El Ministerio de Educación ha lanzado una licitación urgente para asegurar la continuidad del servicio de atención al acoso escolar y malos tratos en el ámbito educativo, incidentes que también se han detectado en centros de Ceuta.
El teléfono 900 018 018, operativo desde finales de 2016, ha registrado un incremento del 44% en las llamadas recibidas entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, alcanzando un total de 18.472 comunicaciones, un aumento significativo frente a las 12.799 llamadas que se recibieron, por ejemplo, entre noviembre de 2017 y octubre de 2018.
El incremento ha obligado al Gobierno a buscar un nuevo operador capaz de garantizar atención inmediata y profesionalizada, ya que los recursos internos del ministerio no permiten gestionar la creciente demanda. El contrato actual, gestionado por la Fundación Anar, se prorrogará hasta el 25 de febrero mientras se adjudica el nuevo servicio.
Según explican desde Educación, “es preciso garantizar la continuidad del servicio ante el incremento de casos de acoso escolar detectados por el Ministerio para responder a la obligación institucional de asegurar canales de atención y protección inmediata a menores”.
¿Qué ofrece este servicio?
El teléfono contra el bullying no es solo una línea de ayuda: funciona las 24 horas, los 365 días del año, es gratuito, confidencial y atiende de manera anónima a niños, adolescentes, padres y cualquier persona que detecte una situación de acoso escolar. Además, dispone de chat y formulario web en tiempo real, especialmente diseñado para personas con discapacidad auditiva o del habla.
El personal que atiende las llamadas incluye psicólogos, trabajadores sociales y abogados, garantizando atención especializada. Cada comunicación tiene un tiempo medio de 45 minutos, lo que refleja la complejidad de los casos y la necesidad de recursos humanos capacitados.
El nuevo contrato, con duración de un año prorrogable a otro, tendrá un presupuesto de 890.000 euros, y exige que todo el personal sea licenciado en Psicología, incluyendo un coordinador, seis psicólogos, un educador social y un abogado.
Además, el ministerio establece que cualquier llamada o chat que no pueda ser atendido de inmediato debe registrar un número de contacto para devolver la llamada en menos de 30 minutos, asegurando una respuesta rápida y efectiva.
El aumento de las llamadas y los datos clave
El repunte de llamadas representa un punto de inflexión respecto a 2018, cuando se registraron 12.799 comunicaciones. La diferencia refleja tanto un aumento de los casos como la consolidación del servicio como canal de referencia. El 34% de las llamadas provienen de la Comunidad de Madrid, según los datos del ministerio.
Aunque se recibieron 18.472 llamadas, solo se atendieron 9.988, un indicador que resalta la necesidad de ampliar y profesionalizar los equipos de atención para cubrir la demanda real.
La experiencia de años anteriores muestra que la labor requiere infraestructura tecnológica específica, coordinación con protocolos educativos y atención especializada inmediata.
Perfil del acoso y tendencias detectadas
El último informe de la Fundación Anar, realizado con la Fundación Mutua Madrileña, revela que el 12,3% de los alumnos encuestados afirma que él o un compañero sufre acoso escolar, ya sea presencial, virtual o ambos.
El estudio también muestra que la inteligencia artificial se ha utilizado en un 14,2% de los casos de ciberacoso, mayormente protagonizados por chicos y con mayor incidencia en menores de 11 y 12 años.
Los tipos de agresión más frecuentes son insultos, motes y burlas (84,8%), seguidos por aislamiento social (44,8%). El patrón de los acosadores se mantiene: son chicos que suelen actuar en grupo y que repiten conductas de acoso similares a las detectadas en años anteriores.
La urgencia de una respuesta institucional
El Gobierno enfatiza que el incremento de consultas relacionadas con problemas de convivencia y acoso escolar exige un servicio profesionalizado, capaz de garantizar eficacia, continuidad y calidad en la atención.
“La prestación del servicio requiere personal especializado, disponibilidad continua, infraestructura tecnológica específica y mecanismos de registro y derivación que no pueden ser asumidos con los medios propios del ministerio”, señalan desde Educación.
Con la nueva licitación, se busca garantizar que ningún menor quede sin atención y que los canales de denuncia sean seguros, confiables y adaptados a todos los perfiles de usuarios. En un contexto de aumento sostenido de casos, la continuidad del servicio se convierte en una prioridad estratégica para la protección de los niños y adolescentes en España.
