El Partido Popular (PP) ha presentado en el Congreso, cuyo parlamentario por Ceuta es Javier Celaya, más de medio centenar de enmiendas al proyecto de ley del Gobierno sobre Protección al Menor en el Entorno Digital, entre las que destaca la propuesta de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.
Una medida que incluye una salvedad: aquellos casos en los que exista un consentimiento expreso por parte de los padres.
La vicesecretaria del partido, Cuca Gamarra, ha señalado en un comunicado que este conjunto de iniciativas busca "mejorar la protección de los menores y ayudar a las familias", con una actitud "constructiva" orientada a "mejorar la propuesta del Gobierno" y a "garantizar la seguridad de niños y adolescentes".
Entre las medidas centrales figura la prohibición general de acceso a redes sociales antes de los 16 años, aunque se contempla una excepción para los menores de entre 14 y 16 años siempre que cuenten con una autorización "expresa y verificable" de sus progenitores, tutores o representantes legales.
Redes sociales y "horario de descanso digital"
Para este grupo, el PP plantea además la implantación de un "horario de descanso digital", que limitaría el uso de estas plataformas entre las 22.00 y las 8.00 horas.
El paquete de enmiendas incluye nuevas exigencias para las plataformas digitales, que deberán incorporar sistemas visibles de etiquetado de contenidos, mecanismos de control de acceso para menores y herramientas de prevención y detección temprana de materiales que puedan afectar a su salud o integridad. Asimismo, se propone la creación de canales de denuncia anónimos y confidenciales frente a situaciones de ciberacoso o acoso digital.
En paralelo, el PP defiende que los dispositivos con acceso a internet cuenten de forma obligatoria con controles parentales preinstalados, y que en los puntos de venta se facilite a los padres una formación básica sobre su configuración y uso.
Según la formación, estas medidas permitirían reforzar la capacidad de las familias para proteger a los menores, incluyendo la posibilidad de acceder a los dispositivos de manera proporcionada y respetuosa, o de utilizar sistemas de geolocalización, que quedarían fuera del alcance de las plataformas digitales salvo que exista un consentimiento explícito y revocable de los responsables legales.
Medidas penales frente al suicidio, las adicciones y el ‘bullying’
El Partido Popular también plantea una actualización del marco legal para que el Código Penal se adapte a las nuevas realidades derivadas del uso de redes sociales. En este sentido, sus enmiendas reclaman penas de prisión para quienes generen, difundan o distribuyan contenidos que inciten al suicidio, promuevan retos virales o fomenten prácticas alimentarias que pongan en peligro la salud de menores o personas con discapacidad.
Ante los "numerosos casos" de acoso escolar, el PP propone además modificar la ley de responsabilidad penal del menor con el objetivo de reforzar la protección de las víctimas frente a los agresores. Entre las medidas contempladas figura la prohibición de que los infractores puedan comunicarse o acceder a las víctimas a través de medios digitales.
El texto también incorpora salvaguardas frente a algoritmos que puedan manipular a los menores mediante el uso de datos personales o patrones de comportamiento, así como frente a estrategias de diseño persuasivo abusivo. En este ámbito, se plantean límites a prácticas como el ‘scroll infinito’ u otras que fomenten la adicción y la dependencia digital.
Pornografía infantil
En relación con la pornografía infantil, el PP ha propuesto eliminar el término "no consentida" del artículo 3 del proyecto de ley, al considerar que no puede existir ningún tipo de pornografía infantil "consentida", por lo que toda difusión de contenido sexual que afecte a menores, así como su apología, debe considerarse ilegal.
Las enmiendas amplían además el concepto de pornografía infantil a cualquier contenido sexual que utilice objetos que representen visualmente a un menor, así como a materiales creados mediante Inteligencia Artificial (IA).
Para hacer frente a este fenómeno, el partido plantea reforzar la supervisión y coordinación con las plataformas digitales, con el fin de prevenir, detectar y eliminar de forma inmediata contenidos reales o realistas, generados o manipulados digitalmente, que afecten a menores, mediante tecnologías de detección automática y bloqueo.
Por último, el PP solicita la implantación de protocolos "ágiles y efectivos" para la denuncia, retirada y bloqueo de cualquier contenido sexual o íntimo relacionado con menores.
Y la bandeja de huevos a 13 euros
Chorrada número 6535657 de los políticos y sus prohiciones. No hay nada más inútil, que inútiles e ignorantes metidos a políticos. Últimamente solo se leen mamarrachadas en vez de hablar de las cosas que importan y preocupan DE VERDAD a los ciudadanos.
Prohibir el uso a menores de 16 no es la solución.
Creo que lo que habría que exigir a las empresas como META, X, etc...., es un férreo control de usuarios y contenido no adecuado, inmoral, ilegal, etc..., y en caso contrario sanciones multimillonarias y cancelaciones de las RRSS.
De está manera harían un control efectivo y riguroso de su negocio.
Control por cuenta de usuario exigiendo certificar DNI, y demás datos que corroboren la identidad del usuario. De está manera se eliminarían los anonimatos y suplantaciones.
Muchas prohibiciones para los demás, y los políticos robando sin descanso, y sin límites.
Una medida ( al igual.que el resto de medidas) acertada y necesaria ante los peligros que se someten nuestros hijos y jóvenes en general, pudiendo pasar de víctimas a victimarios con total facilidad en ciertos perfiles de menores.
A colación de ello, cualquier restricción o prohibición debe ir acompañada de una educación en entornos digitales; de lo contrario, podría ser un arma de doble filo
Actualmente, está prohibido por ley la venta de tabaco y alcohol a menores, pero continúa su consumo en este tramo de edad tan vulnerable, lo que no garantiza al cien por cien, en estos casos, la protección de los menores en las redes sociales por su complejidad la hora de controlar los accesos desde otras vías.
Por tanto, el lado positivo de estas medidas que pueden ayudar a los padres y a facilitar protocolos a los profesionales de la educación, a combatir desde el amparo legal, el mal uso de las redes sociales que vulneren la protección de los menores y adolescentes, aunque hay que recordar al Sr. Celaya de la necesidad de delimitar el "interés superior del menor" cuando se habla de "derechos digitales", sin olvidarnos de la controvertida figura del "consentimiento" paterno como punto de inflexión de todas las medidas,
Das un altavoz a un ignorante y pasa lo que pasa.