fijos en el Polifuncional y hace un par de años su presencia era más notable aún en el patrullar por las calles del barrio. Aún así, nada se logró ni, mucho menos, se avanzó en la mejora de la seguridad.
La labor de un agente local no puede superar lo estrictamente marcado por sus competencias y el hacer valer las ordenanzas municipales choca con el tipo de servicio que se requeriría en la barriada. La falta de medios de que disponían los policías allí destacados era clara y fueron objeto de atentados como la quema de un coche policial, en verano de 2006, o el lanzamiento de cócteles molotov o la aparición de pintadas en contra de su presencia.
Tanto CCOO como UGT quieren que el presidente les explique qué significará esa apertura de una oficina policial en el barrio, ya que, lamentan, todavía no han sido informados de un hecho que supone algo más que un mero detalle y que, de hecho, no encuentra apegos dentro del Cuerpo Local.
Para sindicatos como el SUP, con amplia representación en el Cuerpo Nacional de Policía, tener un edificio policial en la barriada sirve de bien poco. “Sólo para tener que destinar agentes que guarden el edificio, para nada más”, advierte su secretario general Andrés Carrera, que, entiende, la seguridad más efectiva se garantiza patrullando la zona y disponiendo otro tipo de acción policial que vaya más allá de tener una sede fija para que los vecinos acudan a denunciar y para que los agentes tengan que custodiar las instalaciones. A este detalle se suma el hecho clave de que, por la propia idiosincrasia de la barriada, es materialmente imposible que los residentes acudan a una sede policial, a vista de todos, para acusar a otro vecino o para dar traslado de una denuncia. “No lo hacen ni acudiendo a Colón, imagínate en plena barriada”, señala.
De momento el anuncio hecho por Vivas no deja de ser un cántico al viento en medio de una visita presidencial a un barrio. Un cántico sin forma y sin estudio previo para, hasta la fecha, llevarse a cabo.
