La tarde del 18 de diciembre de 2022 se escribía uno de los asesinatos que mayor impacto ha provocado en Ceuta. La cruel muerte del niño Mohamed Abdeselam, de solo 8 años de edad, destrozó no solo a su familia, sino a toda una sociedad que entregó su confianza a una Policía Nacional que lo dio todo para esclarecer este caso.
Los agentes de la UDEV-Personas se marcaron como objetivo calmar a una familia devastada, luchando contra cuantiosas trabas para avanzar en una investigación que terminó llevándolos hasta Cristian B.P.
El 18 de enero de 2023 lo abordaban en plena calle y le colocaban los grilletes. “Tenía ganas de contarlo”, les dijo ya dentro del zeta policial este varón de 34 años.
Tenía ganas, pero no lo contó. Tuvieron que pasar 30 días hasta que unos policías que se habían marcado como objetivo lograr la recuperación de cierta paz en una familia destrozada le arrestaron.
Casi cuatro años después del asesinato, un informe pericial psiquiátrico viene a concluir, básicamente, que el detenido no sabía lo que hacía. Una conclusión demoledora que ha llevado a que Fiscalía y Acusación Particular hayan emitido nuevos escritos de acusación, después de que el pasado marzo se llevara a cabo una comparecencia para concretar la imputación sobre el acusado, que está preso preventivo desde 2023.
Es el trámite final antes de que se dicte auto de apertura de juicio oral. Una diligencia que conlleva un giro radical al caso, porque sobre Cristian B.P. se aplicaría una eximente completa de anomalía o alteración psíquica. Así se recoge en los informes a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro de Ceuta.
El acusado, exento de responsabilidad penal
El que se considere esa eximente, debido al clarísimo informe psiquiátrico presentado, supone un giro radical en la petición de medidas.
El acusado está exento de responsabilidad penal, por lo que quedaría absuelto de la comisión de delitos de asesinato y agresión sexual, pero se solicita la aplicación de una medida de internamiento además de pedir que sus padres sean responsables de la indemnización económica que correspondería a la familia del niño Mohamed.
A pesar del impacto que supone leer que no se puede pedir responsabilidad penal, lo que solicitan tanto Fiscalía como Acusación Particular es lo siguiente.
Atendiendo a esa circunstancia eximente completa de anomalía o alteración psíquica, reclaman que se le imponga al acusado una medida de internamiento en centro psiquiátrico por tiempo máximo de 15 años por el delito de agresión sexual.
A esto se suma otra medida de internamiento en centro psiquiátrico permanente revisable por el delito de asesinato.
Consideran además que procede establecer un límite que sería de 25 años para que se llevara a cabo una revisión completa del estado mental del internado, sin perjuicio de las que pudieran llevarse a cabo en periodos inferiores que delimitarán con absoluta claridad y contundencia si el sujeto está en condiciones de hacer vida normal y respeto a los derechos de los demás, especialmente a los relacionados con la libertad sexual.
En materia de responsabilidad civil, Cristian B.P. respondería de sus actos, pero, de manera subsidiaria, lo harían sus padres abonando 300.000 euros a cada progenitor del niño Mohamed, 50.000 a cada uno de sus dos hermanos mayores, y 60.000 euros, a la hermana menor de edad.
De prisión permanente revisable a internamiento
Se varía en los escritos de acusación la petición de prisión permanente revisable por internamiento en centro psiquiátrico permanente revisable.
Tanto Fiscalía como Acusación Particular hacen una narración de hechos claros que viene a fundamentar sus escritos para exigir la responsabilidad de Cristian B.P. en el asesinato del niño Mohamed y en la agresión que sufrió previamente.
Así, consideran que, sobre las siete de la tarde del 18 de diciembre de 2022, el acusado, de 34 años, estaba en la barriada de Loma Colmenar y se encontró con el niño Mohamed, que tenía 8.
Le empujó a la altura de un descampado y atentó contra la indemnidad sexual del menor, además de haberle golpeado de manera brutal. Por respeto a la familia del pequeño Mohamed, este medio se abstiene de ofrecer detalles sobre ese atentado contra el niño, que en ningún momento se pudo defender.
Fiscalía y Acusación Particular mantienen que el acusado mató al pequeño para ocultar que previamente le había agredido.
El perfil del acusado y su comportamiento
Cristian B.P. está diagnosticado de retraso mental moderado de origen perinatal, presentando una discapacidad intelectual de grado moderado y un trastorno severo de las funciones ejecutivas.
Esas alteraciones comprometían de forma muy grave sus capacidades cognitivas y volitivas en el momento de la comisión de los hechos, hasta el punto de anular prácticamente su capacidad de comprensión, valoración de las consecuencias y autocontrol.
En concreto, su capacidad para establecer relaciones de causalidad y prever las consecuencias de sus actos se encuentra gravemente afectada, manifestando una ceguera de consecuencias que le impide actuar conforme a un dolo de muerte, reduciendo su conducta a una reacción impulsiva.
Su razonamiento moral es infantil, rígido y poco elaborado, mostrando incapacidad para jerarquizar valores o adaptar su conducta a la gravedad real de la situación.
El motivo de la eximente completa
Carece de la capacidad para rectificar su comportamiento basándose en experiencias previas. Presenta un síndrome disejecutivo severo, expresado en la anulación del control inhibitorio, la total incapacidad para frenar respuestas automáticas, la dificultad extrema para secuenciar acciones y una marcada lentitud cognitiva que le impide evaluar correctamente la realidad.
Su capacidad cognitiva se encuentra parcialmente limitada, lo que puede implicar que no fuera capaz de prever la posible letalidad de sus actos.
De igual modo, su capacidad volitiva está severamente comprometida, debido a una acusada dificultad para gestionar la interferencia de información y de impulsos, incluidos los de naturaleza agresiva, lo que reduce significativamente su control de la conducta.
Finalmente, ambas acusaciones mantienen que concurre una desinhibición química derivada del consumo crónico de alcohol, que actúa sobre una capacidad intelectual ya mermada, pudiendo anular el escaso juicio crítico residual del acusado en el momento de los hechos.
Padres, responsables
En sentencia de marzo de 2007 se declaró la incapacitación parcial de Cristian B.P., designándose a sus padres como cuidadores, por lo que estaban obligados a la supervisión de determinados ámbitos de su vida.
Ese deber de vigilancia no fue ejercido con la diligencia exigible, produciéndose una omisión relevante de las medidas de control que cabía esperar en atención a las circunstancias personales del acusado.
Las acusaciones entienden que se incurrió por parte del acusado en un delito de agresión sexual cometido contra menor de 16 años, con agravantes de empleo de violencia, violencia de extrema gravedad, actos vejatorios o degradantes cometido sobre una persona de especial vulnerabilidad por su edad.
También en otro delito de asesinato, con alevosía y cometido para evitar que se descubra la acción previa, teniéndose en cuenta la circunstancia de que la víctima era menor de 16 años.
Se aplica la eximente completa de anomalía o alteración psíquica, lo que no impide la solicitud de un internamiento en un centro acorde para personas con este tipo de patologías.
¡ Dios mío qué aberración !