En Ceuta, el agua no nace en un río ni desciende desde una sierra lejana. Se produce. Cada metro cúbico que sale del grifo ha pasado antes por la desaladora, ha consumido energía eléctrica y ha recorrido kilómetros de tuberías hasta los hogares. Por eso, cuando parte de esa agua se pierde bajo tierra antes de llegar a su destino, el impacto es doble: económico y ambiental.
Las fugas en la red de abastecimiento son una realidad en cualquier ciudad. En Ceuta, sin embargo, adquieren una dimensión distinta. Aquí no se pierde únicamente agua: se pierde agua desalada.
¿Cuánta agua se pierde?
En España, las pérdidas en redes urbanas -conocidas como “agua no registrada”- oscilan de media entre el 15% y el 25%, dependiendo del estado de las infraestructuras. En ciudades con redes más antiguas o con orografía compleja, el porcentaje puede ser mayor.
En el caso de Ceuta, la singularidad geográfica -barrios en pendiente, zonas altas que requieren bombeo constante y tramos antiguos de tuberías- complica el mantenimiento. Cada fuga implica no solo la reparación del conducto, sino la gestión de cortes puntuales y la presión sobre el sistema.
Aquí no se pierde únicamente agua: se pierde agua desalada
El dato clave para entender el problema es la diferencia entre el volumen de agua producida y la facturada. Esa brecha refleja pérdidas físicas (roturas, filtraciones) y también pérdidas comerciales (errores de medición, consumos no registrados).
En una ciudad que depende en gran medida de la desalación, reducir esa diferencia es una prioridad estratégica.
El coste oculto bajo el asfalto
Producir agua desalada no es un proceso neutro. Requiere un elevado consumo energético, especialmente en la fase de ósmosis inversa, donde la electricidad permite forzar el paso del agua a través de membranas que separan la sal. En este contexto, cada fuga en la red de distribución multiplica el impacto del desperdicio.
Cuando el agua se filtra por una grieta en una tubería -muchas veces antigua o deteriorada-no solo se pierde el recurso en sí. También se desaprovecha toda la energía ya consumida en su producción, así como los costes asociados al mantenimiento de infraestructuras, al bombeo y a los tratamientos previos y posteriores necesarios para su potabilización. A ello se suma el impacto ambiental generado durante todo el proceso.
Cada fuga en la red de distribución multiplica el impacto del desperdicio
En términos prácticos, cada fuga representa dinero público que se pierde bajo tierra.
Además, unas pérdidas elevadas obligan a incrementar la producción para cubrir la demanda real, lo que intensifica la dependencia energética del sistema y aumenta su huella de carbono. En un modelo basado en la desalación, reducir las fugas no es solo una cuestión técnica, sino también económica y ambiental.
Una red con décadas de historia
Como ocurre en muchas ciudades españolas, una parte significativa de la red de abastecimiento de Ceuta arrastra varias décadas de antigüedad. Las conducciones más antiguas, instaladas principalmente durante la segunda mitad del siglo XX, presentan un mayor riesgo de deterioro y rotura.
Entre los factores que explican esta vulnerabilidad se encuentran la corrosión de los materiales, las variaciones de presión en el sistema, los movimientos del terreno y el propio envejecimiento de las infraestructuras. A ello se suma que las zonas con mayor pendiente están especialmente expuestas a cambios bruscos de presión, uno de los elementos que más inciden en la aparición de fugas.
La renovación de esta red no es un proceso inmediato. Requiere inversiones millonarias y una planificación a largo plazo. El reto no pasa únicamente por reparar averías cuando se producen, sino por adelantarse a ellas mediante una gestión preventiva que permita garantizar la eficiencia y sostenibilidad del sistema.
Un 5% menos de fugas puede suponer miles de metros cúbicos ahorrados al año. Y cada metro cúbico cuenta
En los últimos años, muchas ciudades han incorporado sistemas de detección temprana: sensores de presión, sectorización de redes y telecontrol en tiempo real. Estos mecanismos permiten localizar pérdidas antes de que afloren en superficie.
La sectorización consiste en dividir la ciudad en áreas independientes y medir cuánta agua entra y sale de cada una. Si hay diferencias anómalas, se detecta una posible fuga.
En una ciudad compacta como Ceuta, este tipo de control puede resultar especialmente eficaz, ya que permite actuar con rapidez y minimizar pérdidas prolongadas.
El debate sobre las fugas no es únicamente una cuestión de fontanería urbana. Está vinculado a la sostenibilidad del modelo hídrico ceutí.
En un contexto de cambio climático, posibles periodos de sequía más frecuentes y aumento del coste energético, reducir pérdidas es equivalente a “crear” nueva agua sin necesidad de ampliar infraestructuras.
Un 5% menos de fugas puede suponer miles de metros cúbicos ahorrados al año. Y cada metro cúbico cuenta.
El papel del ciudadano
Aunque la mayor parte de las fugas se producen en la red pública, también existen pérdidas en instalaciones privadas: comunidades de vecinos, acometidas antiguas o cisternas defectuosas.
Revisar consumos anómalos en la factura, vigilar humedades o goteos constantes y comunicar rápidamente averías visibles contribuye a reducir el problema. No obstante, ACEMSA tiene muy controladas las fugas de tipo doméstico, es decir, las que se producen en hogares. Son fácilmente detectables por un incremento en el volumen de consumo, aunque lo preocupante no son las que se ven a simple vista, como la cisterna del inodoro, sino aquellas que no muestran un signo exterior evidente, pero sí lo hacen en la factura que llega a casa.
En Ceuta, donde el agua no es un recurso natural abundante sino una infraestructura tecnológica permanente, la conciencia colectiva resulta clave.
