Las personas que acrediten una estancia mínima de un año en España, carezcan de antecedentes penales y no cuenten con una solicitud de asilo en curso —o hayan renunciado a ella— podrían acceder a una autorización temporal de residencia y trabajo, según la propuesta del PSOE para la regularización extraordinaria de inmigrantes que ha despertado interés en Ceuta.
Así lo han indicado fuentes parlamentarias a Europa Press, en el marco de la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que permanece en proceso en el Congreso.
Esta autorización, de carácter excepcional, permitiría residir y trabajar en todo el territorio nacional sin necesidad de presentar previamente un contrato laboral. El procedimiento se articulará mediante un Real Decreto que el Gobierno debe desarrollar y que serviría para dar respuesta a la situación de aproximadamente medio millón de personas migrantes en situación irregular, de acuerdo con la ILP promovida por el movimiento Regularización Ya.
Requisitos clave: haber ingresado en España antes del 31 de diciembre de 2024
De acuerdo con la propuesta socialista, uno de los requisitos clave es haber ingresado en España antes del 31 de diciembre de 2024. No obstante, según ha podido saber Europa Press, actualmente se negocia una posible ampliación del plazo para incluir a quienes hayan llegado al país hasta el 20 de mayo de 2025, fecha en la que entró en vigor el nuevo Reglamento de Extranjería.
Otro punto que se está debatiendo es la forma en que las personas migrantes podrán demostrar su tiempo de residencia en España. Aunque el padrón municipal es el documento más común, no todos los migrantes pueden empadronarse. Por ello, se barajan otras alternativas como informes sociales y documentos acreditativos similares para ampliar las opciones de prueba.
Desde el PSOE se insiste en que se trata de una “autorización única por circunstancias excepcionales” que permitiría a los beneficiarios trabajar y residir legalmente en cualquier punto del país. Esta medida forma parte del compromiso socialista para avanzar en políticas migratorias más inclusivas, según han trasladado fuentes del partido a Europa Press.
El proceso legislativo y la posición de los partidos
La ILP fue aceptada a trámite por la mayoría de formaciones políticas en el Congreso, con la excepción de Vox. Sin embargo, su desarrollo se ha visto ralentizado durante meses. El Partido Popular, por ejemplo, ha expresado dudas sobre el alcance de la medida. Su portavoz, Miguel Tellado, advirtió recientemente que no darán “cheques en blanco” al Gobierno, en declaraciones recogidas por Europa Press.
Desde Podemos, sin embargo, se ha instado al Ejecutivo a no retrasar más la aprobación del Real Decreto. Ione Belarra, exministra de Derechos Sociales, ha señalado que si existe voluntad política, el Gobierno podría poner en marcha la regularización “mañana mismo”, sin necesidad de esperar a que finalice el proceso parlamentario.
Regularización Ya exige transparencia antes de avanzar
Por su parte, el colectivo Regularización Ya —impulsor de la ILP— ha exigido que no se avance en la ponencia parlamentaria sin que todos los grupos conozcan a fondo los detalles del Real Decreto. “Hasta que no se nos entregue la letra pequeña, no aceptamos que se lleve ningún acuerdo a la ponencia”, declaró a Europa Press Victoria Columba, portavoz del movimiento.
Regularización Ya ha insistido en que es urgente avanzar, tras más de un año de espera. El colectivo considera razonable incluir a todos los migrantes que hayan llegado al país hasta el 20 de mayo de 2025, dada la entrada en vigor del nuevo reglamento.
Críticas al Reglamento de Extranjería y su impacto
El borrador de modificación de la ILP alude también al reciente Reglamento de Extranjería, que aunque facilita ciertos trámites, excluye a numerosos migrantes de poder regularizar su situación. Según recoge Europa Press, los socialistas reconocen que muchas personas, pese a haber permanecido en España durante largos periodos, no podrán beneficiarse de las nuevas condiciones, en especial quienes desistieron de su solicitud de protección internacional o se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.
ONG y entidades defensoras de derechos migrantes han denunciado este punto desde noviembre de 2024. El propio Defensor del Pueblo ha expresado su preocupación, especialmente respecto a los menores no acompañados cuya petición de asilo ha sido denegada, alertando del impacto negativo que el reglamento puede tener sobre su futuro.
