EFE
El Defensor del Pueblo ha presentado su informe anual en el que recoge hasta 68 quejas presentadas por incidencias en Ceuta durante 2025.
Un apartado se lo dedica al Imserso, lo que viene a plasmar la hilera de problemas que han afectado a esta área por la falta de personal y, sobre todo, de médico evaluador.
En su informe, el Defensor del Pueblo indica que “debido a la falta de personal” se optó por la “contratación de empresas externas”, así como la “puesta en disposición de un profesional médico titular del propio organismo para realizar valoraciones telemáticas”.
De esta forma se buscó descongestionar la demora que ha afectado a tantos ceutíes y lastrado sus expectativas.
Tal y como recoge el Defensor del Pueblo, el Imserso indicó que se estaba tramitando el correspondiente proyecto de Orden con las normas para la aplicación y desarrollo del Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre.
Por su parte, el Imserso ha informado de que, además del acuerdo de la comisión estatal de coordinación y seguimiento de la valoración del grado de discapacidad, se dispone para Ceuta y Melilla de un plan de mejora y simplificación, con una serie de criterios, independientes de los recogidos ya normativamente y consensuados en la comisión, por ejemplo, solicitantes de una pensión no contributiva de invalidez o menores de edad.
Para Ceuta y Melilla, la incorporación telemática de ese médico permitió ir rebajando la espera desde los servicios centrales de Madrid, pero el Defensor apunta a que esto ha dado pie a un “incremento del número de reclamaciones, en las que los afectados alegan indefensión”.
El CETI también figura en el informe del Defensor del Pueblo, sobre todo por las quejas recibidas por las medidas o sanciones aplicadas a inmigrantes que se traducen en que estos están fuera de las instalaciones.
Esas sanciones son por incumplimiento de las normas de convivencia. En su respuesta, la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional reconoció que tales medidas “no pueden implicar la reducción o la retirada de las condiciones materiales de acogida” que están previstas en el reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional.
En el caso de que la medida provisional implique necesariamente la imposibilidad material de permanente en el centro, se contemplará la derivación a otro, sin modificar la cobertura de las necesidades básicas de la persona afectada.
Durante la presentación del informe del Defensor del Pueblo en el Congreso, se ha advertido de que el abuso de poder o la corrupción “desalientan” a los ciudadanos.
"La mala administración o el abuso de poder o la corrupción desalientan a los ciudadanos, así como la desconsideración para con las decisiones judiciales o la anticipación ante ellas", ha asegurado Ángel Gabilondo.
Durante su discurso, el Defensor del Pueblo ha alertado de que España atraviesa "tiempos complejos geopolíticamente", con "efectos directos" en la vida cotidiana, una situación que, según ha señalado, pone a prueba convicciones, principios y valores que la sociedad creía "a salvo".
En este sentido, ha apuntado que el informe es el reflejo de las quejas "de aquellos ciudadanos que a pesar del desasosiego y de situaciones difíciles confían en las instituciones y, en este caso, en el Defensor del Pueblo para hallar respuestas con las que paliar situaciones injustas o inapropiadas".
En 2025, la institución tramitó 38.762 expedientes, de los que 38.144 fueron quejas, 253 actuaciones de oficio y 365 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional.
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