El Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta ha condenado a un vecino de Miramar Bajo por corrupción de menores. El acusado V.M.C.C. fue detenido en mayo de 2023 en un operativo de la Policía Nacional tras una investigación desarrollada por el grupo de UDEF-Delitos Tecnológicos.
En la entrada y registro llevada a cabo se encontró gran cantidad de material pedófilo infantil que compartía con usuarios, utilizando los programas eMule y uTrorrent. Así se rastreó policialmente que había descargado hasta 48 archivos, compartiendo su totalidad y siendo todos de contenido pedófilo.
La intervención de los agentes de esta unidad constituyó el fin de una investigación que fue determinante, al rastrearse cómo meses antes, en concreto en enero, había practicado esas descargas.
La resolución judicial es firme y en base a la misma el autor confeso de este delito acepta una pena de 2 años de prisión, inhabilitación para el ejercicio de una profesión en la que tenga contacto con menores durante 7 años, además de la imposición de una medida de libertad vigilada durante otros 5.
Condena y otro juicio por lo mismo a la espera
La pena queda suspendida durante un periodo de 2 años, pero siempre condicionado a que no delinca y a que haga un curso de educación sexual.
Cuando cometió estos hechos era un delincuente primario, es decir, no tenía antecedentes por lo que se ha aplicado esa suspensión.
Sucede que este mismo condenado está ahora en prisión preventiva a la espera de otro juicio, ya que volvió a ser detenido en noviembre de 2024 por pornografía infantil encontrándose en libertad con cargos.
Ahora ya tiene antecedentes porque existe esta resolución firme, lo que pesará cuando se celebre la vista oral por esos otros hechos.
Uso de las redes
La comisión de este delito de corrupción de menores se llevó a cabo mediante uso de las redes de intercambio de ficheros por internet.
La Policía rastrea esas redes para dar con pedófilos mediante el empleo de softwares policiales de rastreo. Es así como puede localizar usuarios que compartan esos contenidos. En el caso de marras, los investigadores pudieron dar con la localización de la IP usada por el ya condenado para estas descargas.
Previa autorización judicial, pudieron acceder al domicilio del acusado topándose con múltiples contenidos de corte pornográfico infantil.
