La Audiencia Nacional mantiene blindada la permanencia en prisión de los detenidos en Ceuta en el marco de la Operación Hades, una de las investigaciones de mayor calado realizada por la Guardia Civil en el marco de la lucha contra el narcotráfico que culminó con el hallazgo de un narcotúnel.
La fase estelar con el inicio de los arrestos se produciría a finales de enero cumpliéndose ya medio años de los primeros autos de prisión dictados.
Los distintos recursos de apelación ante las medidas privativas de libertad más gravosas que se han adoptado, y que mantienen a dos guardias civiles en prisión preventiva, así como a un diputado de la Asamblea, han chocado con las tesis judiciales que se enrocan en la existencia de riesgo de fuga derivado de las elevadas penas de prisión que podrían solicitarse para los implicados en la trama.
Las nuevas resoluciones judiciales que han sido dictadas en estas últimas semanas van en el mismo camino que las anteriores. En todas se desestima la puesta en libertad de los encarcelados que lo han pedido, entre ellos los dos componentes del Instituto Armado.
Uno ha llegado incluso a argumentar ante su señoría la existencia de un agravio comparativo con otros guardias civiles que se encuentran en calidad de investigados no detenidos, a pesar de haber sido señalados en el operativo coordinado entre Asuntos Internos de la Guardia Civil, con apoyo de la UCO y el CRAIN, además de unidades de intervención del Cuerpo.
Cuando el arraigo choca con la investigación
En los últimos autos dictados, a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico, la Audiencia mantiene que existe riesgo de sustracción a la acción de la justicia, por mucho que los detenidos argumenten su “profundo arraigo personal, familiar y social”.
Es el caso de uno de los dos guardias civiles presos preventivos, quien argumenta sin éxito que tiene a toda su familia en Ceuta y que atesora más de 30 años “de servicio intachable, con 26 años de carrera en el puerto”, además de advertir que una fuga “implicaría la perdida definitiva de su carrera, su estatus profesional y los derechos asociados”.
Niega esa posible fuga “por falta de vínculos en el extranjero y limitados recursos económicos” e invoca la “inexistencia de riesgo de destrucción, alteración u ocultación de fuentes de prueba” al considerar “que este riesgo es nulo en la actualidad puesto que las pruebas materiales esenciales tales como la incautación de 1.397 kilos de hachís, teléfonos móviles, arma de fuego reglamentaria, vehículos o documentación relevante, ya han sido recabados y se encuentran bajo custodia judicial, lo que impida su alteración o desaparición”.
“La investigación ha avanzado significativamente y el levantamiento del secreto de las actuaciones reduce cualquier posibilidad de interferencia en las mismas”, mantiene su defensa.
“Ha sido apartado de su puesto de la Guardia Civil lo que le impide acceder a cualquier información o documentación oficial relacionada con la investigación y el tiempo transcurrido desde su detención, hace más de tres meses, ha permitido la consolidación del material probatorio haciendo improbable cualquier intento de destrucción”, añade.
Dos redes y un narcotúnel
La Audiencia sigue manteniendo la medida más dura no solo con este caso concreto, sino con todos los demás detenidos que, a ojos de la Guardia Civil, eran las piezas relevantes en ese tablero delincuencial que se nutría del nulo control en el puerto de Ceuta para sacar hachís a la Península.
Existían dos redes, una la hispalense y otra la ceutí, relacionada con el diputado Mohamed Alí Duas, que compartían la misma protección que presuntamente aportaban los componentes de la Benemérita presos preventivos.
La primera de ellas, además, se nutrió de un narcotúnel para introducir la droga desde Marruecos. La segunda tenía comprados a turnos de funcionarios en la aduana.
En cuanto a la existencia de riesgo de reiteración delictiva, por parte de los encarcelados se mantiene que es mínimo ante la desarticulación de la supuesta organización criminal cuya capacidad operativa se habría visto mermada considerablemente.
La Audiencia, en cambio, no mantiene ese mismo criterio.
La investigación de la Guardia Civil que aún no ha finalizado se sustenta en argumentos sólidos que, en cambio, son inexistentes, “débiles”, “indirectos e insuficientes” para quienes continúan entre rejas al argumentar que “no existen pruebas directas” que acrediten la comisión delictiva.
Registros y pruebas
En el caso de uno de los guardias civiles presos, se indica que en los registros llevados a cabo “no se ha encontrado dinero en efectivo” ni tampoco “existen movimientos bancarios sospechosos ni incrementos patrimoniales injustificados” lo que “contradice frontalmente la imputación de colaboración en redes criminales”, pesando además los años de servicio del agente dirigidos precisamente a la lucha contra el narco.
Para la Audiencia Nacional, a pesar de que se trate de relativizar el resultado de los indicios recabados, “lo cierto es que hay elementos suficientes” para relacionar a los detenidos con los hechos objetos de investigación por parte de la Benemérita.
Esas indagaciones llevadas a cabo apuntan a la existencia de una organización criminal que venía dedicándose al tráfico de drogas mediante la introducción de hachís desde Ceuta hasta la Península través de los puertos de nuestra ciudad y Algeciras para su posterior distribución a diferentes provincias del territorio nacional.
Precisamente esta organización contaba con un alto grado de impunidad gracias a la connivencia de una "estructura de seguridad" compuesta principalmente por miembros de la Guardia Civil destinados en el puerto de Ceuta que, presuntamente, favorecerían la comisión del delito a cambio de obtener un beneficio generalmente económico, y que además formarían parte de la estructura de agentes presuntamente encargados de garantizar la salida de la mercancía por el puerto de Ceuta.
La información que podían aportar los guardias civiles presos
Dentro de esta estructura había agentes destinados en el puerto, tanto en la Compañía Fiscal como en la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal en Frontera de Ceuta (UDAIFF), a los que la investigación señala como “favorecedores de un apoyo directo” amén de “facilitar una información necesaria sobre los horarios, componentes de servicio y cometidos asignados para asegurar el éxito de la operativa y evitar la detección del hachís oculto vehículos”.
A esto se añade la “dispensa de información sobre técnicas de investigación y procedimientos operativos, asesoramiento de las medidas de seguridad que deben adoptar los integrantes de la organización criminal para evitar ser detectados por los cuerpos policiales y acceso a datos contenidos en aplicativos policiales que pudieran ser relevante para las operaciones delictivas”.
“Existe constatación gráfica e informes derivados de las conversaciones intervenidas, actuaciones de los agentes encubiertos y vigilancias policiales directas además de la aprehensión de hachís tras seguimientos”, se indica en las resoluciones.
Figuras claves y reparto de 120.000 euros
Se presume que los agentes implicados en esa colaboración habrían pactado con la organización el reparto equitativo de la cantidad de 120.000 euros.
Para los investigadores, los agentes detenidos eran considerados claves precisamente porque dentro de sus funciones facilitaban el pase del hachís que debería haber sido intervenido.
“Las graves responsabilidades penales, todavía en el orden indiciario, convierten en endeble el indudable arraigo personal, familiar y social del recurrente en este país, del que es nacional, la ausencia de antecedentes penales o el hecho de que no disponga de pasaporte en vigor”, expone la Audiencia en relación a uno de los guardias civiles.
“El riesgo de sustracción a la acción de la Justicia no se enerva por las meras y vacuas alegaciones referidas a la existencia de medidas cautelares menos gravosas que la actual, que garantiza la sujeción del investigado al procedimiento y al órgano judicial competente. Estamos en una fase embrionaria del proceso que ya ha determinado la existencia de indicios suficientes de la comisión de hechos que podría conllevar importantes penas” considera la Audiencia.
“Es decir, se infiere un riesgo de fuga que ha de entenderse no meramente como la huida del país, sino como el simple hecho de ponerse en paradero desconocido para evitar la prosecución del proceso, deseo o propósito que es más factible en tanto mayor sea la pena con cuya imposición se amenaza, algo que no resulta imposible de imaginar ante la existencia de una estructura organizativa que dispone de medios económicos”, concluye.
Descripción fáctica
La descripción fáctica que contiene el auto relativa a los indicios contra agentes presuntamente corruptos y la entrega de dinero por parte de la organización “es lo suficientemente expresiva e integra los elementos típicos de los delitos de tráfico y cohecho que se imputan”.
“Abarcan así, las denominadas conductas de favorecimiento, referidas, además, a quien, por razones de su cargo, estaba especialmente obligados a la perseguir delitos, no a favorecerlos”, indica.
Se siguen practicando diligencias para la investigación de los hechos por lo que el blindaje de las medidas de prisión se sigue considerando como lo más acertado.
Pregúntale a David Bisbal
Quienes estarán detrás de todo esto ?