El Gobierno de España ha anunciado la próxima llegada del ‘Plan Auto 2030’, un paquete de incentivos que reemplazará al conocido Plan MOVES III y que también beneficiará a Ceuta.
La medida se hará pública antes de finalizar 2025 y estará plenamente operativa desde principios de 2026. Su objetivo principal es impulsar la compra de vehículos eléctricos en todo el país.
A diferencia del MOVES, el nuevo plan centraliza la gestión en el Gobierno, eliminando la intervención de las comunidades autónomas. Esto busca evitar desigualdades territoriales, donde algunas regiones agotaban los fondos antes que otras.
El Plan MOVES ha funcionado durante varios años, pero presentaba problemas. En algunas comunidades los fondos se agotaron ya en septiembre, mientras que la lentitud en la recepción de las ayudas provocaba que algunas marcas adelantaran el descuento en el precio del vehículo.
Con el Plan Auto 2030, la gestión centralizada permitirá que las ayudas se concedan de manera uniforme en todo el país. Además, los pagos se realizarán apenas días después de la aprobación de cada solicitud, agilizando el proceso y reduciendo los retrasos que afectaban a los compradores.
El nuevo plan no se limita a ayudas directas a compradores. También contempla incentivos a la investigación y desarrollo (I+D) en la industria automovilística española.
El objetivo es consolidar a España como referente en producción de vehículos eléctricos, siendo actualmente el segundo país de la Unión Europea y el octavo a nivel mundial.
El Plan Auto 2030 incluye 25 medidas estratégicas orientadas a fomentar la compra y uso de coches eléctricos. Estas acciones estarán vigentes durante al menos cinco años, preparando al país para la próxima década.
España se alinea con la normativa europea que entrará en vigor en 2035, prohibiendo la venta de vehículos con motor de combustión, incluidos los híbridos.
A partir de ese año, solo se podrán adquirir coches 100% eléctricos o con tecnologías de cero emisiones, como los vehículos de hidrógeno.
Con este plan, el Gobierno busca garantizar que la compra de vehículos y la producción nacional estén preparadas para esta transición. Además, se pretende facilitar el acceso a eléctricos y reforzar la competitividad de la industria española.
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