Situación laboral complicada en el Equipo Psicosocial de los juzgados de Ceuta

El Ministerio de Justicia tiene desatendida Ceuta, y no solo en materia de infraestructuras apostando por un reparcheo más que por una actuación de envergadura en sus sedes, sino también en personal.

La situación crítica afecta no solo a los forenses, colectivo que a base de denuncias ha logrado al menos la promesa de un refuerzo, sino también al Equipo Psicosocial de los juzgados.

Todo ello “ante la negativa por parte del Ministerio y de la Gerencia de cubrir las vacantes que quedan libres como consecuencia de concursos de traslados y de incapacidades temporales”, explican desde el área de personal laboral de CCOO-Justicia.

Esta situación complicada se ha dado, por ejemplo, al no cubrir dos plazas de interés: la de un psicólogo forense, ya que el profesional que desempeñaba esa función se fue destinado, y la de una perito judicial, actualmente de incapacidad temporal.

Consecuencias gravísimas para el funcionamiento adecuado en el juzgado

La situación es extrema porque las competencias que tienen estos profesionales son importantes y el hecho de que el Ministerio y la Gerencia no intervengan de inmediato genera unas consecuencias gravísimas.

Antes había dos psicólogos forenses, ahora solo queda uno. En el caso de la perito judicial de bienes inmuebles, ante su baja, el área se ha quedado sin nadie.

“Cada vez que queda libre una vacante por la circunstancia que sea, la Gerencia competente para ello no pone a nadie”, exponen desde la sección sindical, evidenciando así el problema focalizado con este personal laboral.

La importante labor de los equipos psicosociales de los juzgados

Los equipos psicosociales de los juzgados, compuestos por psicólogos y trabajadores sociales, se encargan de asesorar técnicamente a jueces y fiscalías en procedimientos de familia y penal, realizando informes periciales para evaluar la capacidad parental y el entorno familiar, y así ayudar a tomar decisiones sobre la custodia, el régimen de visitas y la protección de menores.

Entre sus funciones principales está la de asesoramiento técnico, al proporcionar a los juzgados, tribunales y fiscalías el conocimiento experto necesario para entender las complejidades psicológicas y sociofamiliares de los casos; elaboración de informes periciales o evaluaciones de capacidad parental, al analizar la idoneidad de los padres para ejercer la custodia, su estilo educativo y las habilidades parentales.

También desarrollan evaluaciones del bienestar del menor, realizando una valoración integral del niño o adolescente, considerando su desarrollo psicológico, social y educativo, así como sus necesidades.

Entorno familiar, procedimientos judiciales…

También llevan a cabo un análisis del entorno familiar, evaluando la dinámica familiar, la estructura social y económica, y las posibles interferencias parentales; y un análisis de daño psicológico, ya que en casos de violencia doméstica o de género, analizan la afectación psicológica en los menores.

Prestan apoyo en procedimientos judiciales sobre guarda y custodia, al asesorar sobre la mejor distribución de la guarda y custodia, ya sea compartida o individual; régimen de visitas, ayudando a establecer o modificar los regímenes de visitas de los hijos con los progenitores; protección de menores, al intervenir en procedimientos de riesgo, desamparo o adopción y acogimiento; o conflictos familiares ya que intervienen en situaciones de alta conflictividad parental.

En el caso de las pruebas preconstituidas, pueden tomar declaración a menores a través de expertos para evitar que tengan que testificar en juicio.

Los equipos psicosociales suelen estar integrados por un psicólogo y un trabajador social y, además de hacer distintas entrevistas, cursan visitas a domicilio.