La Memoria del TSJA correspondiente a 2025 recoge varios asuntos relacionados con la justicia que afectan a Ceuta. Entre ellos, el relativo a las infraestructuras judiciales.
Así, se indica que, pese a la finalización de las obras de acondicionamiento del edificio del antiguo Banco de España, no se ha resuelto correctamente la pretendida reunificación de los diferentes órganos judiciales radicados en la ciudad.
En 2023 se trasladaron los Juzgados de lo Contencioso, Social y Vigilancia Penitenciaria, aparte del Registro civil, descartándose la idea inicial de incorporar a dicho edificio los Juzgados de lo Penal y la Sección de la Audiencia.
Expone el TSJA que la implantación del Tribunal de Instancia ha dado lugar a nuevos movimientos de magistrados y funcionarios, “no del todo lógicos ni satisfactorios”.
Se suma así a las críticas vertidas por los tribunales de instancia a nivel general en Ceuta, ya sea desde la propia cúpula judicial como por parte de los sindicatos.
De hecho, el TSJA se refiere concretamente a la implementación de la nueva estructura organizativa de los Tribunales de Instancia y la nueva Oficina Judicial, capaz de generar un plus de eficiencia en el funcionamiento del sistema judicial, destacando que, por el momento, la situación no es satisfactoria y se detecta preocupación e inseguridad.
“Por otro lado, aunque desde la Administración autonómica se han dado pasos importantes en este último año hacia la definitiva consolidación tecnológica, todavía queda un importante camino por recorrer”.
“En definitiva, se revela una incorrecta planificación y definición en materia de infraestructuras en dicha ciudad”, mantiene el TSJA.
Lo dice ahora en esta memoria, pero lo lleva diciendo durante años. Prácticamente es un asunto que se repite asiduamente sin que haya una solución concreta.
La "judicialización" de todo y sus consecuencias
La Memoria recoge además que la situación general no ha cambiado con relación a años anteriores. Así, pese al leve descenso de la litigiosidad, persiste la gran judicialización de asuntos y se genera una sobrecarga sensible de trabajo en los órganos judiciales.
Por lo mismo, el cumplimiento del “mandato constitucional de una justicia en plazos razonables constituye un objetivo que no se percibe cercano”. Por ello, hay confianza en que den sus frutos las medidas implantadas durante 2025 en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ya que es imprescindible en nuestro ordenamiento jurídico, al lado de la propia jurisdicción, la coexistencia de otros medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional”, explica el TSJA.
Aunque durante 2025 los órganos judiciales resolvieron 1.393.375 asuntos (un 4% más que el año anterior), quedan pendientes al final del año un total de 870.003 asuntos. La tasa de resolución ha sido del 0,99, cifra que indica laboriosidad con carácter general. Así, aunque durante 2025 prácticamente se ha resuelto lo mismo que se ha ingresado, la pendencia continúa siendo muy importante.
Aumento de asuntos pendientes
En este sentido, el volumen de asuntos pendientes se ha incrementado en una década un 76%, esto es de la cifra de 494.029 a final de 2015 se ha pasado a 870.003 en este año, un atasco sumamente llamativo y preocupante.
Por ello, advierte el TSJA, “cada anualidad comentamos la problemática que presenta esta tasa de congestión, que indica la carga total de trabajo (asuntos registrados más pendientes), siempre superior a los asuntos que se resuelven, lo que impide rebajar el volumen de asuntos pendientes y mejorar los tiempos de respuesta de muchos órganos judiciales”, expone.
Por otra parte, el total de asuntos de ejecución ingresados durante 2025, sumadas todas las jurisdicciones, ha sido de 214.602. De ellos, el 58% en el orden civil, el 35% en el penal, el 1% en el contencioso- administrativo y el 6% en el social. El número de ejecuciones resueltas ha sido de 213.840 y, por tanto, el número de ejecuciones resueltas no supera el número de las ingresadas, aumentado las ejecutorias pendientes.
En este sentido, las ejecutorias pendientes a final de 2025 se sitúan en una cifra elevada, 577.966 lo que supone un 8% más que el año anterior. Las ejecuciones civiles pendientes representan el 83% del total. Las ejecuciones penales suponen el 15%. Las jurisdicciones social y contencioso-administrativa tienen ambas una pendencia del 1% del total.
La justicia lenta no es justicia
“La situación descrita nos obliga a mantener el nivel de esfuerzo en esta materia, ya que se trata de un indicador de calidad de la justicia que arroja todavía datos lejanos a lo deseable”, expone el TSJA.
“Además, la lentitud en la ejecución de las resoluciones judiciales retiene el cobro de cantidades ingentes de dinero, de forma que la demora ejecutiva traspasa el ámbito individual para impactar de lleno en la economía por la evidente paralización de millones de euros”, apunta.
“Confiamos en que las novedades organizativas establecidas por la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, en concreto la generalización de Servicios Comunes de Ejecución Procesal (SCEJ) contribuyan a esa deseada mejora de la pendencia de las ejecuciones”, explica el TSJA en una valoración general para todo el territorio.
Una valoración final de los datos estadísticos de 2025 “nos conduce a unas conclusiones negativas y similares a los últimos años: la justicia andaluza sigue en cifras llamativas de pendencia y dilaciones, contexto que manda un mensaje y percepción inevitable a la sociedad: justicia lenta y poco eficiente”.
El TSJA apunta a que el año 2025 debe marcar el final de una etapa en nuestra Administración de Justicia caracterizada por la ausencia de las actuaciones y recursos imprescindibles para adaptarse a la realidad de los tiempos y ser capaces de dar respuesta ágil y eficiente a la demanda de tutela judicial efectiva.
