A la directora general del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), María del Ángel Muñoz, le ha tocado esta semana escuchar de minera mano en la ciudad las quejas y reivindicaciones históricas de la comunidad educativa local. A falta de ministros o secretarios de Estado, la alto cargo tampoco ha tenido a bien dar ninguna explicación pública sobre un departamento, el de Pilar Alegría, que solamente gestiona dos pequeñas ciudades en las que ha consolidado un modelo de gestión a distancia que genera incontables problemas.
Muñoz se ha reunido con los equipos directivos de los centros, con los representantes de las familias del alumnado y con los sindicatos. A falta de propuestas, ha dejado una buena impresión su disposición a escuchar y tomar nota para seguir estudiando y analizando. Ha tenido antecesores peores.
La sociedad ceutí se tiene que quedar con la reiteración de las demandas locales y un par de compromisos con la Junta de Personal Docente: intentar dar estabilidad al personal que trabaja en las aulas de Educación Especial de colegios e institutos y cumplir con las propias recomendaciones del MEFP en el sentido de establecer en 23 horas la jornada lectiva semanal de los maestros.
Para cubrir las necesidades de personal, parcheadas año tras año con los Planes de Empleo, se vuelve a pensar en la externalización. Que un gobierno del PSOE y Unidas Podemos apueste por esa salida, como en la frontera con la vigilancia de seguridad privada, es otra demostración de incoherencia esencial. Ninguna novedad tampoco deja la directora general sobre el proyecto del Brull, que tampoco se aclara por qué se ha quedado desierto tras tantos años en la cocina.
El silencio se ha convertido en el contexto preferido por el MEFP.
