Un margen improrrogable de tres días hábiles a la Policía Nacional. Este ha sido el plazo que ha dado la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, para la entrega urgente de la totalidad de órdenes de servicio, informes internos y alertas generadas ante la amenaza de una entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a finales de julio.
Se trata de un requerimiento dirigido de forma específica al Centro Nacional de Comunicaciones de la Dirección Adjunta Operativa policial. La resolución especifica que contra esta decisión judicial cabe la presentación de un recurso de reforma en el plazo de tres días.
Las comunicaciones operativas antes y después del colapso
La investigación abarca un marco temporal comprendido entre el 20 de julio y el 7 de agosto de 2026, periodo que contempla tanto los diez días previos al cruce masivo como la semana posterior a los acontecimientos.
Tardón exige que el cuerpo policial no solo remita correos electrónicos, avisos y documentación operativa, sino que también detalle la fecha y hora de recepción de cada alerta, los destinatarios específicos y las medidas preventivas o de respuesta que se adoptaron.
Esta exigencia reitera y concreta un auto previo dictado el 16 de septiembre, el cual abarcaba originalmente a la Delegación del Gobierno, el Ministerio del Interior, la Guardia Civil y diversas unidades policiales.
En esta ocasión, la jueza ha centrado la petición con carácter de máxima urgencia sobre el centro de comunicaciones. Esta diligencia, asumida a propuesta de la Fiscalía, persigue reconstruir la cadena de información previa para esclarecer cómo se gestionó el riesgo detectado.
Miles de entradas irregulares y víctimas mortales
El procedimiento judicial indaga sobre el acceso no reglamentario desde Marruecos de un estimado entre 75.000 y 85.000 personas. Asimismo, las actuaciones recogen la cifra de 83 personas fallecidas en el contexto de estos sucesos.
Para determinar los motivos que derivaron en el colapso operativo de las fuerzas de seguridad, la magistrada considera imprescindible analizar el volumen de información previa disponible.
Si la justicia trabajara con la misma celeridad que exige informes a otros organismos, tendríamos un sistema judicial justo y eficaz y no el que tenemos que es lento, tedioso y en muchas ocasiones sin ningún interés por hacer justicia.