Traslado de colonias felinas

La entrada en vigor de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales marcó un antes y un después en la gestión de las colonias felinas en España. Desde septiembre de 2023, los ayuntamientos ya no pueden actuar de manera improvisada, arbitraria o motivada por presiones vecinales cuando deciden intervenir sobre una colonia de gatos comunitarios. La ley es clara: las colonias felinas están protegidas y cualquier traslado debe responder a criterios técnicos, sanitarios, veterinarios y de bienestar animal.

Durante años, muchos municipios recurrieron a la retirada de gatos como solución rápida ante conflictos urbanos. Obras, quejas por ruidos, molestias puntuales o simples decisiones estéticas acababan con colonias desplazadas, desestructuradas o directamente eliminadas. La Ley 7/2023 rompe con esa dinámica y establece un marco jurídico que obliga a las administraciones locales a gestionar las colonias mediante programas regulados y protocolos oficiales.

La norma atribuye expresamente a los ayuntamientos la responsabilidad de gestionar los gatos comunitarios. No se trata de una competencia opcional ni de una actividad delegable sin control. El artículo 39 obliga a las entidades locales a desarrollar Programas de Gestión de Colonias Felinas que incluyan censos, identificación mediante microchip, esterilización, atención veterinaria y protocolos de actuación ante situaciones especiales.

Y aquí aparece uno de los aspectos más importantes de la ley: el traslado de una colonia no puede hacerse de cualquier manera ni por decisión unilateral de un cargo político. La legislación establece que las comunidades autónomas deben elaborar protocolos marco con procedimientos mínimos obligatorios para la gestión de colonias felinas. Entre esos protocolos se incluyen expresamente las actuaciones en situaciones especiales, contemplando incluso el retorno posterior de los gatos a su espacio natural.

Eso significa que el traslado solo puede plantearse bajo circunstancias justificadas y excepcionales. Una colonia felina no es mobiliario urbano que pueda cambiarse de sitio porque resulte incómodo. Los gatos comunitarios desarrollan vínculos territoriales extremadamente fuertes. Sacarlos de su entorno sin planificación supone condenarlos a sufrir estrés severo, desorientación, desapariciones, atropellos, peleas territoriales o incluso la muerte.

Por esa razón, cualquier ayuntamiento que pretenda trasladar una colonia debe cumplir previamente una serie de obligaciones legales y técnicas.

La primera es acreditar la causa real y objetiva que justifica el traslado. No basta una simple queja vecinal ni una decisión política genérica. Deben existir motivos acreditados relacionados con riesgos para los animales, problemas sanitarios reales, actuaciones urbanísticas inevitables o afecciones graves sobre la biodiversidad.

La segunda obligación consiste en contar con informes veterinarios y técnicos. La ley exige que la gestión sanitaria de las colonias esté supervisada por profesionales veterinarios colegiados. Ningún traslado puede ejecutarse legalmente sin una evaluación previa del estado de la colonia, del número de ejemplares, de los individuos esterilizados, de los animales enfermos o dependientes y de las condiciones del nuevo emplazamiento.

La tercera obligación es disponer de un destino adecuado. La propia ley obliga a los municipios a contar con espacios acondicionados para la retirada temporal de gatos comunitarios en caso de necesidad. Ese lugar debe garantizar refugio, alimentación, seguridad y adaptación progresiva. Trasladar animales a solares vacíos, polígonos alejados o zonas sin control no solo vulnera el espíritu de la ley, sino que puede constituir maltrato institucional.

Otro aspecto esencial es el respeto al método CER —captura, esterilización y retorno— que constituye el eje central de la gestión ética de colonias felinas. La filosofía de la Ley 7/2023 no es retirar gatos, sino estabilizar poblaciones y garantizar su bienestar. El retorno al lugar de origen sigue siendo la regla general. El traslado permanente debe ser siempre la última opción y no la primera respuesta administrativa.

Además, la administración local tiene la obligación de colaborar con entidades de protección animal y personas cuidadoras acreditadas. La ley reconoce expresamente el papel de quienes gestionan colonias felinas y obliga a regular sus derechos y funciones. Ignorar a las cuidadoras, ocultar actuaciones o ejecutar capturas sin coordinación vulnera los principios de transparencia y participación recogidos en la propia norma.

También resulta especialmente relevante recordar que la Ley 7/2023 prohíbe actuaciones que durante años fueron habituales en algunos municipios. El sacrificio sistemático, las retiradas indiscriminadas o las capturas sin garantías quedan fuera del marco legal actual. Los gatos comunitarios han dejado de ser considerados un problema de limpieza urbana para convertirse jurídicamente en animales protegidos cuya gestión corresponde a la administración.

Sin embargo, la distancia entre lo que establece la ley y lo que ocurre en muchos municipios sigue siendo preocupante. Continúan existiendo ayuntamientos que actúan sin protocolos públicos, sin censos actualizados y sin transparencia sobre las intervenciones realizadas en colonias felinas. En demasiadas ocasiones, las obras municipales o las presiones vecinales siguen utilizándose como excusa para desplazar gatos sin informes técnicos conocidos ni garantías reales de supervivencia.

Ese incumplimiento no es una cuestión menor. Cuando una administración pública ignora los protocolos obligatorios establecidos por la Ley 7/2023, no solo compromete el bienestar animal: también puede incurrir en responsabilidades administrativas e incluso judiciales.

La protección de las colonias felinas ya no depende de la sensibilidad personal de un alcalde o de un concejal. Depende del cumplimiento estricto de una ley estatal que obliga a actuar con criterios científicos, veterinarios y éticos.

En una sociedad que aspira a ser más avanzada y más respetuosa con los animales, resulta inaceptable que todavía haya administraciones que continúen tratando las colonias felinas como un obstáculo urbano en lugar de gestionarlas conforme al marco legal vigente.

Porque trasladar una colonia felina no es simplemente mover gatos de un lugar a otro. Es intervenir sobre seres vivos protegidos por ley. Y cuando una administración pública decide hacerlo, está obligada a cumplir protocolos rigurosos, transparentes y plenamente ajustados a derecho.