El ministro de Función Pública, Óscar López, ha reconocido este martes la existencia de subida salarial adicional del 0,5% pendiente y se ha comprometido a abonarla “en breve”, durante su intervención en el II Congreso de UGT Servicios Públicos.
Este incremento estaba ligado a la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC), y debía activarse si la suma de los IPC adelantados de 2022, 2023 y 2024 superaba las subidas salariales acumuladas. Según el sindicato, las condiciones ya se han cumplido, y por tanto, el Gobierno debe aprobar esta mejora sin más demoras y hacerlo por decreto.
Una reivindicación arrastrada desde enero
CSIF ha reclamado al Gobierno que abone de forma inmediata la subida salarial adicional del 0,5% comprometida para el personal de las administraciones públicas en 2024, y que sigue sin aplicarse pese a estar recogida en el acuerdo marco 2022-2024.
La declaración llega justo un día después de que CSIF presentara una queja formal dirigida a Pedro Sánchez, exigiendo que se respeten los compromisos firmados.
Según cálculos del sindicato, esta congelación temporal representa una retención de 1.200 millones de euros que afectan al conjunto de los empleados públicos. Desde la firma del último acuerdo, el colectivo acumula una pérdida de poder adquisitivo del 8,2 %, y cerca del 20 % desde los recortes salariales aplicados en 2010.
Nuevas exigencias
CSIF ha aprovechado el contexto para solicitar también la convocatoria urgente de la mesa de negociación, no solo para definir la subida de este año, aún no fijada, sino también para establecer un nuevo acuerdo de legislatura.
Entre sus principales demandas, el sindicato plantea:
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Eliminación de la tasa de reposición en la próxima oferta de empleo público.
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Aplicación de la jornada laboral de 35 horas en todo el Estado.
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Desarrollo efectivo del teletrabajo y la carrera profesional en todas las administraciones.
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Equiparación salarial entre administraciones para garantizar igualdad por el mismo trabajo.
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Recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010.
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Mejora de las condiciones para la jubilación parcial y adecuación de los grupos profesionales.
Más presión al Ejecutivo
CSIF ha subrayado que el cumplimiento de estos puntos es esencial para dignificar el trabajo público y frenar el deterioro progresivo de las condiciones laborales. El sindicato insiste en que las declaraciones deben traducirse en medidas concretas y que los empleados públicos no pueden seguir siendo los grandes olvidados mientras la inflación sigue afectando a sus salarios.
Por ahora, el Gobierno solo ha anunciado su intención de cumplir con el abono del 0,5%, pero el sindicato advierte que mantendrá la presión hasta lograr un compromiso global y efectivo para el conjunto del sector público.
