La Audiencia Nacional ha desestimado los recursos presentados por las defensas de tres de los encarcelados por su presunta relación con el tráfico de hachís en camiones, tras su detención en el marco de la Operación Hades, que derivó en el hallazgo de un narcotúnel en Ceuta.
Tras la puesta en libertad bajo fianza de uno de los considerados cabecillas de la trama, precisamente hermano del político y funcionario de prisiones, Mohamed Ali Duas, se ha rechazado aplicar ese mismo criterio con otros investigados, entre ellos uno de los dos guardias civiles que está privado de libertad desde principios de año.
Su Defensa ha visto desestimado el recurso presentado para interesar su puesta en libertad. En dicho escrito indicaba, entre otros motivos, que no existían indicios que incriminaran a su cliente, además de no haber prueba “objetiva y directa de cargo” contra el agente “tras más de siete meses de instrucción”.
“No existe ni una sola intervención telefónica, grabación de audio o vídeo de la implicación en los hechos investigados, ni se han encontrado mensajes de texto, correos electrónicos o comunicaciones”, argumentó.
Negaba así que hubiera pruebas para asociarlo a un cohecho o “indicios directos, objetivos y sólidos” que acrediten la relación del agente con los hechos asociados al embarque de grandes cantidades de hachís en camiones.
Las "pesquisas" de los investigadores y las penas barajadas, hasta 16 años para un guardia civil

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en su sección 4ª mantiene que, frente a las declaraciones exculpatorias, hay otras inculpatorias que deben tenerse en cuenta fruto de las “pesquisas” realizadas por los investigadores.
De igual manera fundamenta el mantenimiento de la prisión provisional, aludiendo al riesgo de fuga de quien está señalado “como integrante de una organización con ramificaciones internacionales, sin que a factores como arraigo personal, familiar y laboral puedan concederse la intensidad suficiente para erradicar el peligro de huida”, expone.
“Debemos recordar que contra el apelante aparecen graves indicios de posible participación en un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de sustancia que no causa grave daño a la salud (hachís), en cantidad de notoria importancia, en el seno de una organización delictiva y desplegando conductas de extrema gravedad en atención a la cantidad de droga incautada, castigado con pena privativa de libertad que puede llegar a los 10 años, además de la trama de cohecho, castigado con hasta 6 años de prisión”.
“El recurrente resulta provisionalmente implicado en las actividades de un grupo de personas dedicado a la introducción en la Península, para su posterior distribución, de la referida sustancia estupefaciente, como lo demuestran -al menos de modo provisional- las observaciones telefónicas practicadas y las vigilancias y seguimientos efectuados”, se recoge en el auto dictado por la Audiencia Nacional.
“Existen claros indicios de participación del apelante en dicha operación de narcotráfico, en calidad de integrante de la trama presuntamente delictiva desarticulada”.

“El grado de su participación y la intensidad del conocimiento del apelante sobre los pormenores del tráfico ilícito de droga desbaratado, así como de la red de corrupción que le afecta, se irán consolidando en momentos ulteriores de la investigación judicial que se está llevando a efecto desde hace varios meses”.
Responsable de la logística
La misma decisión de mantenimiento de la prisión provisional se tiene con otro de los investigados, al que se le señala como responsable de la logística de una de las tramas, planificando, coordinando y desarrollando las labores necesarias para culminar con éxito los envíos de sustancias estupefaciente.
Mantiene la Audiencia que, de tal manera, “habría asumido funciones fundamentales e indispensables dentro del grupo, asumiendo la dirección, planificación y coordinación de la estructura logística de la organización, llevando a cabo la toma de decisiones clave, la resolución de problemas, además de coordinar y supervisar los cometidos asignados a cada uno de sus miembros, encaminadas a lograr el éxito de las actividades ilícitas de la organización”.

En definitiva, como pone de manifiesto el Ministerio Fiscal, el investigado recurrente “habría asumido funciones fundamentales e indispensables dentro del grupo, como la dirección, planificación y coordinación de la estructura logística de la organización”.
El narcotúnel

En este punto se hace mención al hallazgo del narcotúnel. “Disponen de una nave que funciona como almacén de la sustancia estupefaciente procedente de Marruecos y una galería subterránea que se adentraba, a una profundidad de unos 12 metros, hasta el territorio de Marruecos, aprovechando la proximidad de la frontera, estructura sobre la que continúan practicándose gestiones actualmente”, indica.
Otro de los investigados por su presunta relación con este entramado también seguirá en prisión.
Se le sitúa en varios momentos asociados al envío de vehículos cargados con sustancias estupefacientes.







El otro extremo del túnel no está en Urano ni en Soria. ¿Sabe el Faro qué ha hecho Marruecos para investigar y perseguir a los criminales que controlaban la apertura marroquí del túnel?