La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), tras la jornada de trabajo celebrada el pasado 23 de septiembre junto a la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), ha solicitado al Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública la supresión “inmediata” de la autorización previa exigida por la Delegación del Gobierno de Ceuta para operaciones de compra, hipoteca y ejecución de obras en la ciudad.
Esta autorización tiene su origen en una ley preconstitucional, la Ley 8/1975, y su correspondiente Reglamento de Ejecución, normas vigentes desde hace más de 35 años.
Posible vulneración del principio de igualdad
La constitucionalidad de este requisito administrativo ha sido cuestionada en varias ocasiones, incluyendo dictámenes como la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 19 de octubre de 2017, que alertaba sobre la posible vulneración del principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución Española.
El requisito, que únicamente se mantiene en Ceuta y Melilla, constituye una traba administrativa que “ralentiza la actividad económica, incrementa la burocracia para empresas, autónomos y ciudadanos, y coloca a Ceuta en una posición de desventaja respecto al resto de España. Su permanencia perpetúa una discriminación institucional que frena la inversión, el emprendimiento y la competitividad local”.
Prioridad para el Gobierno
La CECE ha trasladado esta reivindicación al Ministerio como una “prioridad urgente”, con el objetivo de que la Administración General del Estado alivie la carga burocrática de los ciudadanos de Ceuta y mejore el entorno económico de la ciudad.
Según la Confederación, eliminar esta autorización “no solo simplificaría los trámites” para empresas y autónomos, sino que también favorecería “la inversión privada, dinamizando la economía local y reduciendo desigualdades frente a otras regiones del país”.
Los representantes de la CECE han insistido en que la “modernización administrativa” es clave para que Ceuta deje de ser una ciudad con “restricciones obsoletas y pueda competir en igualdad de condiciones con otras comunidades autónomas de España”.
La verdad a medias es siempre peor que una mentira.
La ley de 1975 tiene su última modificación en 1990. Y el Reglamento de 1978 tiene su última modificación en 1989.
Esto es como decir que el código civil es preconstitucional.