Una “apuesta ambiciosa” para cambiar el escenario del terreno urbanístico en Ceuta y Melilla. Es como califican arquitectos y otros profesionales la propuesta de una Ley del Suelo estatal para ambas ciudades, una normativa que consideran “necesaria” para afrontar “la falta de planificación” en esta materia, entre otros aspectos.
Diferentes voces unen sus conclusiones de por qué debería darse esta modificación en una publicación extensa en el nuevo número de la revista Transfretana del Instituto de Estudios Ceutíes. El documento ahonda en el contexto jurídico actual que lleva a sugerir esta iniciativa y en por qué estiman que debe impulsarse.
Incluye también la perspectiva local de cómo hasta la fecha este asunto ha incidido en el entramado que se ha tejido a lo largo de las últimas décadas. El debate en torno a este tema se hace oficial en 2021, año en el que la junta directiva del Colegio Oficial de Arquitectos de la ciudad y algunos expertos crea un grupo de trabajo.
La intención final de las evaluaciones efectuadas tener una base para reclamar al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales el desarrollo de este precepto específico para ambas poblaciones.
Origen
“Motivados por el dilatado proceso de aprobación de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de 1992, decidieron constituirlo para analizar las causas y efectos del ordenamiento vigente para trasladas las conclusiones obtenidas a las autoridades”, explica Adolfo Hernández, vocal del IEC. Finalmente, estas resoluciones fueron presentadas ante la Delegación del Gobierno e incluso se mantuvieron reuniones con el consejero de Fomento, Alejandro Ramírez, y otros representantes políticos.
De hecho, esta cuestión ha llevado a formular varias solicitudes en las que demandan la implantación de esta nueva legislación. Las mismas han sido emitidas por el mencionado órgano, por el Ilustre Colegio de la Abogacía, la Confederación de Empresarios y el Instituto de Estudios Ceutíes. Todas ellas están amparadas bajo del derecho de petición de la Ley Orgánica 4/2001.
La raíz de la situación que buscan transformar se halla en el contexto jurídico y en los hechos que se han dado en él. Todo parte de la sentencia 61/1997 del 20 de marzo realizada por el Tribunal Constitucional. Esta deroga “casi en su totalidad” la Ley del Suelo de 1990 y el texto refundido de 1992 al determinar que “invade las competencias de las comunidades autónomas en materia de ordenación del territorio”.
Ley de 1976
Dejó su aplicación sin vigencia en Ceuta y Melilla al “no haberse previsto en su declaración de nulidad”, tal y como apunta el escrito de la ya citada institución arquitectónica, firmado por su decana Judit Albiñana. Como consecuencia directa, se recurre a la norma de 1976, un texto preconstitucional.
Dado a que es previa anterior a esta máxima norma, “no puede ser actualizada, salvo en cuestiones de responsabilidad estatal”. La entidad destaca que “el resultado” es una administración urbanística “anquilosada”. A esto se suman otros matices a tener en cuenta para comprender su argumentación.
Actualmente Ceuta y Melilla carecen de potestad para legislar y actualizar su ordenamiento jurídico. El Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, por tanto, “no cubre todas las áreas” vinculadas a este ámbito ya que parte de ellas recaen bajo la incumbencia de las propias regiones. Al no contar con esta posibilidad, las dos ciudades no pueden intervenir.
Renovar y completar
La aplicación directa del TRLSRU aprobado en el Real Decreto 7/2015 del 30 de octubre “no les permite dotarse de un régimen completo”, señalan. Indican que no regula los conceptos de gestión, planeamiento y disciplina, así como temas que contienen las leyes autonómicas.
Los dos factores, esta norma y la sentencia 61/1997 del 20 de marzo del Tribunal Constitucional, llevan a la demanda de una ley concreta para lograr la renovación de los preceptos de 1976 y para la incorporación de unas normativas complementarias al TRSLRU que no se poseen en el presente.
“Los principales asuntos que impiden el progreso de la ciudad no pueden ser resueltos mediante un Plan General de Ordenación Urbana”, explica. “Se requiere de otros instrumentos no recogidos en la jurisdicción vigente”, añaden.
La solicitud aglutina ejemplos de temas a poner en marcha como lo es el principio de desarrollo sostenible, las situaciones básicas de suelo y los criterios elementales de su uso con adaptaciones a las particularidades de las dos poblaciones o el informe de evaluación entre otros.
Por qué
José Luis Pérez, arquitecto de Ceuta, expone exactamente todos los argumentos por los que creen preciso el impuso de esta propuesta. “La ciudad y sus vecinos cuentan con un vacío legal que podría considerarse discriminatorio” remarca.
Otros en los que se basa es el artículo 21 del Estatuto de Autonomía en el que establece competencia sobre la Ordenación del territorio, urbanismo, vivienda, carreteras, puertos o montes junto con el 26, en el que se refleja la posibilidad de proponer al Gobierno la adopción de medidas para modificar reglas al objeto de amoldarlas a las peculiaridades locales a través de un acuerdo de la Asamblea.
A ellos se suma que, a su juicio, el fundamento jurídico del que se depende, el de 1976, “es preconstitucional y está ampliamente superada en el siglo XXI en una democracia consolidada en la que existen pautas de sostenibilidad y una ingente normativa sectorial”.
“Su carácter insular y fronterizo hace necesaria la planificación del territorio y de los equipamientos supramunicipales que interfieren en el planeamiento”, añade. Esta iniciativa debe ser “una apuesta ambiciosa que dé respuesta a los nuevos desafíos y promueva un avance más sustentable y equilibrado”.
Valoración en la práctica
A nivel local, el experto hace una valoración de la aplicación hasta la fecha de la jurisprudencia disponible. Estima que los resultados en el mapa constructivo de Ceuta en los últimos años son “manifiestamente mejorables”.
El profesional hace hincapié en rasgos diferenciadores que influyen en su suma en la movilidad, a la que cataloga como “conflictiva” en ocasiones “debido a la altísima densidad de población, a la orografía compleja y a los dos focos de entrada concentrados en el puerto y en la frontera”, así como a la interferencia que produce “la ausencia de planificación”.
Ceuta presenta 20 kilómetros cuadrados, 6,95 de suelo, 0,55 edificable y 12,31 en el que no se puede edificar. Supone más de 10.000 habitantes por kilómetro cuadrado en los 6,95.
Puerto y frontera
Muestra la metamorfosis de varias zonas para ilustrar que se requiere de estructuración previa de forma ordenada. El puerto y la frontera son diana de su análisis. Respecto al primero, relata una serie de obras acometidas que han transformado zonas cercanas o ligadas con su área como el Paseo de las Palmeras o la edificación del helipuerto.
Hace referencia a una serie de actuaciones sin organización y a cómo estas fueron recogidas posteriormente en el Plan General de 2023. “El flujo de trabajo de la planificación vinculada al uso portuario ha transformado terrenos ganados al mar destinados a esta utilización en equipamientos y espacios libres para la Ciudad que, por cuestiones de oportunidad, denota carencias en accesibilidad, desplazamiento, inserción en el tejido urbano o falta de participación ciudadana”.
Las conclusiones que saca en relación a la frontera apuntan a una falta de planificación de las necesidades de zonas para instalaciones públicas “de manera ordenada”. Expresa que estas construcciones basadas en situaciones de oportunidad “provocan servidumbres y molestias inesperadas para los vecinos”. Alude a los análisis efectuados por el arquitecto Carlos Pérez, en concreto, al artículo del número 8 de la revista Trasfretana en el que repasa lugares “susceptibles de obtención de más volumen mediante rellenos al mar”. Invita a ganarlo en las inmediaciones de la playa del Tarajal para incrementar la delimitación actual y “desconectar el funcionamiento de la frontera con el resto de la actividad en la ciudad”.
El problema no es ya lo que hay que construir sino todo lo que hay que derribar para crear barrios con racionalidad y con equipamientos.
Empezando pòr la calle Jaudenes que esta dentro de la ley de costas
En 2016 Ciudadanos ya pidió una Ley del Suelo en la Asamblea, y se aprobó por mayoría solicitarla al Estado ANTES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017. Y aquí seguimos.
Ahora no se puede construir nada en muchos lugares de Ceuta, porque dicen los lumbreras, que no se puede edificar porque ellos son los que mandan: Cuando el trabajo se mezcla con la politica, sale una mier..
Vox la pidió hace unos meses que se pidiera a Madrid que aceleraran los trámites y todos le votaron en contra.