La gravedad del acoso escolar ha llegado al Senado a través de una pregunta dirigida al Gobierno en la que se solicitan datos concretos sobre la situación actual y las medidas previstas para hacer frente a este problema en los centros educativos. La iniciativa fue planteada por varias senadoras, entre ellas la representante del Partido Popular por Ceuta, Cristina Díaz.
Según ha podido saber este periódico, en Ceuta se ha podido cuantificar una decena de casos de bullying durante el presente año en distintos centros educativos, una cifra que ha motivado la petición de explicaciones al Ejecutivo sobre las actuaciones en marcha y las previstas a corto y medio plazo.
La cuestión formulada al Gobierno pone el foco en la preocupación por el aumento de los casos de acoso escolar, así como en la necesidad de conocer qué instrumentos normativos, preventivos y de intervención se están aplicando para proteger al alumnado y garantizar la convivencia en el entorno educativo.
Marco legal y protocolos educativos
En su respuesta, el Gobierno remite en primer lugar a la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, conocida como LOMLOE, que modifica la Ley Orgánica de Educación y establece de forma clara las normas de organización, funcionamiento y convivencia en los centros escolares.
El Ejecutivo subraya que el artículo 124 de dicha ley obliga a las Administraciones educativas a regular protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra forma de violencia que pueda darse en el ámbito educativo.
Asimismo, la respuesta destaca la importancia de la figura del coordinador o coordinadora de bienestar y protección, concebida como un garante de la convivencia en los centros docentes, y señala que las Administraciones deben priorizar la prevención y la detección precoz de los casos de acoso.
Refuerzo desde el Ministerio de Educación
De manera complementaria a las actuaciones desarrolladas por las comunidades y administraciones educativas, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha puesto en marcha una línea de medidas de refuerzo destinadas a mejorar la convivencia escolar.
Entre ellas se encuentra la coordinación del grupo de trabajo de convivencia, dependiente de la Conferencia Sectorial de Educación, en el que participan todas las Administraciones educativas con el objetivo de compartir criterios y estrategias comunes.
También se destaca la reactivación del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar, un órgano de la Administración General del Estado en el que participan todos los actores implicados en la mejora de la convivencia. Según el Gobierno, este foro no había sido convocado en pleno entre 2012 y 2020, y su recuperación fue una prioridad desde la llegada del actual Ejecutivo en 2018.
Atención directa y bienestar emocional
Otra de las medidas mencionadas es el servicio de atención telefónica en casos de maltrato y acoso escolar, que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, y en el que profesionales especializados atienden las llamadas y coordinan recursos externos cuando es necesario.
Este servicio, según aclara el Gobierno, es complementario a los dispositivos de atención que prestan las Administraciones educativas en sus respectivos territorios, reforzando así la respuesta ante situaciones de acoso.
Además, se hace referencia al Programa de Bienestar emocional en el ámbito educativo, orientado principalmente a reforzar la figura del coordinador o coordinadora de bienestar y protección, con el fin de mejorar la atención al alumnado y la detección de situaciones de riesgo.
Intervención del Ministerio del Interior
En lo que respecta a las competencias del Ministerio del Interior, el Gobierno informa de la aplicación del Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y su entorno, regulado por la Instrucción 6/2023 de la Secretaría de Estado de Seguridad.
Este plan tiene carácter permanente y está orientado a reforzar la seguridad de menores y jóvenes, fomentando la cooperación policial con las autoridades educativas y fortaleciendo la confianza en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) para que las víctimas se animen a denunciar.
El Ejecutivo subraya que este enfoque resulta especialmente relevante ante el hecho de que el acoso escolar tiende a trasladarse al ciberespacio y a las redes sociales, ampliando su impacto más allá del entorno físico de los centros.
Lucha contra el ciberacoso
En este contexto, el Gobierno recuerda la vigencia del Plan Estratégico de Lucha contra la Cibercriminalidad (PECC), en funcionamiento desde 2021, que será sustituido por el nuevo Plan Estratégico Integral sobre Cibercriminalidad, Ciberseguridad y Desinformación (PEICCD).
Este nuevo plan recoge la experiencia acumulada en los últimos años e incorpora medidas específicas para la prevención y persecución del bullying y el ciberacoso, así como acciones destinadas a fomentar que las víctimas denuncien los hechos en el momento en que se producen.
Entre los ejes señalados se encuentran la cultura de la prevención entre los jóvenes, la reducción de vulnerabilidades en redes sociales, la verificación de la identidad digital y la necesidad de evitar interacciones con identidades anónimas en Internet.
Herramientas policiales y prevención
El Gobierno destaca que, una vez denunciados los hechos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuentan con agentes encubiertos virtuales, sistemas de localización y seguimiento de trazas digitales, capturas de contenido, ciberpatrullaje y otras herramientas especializadas.
Estas capacidades, según se indica en la respuesta parlamentaria, serán reforzadas con más medios en el marco del nuevo PEICCD, con el objetivo de mejorar la protección de las víctimas y la persecución de los responsables.
Finalmente, el Ejecutivo insiste en que la confianza para denunciar de forma temprana, junto con la prevención y la educación digital, resulta fundamental para combatir el acoso escolar y reducir su impacto en los centros educativos y en la vida de los menores.
¿Por qué no existe ni en Ceuta ni en Melilla el programa de Bienestar Emocional, que sí existe en el resto de Comunidades Autónomas? Impresentable este gobierno, para dos "miniterritorios" que tiene a su cargo, y ni siquiera es capaz de inyectar dinero para esos programas tan necesarios, como tantos otros. Tienen la educación completamente abandonada.
Ya lo dijo hace mucho tiempo una persona que representa a la mayoría de los profesores y por lo que estuvo a punto de ser agredido un presidente de una AMPA que en aquel momento hacía de representante de los padres en un consejo escolar. No se toma el asunto en serio. Muchos personajes,organismos y todo postureo..¿Qué es eso de expulsar a un alumno de ya de por sí no muestra signos de querer acudir a clase? Más horas castigado en el centro.
Hace falta tomar más medidas. A los agresores o abusones habría que expulsarlos o cambiarlos de centro, no que suelen ser las víctimas las que cambien de centro. Si se tomasen medidas duras con el primero que acose ya el siguiente se lo pensará antes de hacerlo, pero si el mayor castigo es sólo expulsarlo unos días que estan de vacaciones en casa, pues no temen en volverlo a hacer
Fácil de solucionar. Sanciones económicas a los padres del acosador y cambio de colegio del acosador !! Eso sería lo normal. La realidad es esta: Ninguna sanción económica a los padres del acosador y el acosado lo cambian de colegio!!!! Esto es España….. Políticos ineptos cobardes !!!🤮🤮🤮😤😤😤