El Gobierno de España culminaba la semana pasada el proceso para la reubicación de los menores marroquíes. Un compromiso para conseguir un reparto solidario de estos niños, evitando la situación extrema vivida en territorios como Ceuta y Canarias.
Hay una ruta, una guía a seguir muy clara. Tanto lo es, que este mismo lunes está prevista la visita a nuestra ciudad del secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez.
El número 2 del ministerio llega con un compromiso claro: el de abordar todo el tema de traslados con las autoridades competentes, después de que el viernes pasado tuviera lugar una reunión en la Delegación del Gobierno para completar el procedimiento administrativo.
Pérez conoce, y bien, Ceuta. No solo la ha visitado y pulsado sus problemas en materia migratoria, sino que se ha implicado al 100% en los momentos más críticos que ha vivido nuestra ciudad con las entradas a nado de niños, hasta el punto de tener que echar mano de recursos extraordinarios para su acogida.
Pérez se reunirá con las partes implicadas en que toda esta programación se ejecute como se debe, contando con la implicación del equipo de área de menores, que es el que ha hecho todos los trabajos para designar las listas de niños con sus respectivos expedientes.
El Real Decreto Ley y sus consecuencias
El Real Decreto Ley establece dos mecanismos para la reubicación. Por un lado, están los niños llegados tras la declaración de la contingencia migratoria, para los que existe un plazo administrativo de 15 días para marchar a la Península.
Por otro, los que ya se encontraban en los territorios frontera antes de declararse la contingencia migratoria, para los que existe un periodo administrativo de cuatro meses.
Las administraciones se han encargado de gestionar los expedientes y agilizar al máximo los tiempos, procedimiento que se está coordinando priorizando siempre la protección del interés de los menores.
El conocimiento de los trabajos en primera línea
Pérez visitará Ceuta para conocer de primera mano esos trabajos, amén de visualizar el compromiso del Gobierno de España que ha tenido que afrontar múltiples complicaciones para poder llevar a cabo estas actuaciones, luchando contra la insolidaridad de muchas comunidades autónomas.
El Gobierno subraya que la reubicación de menores no acompañados no solo es una cuestión de gestión administrativa, sino también de derechos humanos. Los niños y adolescentes inmigrantes se encuentran en una situación especialmente vulnerable, lejos de sus familias y expuestos a múltiples riesgos.
Con este nuevo marco legal, se pretende que los procesos sean más rápidos y transparentes, evitando que los menores pasen largos periodos en centros saturados o sin las atenciones adecuadas. Además, se refuerza la idea de que la solidaridad interterritorial es imprescindible para garantizar una acogida digna.
