La titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta dejó visto para sentencia un juicio contra J.L.L.S. por un delito de injurias sobre personal de la Autoridad Portuaria.
El acusado, que compareció por videoconferencia, se enfrenta a una pena de 14 meses de multa a razón de 10 euros diarios por un delito continuado de injurias grave hechas con publicidad. Además se le solicita abonar la cantidad de 20.000 euros por los daños morales causados al denunciante.
Además de dar difusión por redes sociales y revistas, remitió al presidente del Gobierno, a Capitanía Marítima, al ministro de Transporte y Movilidad, al Parlamento Europeo y a 65 destinatarios más un correo electrónico en el que advertía de “posibles irregularidades” para la asignación de una plaza como técnico informático.
El acusado ha sido trabajador durante 30 años en la Autoridad Portuaria y, hablando de su despido, indicó “que se llevó a cabo por represalias por no realizar un informe” solicitado.
Señaló que no conoce de nada al denunciante, que conoció de su destino gracias a otros compañeros sindicalistas.
"Solo pedía que se investigara"
Sobre los documentos que fueron enviados a distintas administraciones, el acusado quiso dejar claro que él nunca afirmaba nada, “solo pedía que se investigara por si existían irregularidades”. “Creo que es una obligación que debería tener cualquier empleado público”, recalcó.
Insistió que su única intención era que “se investigara” por si se había realizado un amaño para otorgar la plaza. “Solo tiene que revisar el nombre de algunas de estas personas para darse cuenta de que hay trajes a medida, no se realizó ningún tipo de examen para que todas las personas estuvieran en las mismas condiciones”.
El acusado siguió en su línea y señaló que tiene el acta de conclusión de competencias, lo que considera “que son indicios importantes” para pedir que se investigara. “Ahora la gente tiene miedo a hablar no le vaya a pasar lo mismo que a mí por tirar de la manta”.
El acusado negó que tuviera que ver con la querella que se presentó en el Juzgado de lo Social. “Puede que fuera coincidencia que ese día que se dictó sentencia en contra enviara un escrito al presidente del Gobierno, pero yo no tengo que ver en nada con esa denuncia. Nunca he pertenecido a FESEP, ni he sido afiliado”.
El denunciante no entiende la obsesión del acusado
El denunciante, por su parte, señaló que no entiende qué tiene el acusado sobre su persona. “No sé quién es, no entiendo la inquina que tiene contra mí. Tengo a mi familia preocupada y lleva dos años que no para. Hay una sentencia favorable del proceso selectivo y no para, sigue injuriándome”.
Además el denunciante afirmó que se ha planteado en alguna ocasión si se trata “de algo personal”. “Lo único que sé de este señor es que trabajaba en el Faro de Punta Almina pero no lo conocía personalmente hasta que no empezamos a tener este procedimiento”.
Manifestó que a pesar de que se dictó sentencia en el Juzgado de lo Social declarando “la limpieza del proceso”, el acusado siguió “enviando escritos calumniando con nombres y apellidos”.
En estos momentos, el acusado se enfrenta a esta querella y a otras 4 más que se encuentran en estos momentos en la fase de Instrucción. “Él hacía afirmaciones de que los procesos están amañados por amiguismo o familiares. Lo siguió haciendo a pesar de que ya había sentencia de lo Social”.
Ante la insistencia de la Defensa de cómo llegaron los escritos a sus manos, el denunciante señaló que el acusado se dedicó a difundirlos “por distintos medios”. “Además fui llamado por Recursos Humanos ya que querían conocer qué había ocurrido”.
En el turno de la última palabra, el acusado insistió que cumplió con “una obligación como ciudadano. Denuncié unas irregularidades para que se investigaran. No he cometido ningún delito”.
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