La Medicina Forense se erige en un servicio clave para que la administración de Justicia pueda funcionar como debe. En Ceuta parece que esto no ha terminado de entenderse desde el momento en el que se mantiene una plantilla de profesionales mermada.
Y se mantiene además en uno de los periodos más críticos en cuanto a presión migratoria, en un 2025 en el que han sido localizados 26 cadáveres de inmigrantes a los que hay que practicar autopsia para, después, realizar el oportuno informe.
Los últimos cuerpos fueron los de dos niños recuperados por los GEAS de la Guardia Civil el pasado viernes en el entorno del Sarchal y Recinto.
Es un trabajo extra en una ciudad frontera que se suma a otras labores de los forenses en una plantilla que trabaja al límite. De la existente, solo están operativos dos profesionales que tienen que asumir todas las tareas.
CCOO-Justicia exige una “reacción inmediata por parte del Ministerio de Justicia” para reconducir una situación insoportable de mantener.
La tarea de 4 profesionales que ahora hacen dos
La plantilla de médicos forenses está formada por 3 profesionales más un cuarto de refuerzo que se destinó para cubrir las cargas laborales que de por sí ya existían.
Ahora funciona bajo mínimos, solo con dos. Es la consecuencia de un par de hechos concretos: el primero, que el médico forense que era director del Instituto de Medicina Legal, Borja Moreno, ha cambiado de destino; el segundo, que una de las profesionales forenses está de baja desde hace varios meses.
Solo dos médicos están operativos para asumir todo, lo que se traduce en una sobrecarga de trabajo que no ha motivado una reacción inmediata y urgente por parte del Ministerio, más aún con la delicada situación que atraviesa la ciudad ante la localización de más cuerpos sin vida que deben ser examinados. Todos ellos de personas que intentan entrar a nado a nuestra ciudad procedentes de Marruecos.
Las funciones que deben realizar los forenses
Ambos tienen que asumir declaraciones ante señalamientos de juicios, cubrir la propia agenda de los distintos juzgados, además de las guardias entre los dos.
A todo eso se añaden las autopsias que tienen que realizar, aumentadas en número a consecuencia de la delicada situación migratoria vivida, con localización de cadáveres de jóvenes e incluso niños ahogados en el mar.
Hay que realizar ese examen forense para conocer las causas exactas de esas muertes, además de conocer, vía informe, datos de interés para las investigaciones que pueda llevar a cabo la Guardia Civil, en este caso, los agentes de la Policía Judicial.
Toda esta presión laboral parece no ser suficiente como para que se dote la plantilla de recursos y medios por la vía de urgencia, o para que se cubra de inmediato el puesto de responsable al frente del IML.
La denuncia de CCOO-Justicia
CCOO-Justicia hace hincapié en el carácter “esencial” de la Medicina Forense para que la administración de Justicia “pueda funcionar”, ya que “aplica conocimientos médicos para determinar causas de muerte, identificar cuerpos, evaluar lesiones en personas vivas y emitir informes periciales cruciales para el proceso judicial”, expone la sección sindical en declaraciones a este periódico.
“Su papel es fundamental en la investigación de muertes violentas y como auxiliar de la justicia, ofreciendo a jueces y fiscales la asistencia técnica necesaria en asuntos médico-legales”, concreta. De hecho, en juicios celebrados en nuestra ciudad ha sido clave la exposición de estos profesionales para aportar claridad a los magistrados sobre asuntos que son objeto de enjuiciamiento.
Toda esa hilera de funciones se pone en riesgo y se lleva al límite desde el momento en el que no se dispone de una plantilla en condiciones. La situación es preocupante, más aún si no se adoptan soluciones urgentes poniendo en riesgo, de hecho, la operatividad de un servicio esencial.
