Instalar una cámara en la mirilla sin razones de seguridad afecta a la intimidad

Cada vez más domicilios de Ceuta cuentan con mirillas con cámara. El Tribunal Supremo ha dejado claro que la tecnología doméstica no puede utilizarse para vulnerar derechos fundamentales.

En una reciente sentencia, el alto tribunal ha establecido que instalar una mirilla con cámara en la puerta de casa por mera comodidad, sin un motivo real de seguridad, constituye una intromisión ilegítima en la intimidad personal y familiar de los vecinos.

La resolución, emitida por la Sala de lo Civil, confirma la condena impuesta a una pareja madrileña que había colocado una mirilla electrónica frente a la puerta de otra vivienda en un edificio cerrado y con servicio de conserjería. El dispositivo permitía captar imágenes cada vez que alguien pasaba por delante, incluso sin llamar al timbre, lo que, según la sentencia, supone una afectación relevante a la intimidad de quienes viven enfrente.

Un conflicto que comenzó en la comunidad

El caso se inició cuando los vecinos afectados presentaron una demanda al considerar que la cámara no respondía a una necesidad de seguridad. Argumentaban que su ubicación permitía, debido a la cercanía entre ambas puertas, incluso ver parte del interior de su vivienda cuando se abría la puerta.

El Juzgado de Primera Instancia nº 14 de Madrid les dio la razón, subrayando que la finalidad de la mirilla no era proteger la vivienda de los demandados, sino “la simple comodidad” de conocer si había entregas de paquetes o notificaciones durante sus ausencias. La sentencia ordenó retirar el dispositivo y condenó a la pareja a pagar 300 euros a cada uno de los demandantes por daños morales.

En aquel fallo, se recordaba que existen alternativas no intrusivas para reforzar la seguridad, como sensores de movimiento o alarmas conectadas a empresas especializadas, que no vulneran la intimidad ajena.

El Supremo respalda el juicio de proporcionalidad

El recurso de casación presentado por los demandados fue desestimado por el Tribunal Supremo, que consideró correcto el juicio de proporcionalidad realizado en las instancias anteriores. El alto tribunal incidió en que no existían antecedentes ni riesgos que justificasen el uso del dispositivo.

Según la sentencia, la vivienda estaba situada en un recinto privado con otros dos edificios y vigilancia de conserjería, lo que refuerza la idea de que la instalación no respondía a una necesidad real de protección.

El tribunal también valoró que el sistema de grabación se activaba automáticamente al detectar movimiento, por lo que captaba imágenes de forma constante de quienes acudían o salían de la vivienda vecina, sin control sobre el uso o acceso a dichas grabaciones.

“Comodidad” frente a intimidad

La resolución señala que la única motivación era la comodidad personal de los propietarios, interesados en saber si alguien acudía a su puerta a dejar un paquete. Esta razón, afirma el Supremo, no es suficiente para justificar una afectación tan directa a la intimidad de otra persona.

El fallo advierte que el derecho a la intimidad incluye no solo el espacio privado del hogar, sino también la protección frente a observaciones o grabaciones no consentidas que puedan revelar hábitos de vida, horarios o información personal.

Un aviso a comunidades y particulares

Este pronunciamiento marca un límite importante sobre el uso de dispositivos de vigilancia en entornos residenciales. El Supremo deja claro que la instalación de cámaras en zonas donde pueda captarse parte de la vida privada de terceros solo es admisible cuando existe un motivo legítimo y proporcional, como una amenaza real para la seguridad.

En caso contrario, la tecnología se convierte en una herramienta invasiva, capaz de vulnerar derechos fundamentales. La sentencia no solo ordena la retirada de la mirilla con cámara, sino que también refuerza la idea de que la comodidad personal no puede anteponerse al respeto de la intimidad ajena.

Con este fallo, el alto tribunal lanza un mensaje a comunidades de vecinos y particulares: cualquier sistema de captación de imágenes debe respetar la privacidad y estar respaldado por una causa que lo justifique. De lo contrario, puede acarrear sanciones económicas y la obligación de desinstalar el dispositivo.

En definitiva, esta decisión consolida la postura judicial de que la videovigilancia en entornos privados no es un derecho ilimitado y que, en ausencia de un riesgo real, su uso puede convertirse en una vulneración grave de la intimidad de las personas.