La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin bajada de sueldo podría convertirse pronto en realidad para miles de trabajadores en Ceuta.
El Gobierno central aprobó el pasado mes de mayo un proyecto de ley que abre la puerta a este cambio histórico, aunque su destino depende ahora del Congreso de los Diputados, donde su tramitación se ha visto estancada por cuestiones políticas.
La medida, si se aprueba, beneficiará a más de 12 millones de empleados del sector privado, con el objetivo de mejorar la conciliación familiar, el bienestar personal y la productividad sin afectar al salario.
La prórroga del 11 de junio
A pesar de que el Consejo de Ministros dio luz verde a la norma el pasado 6 de mayo, el avance en el Parlamento ha sido muy lento. El trámite legislativo ya acumula tres prórrogas para la presentación de enmiendas. La última, fijada para el 11 de junio, podría ser definitiva para desbloquear o hundir la reforma.
Ni siquiera los socios habituales del Gobierno han presentado enmiendas. La falta de iniciativa legislativa contrasta con el fuerte respaldo sindical y ciudadano que ha generado la propuesta.
Junts per Catalunya, clave en el futuro de la ley
El éxito de la jornada de 37,5 horas pende de un hilo: Junts per Catalunya podría inclinar la balanza. El partido de Carles Puigdemont ha amenazado con presentar una enmienda a la totalidad junto a PP y Vox, lo que supondría bloquear el proyecto antes de su debate en el Pleno.
Las conversaciones entre PSOE y Junts han sido discretas, especialmente en Bruselas, pero hasta el momento no hay señales claras de acuerdo, y la presión de las patronales empresariales ha aumentado.
Media hora menos al día o fines de semana de tres días
La reducción no sería uniforme. Las empresas podrían optar por repartir la reducción diaria (media hora menos al día) o concentrarla en un día adicional de descanso, lo que daría lugar a fines de semana de tres días. Esta opción ya ha funcionado en países como Bélgica o Islandia, donde se ha mejorado la productividad.
El texto prevé que cada empresa negocie con sus trabajadores la fórmula más adecuada para aplicar el nuevo horario.
Sin embargo, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que, si la reforma no sale adelante, el Ejecutivo optará por reforzar el control horario digital por decreto. Esta medida ayudaría a supervisar mejor las horas trabajadas, pero no incluiría la reducción de jornada sin pérdida salarial que plantea el proyecto actual.
¿Llegará a tiempo la reforma?
Según ha informado El Periódico, el plan del Gobierno es que la jornada reducida entre en vigor el 1 de enero de 2026, tras un año de adaptación. Pero si no se desbloquea la ley en las próximas semanas, ese objetivo podría esfumarse.
Para presionar al Parlamento, la formación Sumar ha convocado movilizaciones los días 14 y 15 de junio en más de 70 municipios, como muestra del respaldo social que tiene la medida.
CCOO pide al Gobierno que se tramite antes de verano
Según la información que ha publicado EFE, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido este lunes al Gobierno "que tire para adelante" con el proyecto de ley de reducción de jornada laboral y que comience a tramitarlo antes del verano.
"Este es un tema que tiene que tramitarse necesariamente antes de verano. No se puede demorar "sine die" (...) porque se nos va a acabar trasladando un problema a la negociación colectiva de los convenios del año 2026", ha reflexionado Sordo en declaraciones a los medios tras asistir a los Desayunos del Ateneo en los que intervenía la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño.
"Vamos a ser muy exigentes"
Sordo ha pedido a los grupos que eviten una enmienda a la totalidad y que vayan al trámite de enmiendas para plantear lo que consideren y ha apuntado a movilizaciones si es necesario.
"Es fundamental mantener el espíritu y la letra de lo firmado, es decir, reducir la jornada y habilitar un sistema de control horario verdaderamente efectivo para que se cumplan las leyes", ha añadido.
"Instamos al Gobierno a que tire para adelante con el proyecto de ley y vamos a ser muy exigentes para que los grupos parlamentarios no frivolicen con algo que afecta a las condiciones de vida", ha zanjado.
