El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley para reducir la jornada laboral máxima legal a 37'5 horas semanales, sin reducción salarial. Se trata de la medida "estrella" de la legislatura para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y da comienzo a un nuevo capítulo en la regulación del tiempo de trabajo en España y también en Ceuta.
Esta reforma, que fue presentada como anteproyecto hace más de dos meses, avanza ahora hacia su tramitación parlamentaria tras recibir los informes preceptivos del Consejo de Estado y del Consejo Económico y Social. El Gobierno confía en conseguir los apoyos necesarios para su aprobación definitiva, pese al rechazo frontal de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme y la anunciada enmienda a la totalidad de Junts.
12,5 millones de trabajadores beneficiados
Según explicó Díaz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la medida beneficiará directamente a 12,5 millones de personas asalariadas. De ellas, 10'5 millones trabajan a tiempo completo y algo más de dos millones a tiempo parcial. Por sexos, el impacto será de 6'8 millones de hombres y 5'7 millones de mujeres.
Los colectivos más beneficiados serán aquellos trabajadores que no están cubiertos por convenios colectivos, y que hasta ahora venían realizando jornadas de 40 horas semanales, como en sectores como la hostelería, el comercio, la agricultura o los servicios. Además, se espera un mayor impacto en comunidades como Andalucía, Madrid y Cataluña.
“Hoy modernizamos las empresas españolas, modernizamos el mundo del trabajo y ayudamos a que la gente sea un poco más feliz (...) El Gobierno de España es un Gobierno que sabe muy bien a quién representa, es el Gobierno de los trabajadores en nuestro país. Hoy hemos aprobado definitivamente una norma que cambia la vida de la gente”, subrayó la vicepresidenta.
Un proyecto que pone el foco en la jornada real
Más allá de la rebaja horaria, desde el Ministerio de Trabajo se destaca la importancia del nuevo sistema de registro horario, que deberá implementarse en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley. Este sistema será digital, interoperable y permitirá a la Inspección de Trabajo conocer en tiempo real la jornada realizada por cada persona trabajadora.
El registro tendrá que ser realizado de forma personal e inmediata por el trabajador, tanto al inicio como al final de su jornada, sin posibilidad de manipulación por parte de la empresa. Además, deberá identificar inequívocamente a quien realiza el registro, presentarse en un formato accesible y mantenerse archivado durante cuatro años.
A esto se suma un derecho irrenunciable a la desconexión digital, que garantiza que ningún empleado tenga que responder a correos electrónicos o llamadas fuera de su horario laboral.
Sanciones más duras: hasta 10.000 euros por trabajador
El proyecto de ley aprobado también introduce un endurecimiento de las sanciones para aquellas empresas que incumplan las nuevas disposiciones sobre jornada o registro horario. Las infracciones podrán acarrear multas de hasta 10.000 euros por cada trabajador afectado, frente a los 7.500 euros máximos actuales.
Las sanciones estarán tipificadas como graves y se graduarán en tres niveles: de 1.000 a 2.000 euros en su grado mínimo, de 2.001 a 5.000 en el medio y de 5.001 a 10.000 euros en el máximo. Se aplicarán por incumplimientos relativos a la jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, descansos, vacaciones, permisos o desconexión digital, entre otros.
El reto del Congreso: Díaz interpela directamente al PP
Con la aprobación en Consejo de Ministros, la norma pasa ahora al Congreso de los Diputados, donde el Ejecutivo deberá negociar para conseguir su respaldo. Junts ha anunciado ya que presentará una enmienda a la totalidad, y el Partido Popular mantiene su oposición al proyecto.
Ante este panorama, Díaz ha lanzado un mensaje directo al PP, preguntando si su intención es “tumbar” la norma o permitir su aprobación. “El Gobierno de España es un Gobierno que sabe muy bien a quién representa, es el Gobierno de los trabajadores”, afirmó.
“Ahora esta norma no solamente está en la calle, sino que llega a la casa de la democracia, llega al Congreso de los Diputados”, concluyó la vicepresidenta.
Y los "asalariados" invisibles que trabajan duro, malpagados y bien explotados viviendo en chabolas de carton y chapa en Almeria, vale, estos no votan.