El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este jueves revela los detalles de un expediente sancionador en Ceuta que, más allá de la infracción de 4.000 euros, ilustra una historia de enredos alrededor de una simple correa de paseo para perro. Aunque sea para una mascota 'fantasma'.
La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales ha iniciado un procedimiento contra el supuesto responsable de un can, enfrentándolo a una multa que podría ascender a 4.001 euros por infracciones graves de Sanidad Animal y leves de Bienestar Animal.
Todo comenzó el 28 de octubre de 2025, cuando la Policía Local avistó un perro deambulando "suelto sin correa" por la zona del Sarchal. Lo llamativo es que el animal se encontraba en estas circunstancias durante la activación del Nivel 1 de Alerta por Rabia, un estado que prohíbe taxativamente que los animales deambulen libres y exige restricciones severas para evitar posibles contagios.
Al ser advertido por los agentes, la intervención se vio enmarañada por una hilera de hechos contradictorios sobre la responsabilidad del animal. En primer lugar, un peatón alegó que "se le había olvidado la correa en su casa".
Minutos después, apareció su hermano, el individuo finalmente expedientado, quien aportó la correa necesaria y se declaró "voluntariamente" el responsable actual del can.
Aquí es donde la trama se complica: al verificar los datos en el sistema SIACE, la Policía descubrió que el perro no estaba registrado a nombre de ninguno de los presentes. La titular administrativa del animal resultó ser su hermana, quien, para añadir un 'ingrediente' geográfico, reside en Algeciras.
La situación se tornó más grave al examinar la cartilla sanitaria del animal. En un contexto de alerta por rabia (donde la vacunación es obligatoria y se exige incluso en el puerto), las comprobaciones revelaron que el perro carecía de vacunación antirrábica en vigor desde 2019. Hace seis años.
Para enredar aún más esta historia, el animal figuraba además en estado de "baja administrativa" en el registro, pese a encontrarse vivo y en posesión de nuevos responsables.
La Consejería subraya que mantener al perro sin vacunar y suelto en la vía pública durante un brote de rabia declarado oficialmente en la ciudad supone un "riesgo grave de salud pública".
Como guinda, la Policía Local detectó la presencia de un segundo perro, un Sharpei. Este can se salvó de la sanción, pues, al no figurar registrado a nombre de nadie ni disponer de microchip detectable, fue imposible aplicar medida alguna en el expediente.
El expediente concluye que el responsable es presunto autor de tres infracciones:
Sin embargo, la Administración ofrece un 'trato' en estos casos: si el expedientado reconoce su responsabilidad de forma voluntaria en los próximos 15 días, el importe se reduce en un 20%, quedando en unos más asequibles (pero aún considerables) 3.201 euros con el descuento.
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