Sira Rego: "La única propuesta del PP para la infancia migrante es el racismo"

En pleno debate nacional sobre la situación de los menores extranjeros no acompañados, asunto que ha copado protagonismo en la reciente Conferencia de Presidentes, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, atiende a El Faro para abordar la situación crítica que viven territorios como Ceuta y Canarias ante esa inmigración infantil.

Rego defiende la adopción de una respuesta solidaria, denuncia el uso político de la infancia por parte de algunos gobiernos autonómicos y subraya la necesidad de un sistema de acogida justo, coordinado y basado en los derechos de la infancia.

- Pregunta obligada: ¿por qué no es posible un acuerdo para el traslado de menores migrantes con las comunidades autónomas?

- No existe un desacuerdo generalizado con las Comunidades Autónomas, ni siquiera con todas las gobernadas por el Partido Popular, y Ceuta es un ejemplo de ello, al igual que Canarias. Las reticencias proceden, en su mayoría, de aquellas comunidades en las que los Gobiernos autonómicos del PP dependen de Vox.

Lo hemos visto claramente en los acuerdos presupuestarios de Baleares, de la Comunitat Valenciana o de Murcia, donde la ultraderecha ha exigido un rechazo a la acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes en situación de desamparo para garantizar su apoyo a las cuentas. O en Aragón, donde Vox pidió al presidente Azcón que escenificase su oposición a esta acogida para poder negociar los presupuestos.

"La extrema derecha sigue gobernando por la puerta de atrás en muchas comunidades"

Todo esto solo tiene un nombre: racismo. La extrema derecha sigue gobernando por la puerta de atrás en muchas comunidades aunque oficialmente se encuentre fuera de los Consejos de Gobierno.

El señor Feijóo, que al final es el bienmandao de Vox, acepta que haya comunidades autónomas que tomen decisiones que van en contra de las realidad y de las necesidades de otros territorios donde también gobiernan, como es el caso de Ceuta y de Canarias. Prefiere seguir echado en los brazos de la ultraderecha en lugar de garantizar los derechos de la infancia migrante no acompañada y de velar por los intereses de los y las ceutíes y de los y las canarias.

- ¿Le ha faltado mano izquierda al Gobierno y a su ministerio para llegar a un acuerdo de manera más discreta y sin tanto ruido mediático?

- Este ministerio ha mantenido una política de diálogo desde el inicio para ofrecer a las Comunidades Autónomas la posibilidad de realizar modificaciones en los criterios para la acogida estructural y solidaria. En frente, sin embargo, nos hemos encontrado lo contrario: bloqueos y negativas para negociar.

Prueba de ello es la Comisión Sectorial que tuvo lugar el pasado miércoles 28 de mayo, donde determinados territorios han bloqueado incluso varios puntos del orden del día de la futura Conferencia Sectorial. Se trata de un hecho que es prácticamente inaudito en una reunión técnica como esta, pero forma parte de una estrategia del PP, que es la del bloqueo permanente a través de resquicios procedimentales para esconder una realidad: que desde el inicio no han realizado una sola aportación para tratar de resolver esta cuestión y plantear una solución a la situación de territorios como Ceuta o Canarias.

Lo vimos también en la anterior Conferencia Sectorial a la que no trajeron una sola propuesta trabajada.

La única propuesta del PP para la infancia migrante es el racismo, pero este ministerio tiene la obligación de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes que llegan a España no acompañados. Se trata de una cuestión de país y por eso vamos a dar una solución solidaria y de país a través de este Real Decreto-ley.

- Ceuta tiene un problema muy grave, ya que la ciudad está desbordada en su capacidad de acoger a estos menores. ¿Cree que se ha actuado tarde y que no se ha visto con antelación la magnitud del problema?

-La sobresaturación de los territorios fronterizos como Ceuta se podría haber resuelto hace meses pero el PP, como decía, ha puesto en marcha una estrategia dilatoria para retrasarlo.

Ello ha provocado que hayamos buscado la solución a través de la reforma del Artículo 35 de la Ley de Extranjería mediante el Real Decreto-ley que hemos convalidado en el Congreso de los Diputados.

Desde el Ministerio de Juventud e Infancia y desde el Gobierno somos conocedores de la situación de determinadas autonomías y en todo momento nos hemos hecho cargo de ello, desde el inicio, primero trabajando en soluciones voluntarias que no han sido eficaces, ya que las acogidas voluntarias de los años 2022, 2023 y 2024 sólo se han cumplido al 50% por parte de las comunidades.

Ahora tenemos un instrumento legal de obligado cumplimiento que primero va a garantizar el interés superior de estos niños, niñas y adolescentes y, además, va a aliviar la presión sobre los territorios de llegada. No vamos a dejar a Ceuta ni a Canarias solas en esto ni vamos a permitir que haya comunidades que miren hacia otro lado.

- ¿Conoce las condiciones en las que están estas personas en Ceuta? ¿Tiene información directa de la Delegación del Gobierno o del Gobierno de la Ciudad?

- Por supuesto, hace apenas unos meses (en septiembre de 2024) visité la ciudad autónoma y tuve la oportunidad de conocer de cerca varios de estos centros de acogida de menores, así como los recursos y proyectos desarrollados en la ciudad por parte de las diferentes administraciones.

"Debemos destacar la colaboración en todo momento del Gobierno de Ceuta para poder resolver la cuestión"

Asimismo mantenemos una comunicación constante con Delegación del Gobierno, como no podría ser de otra manera. Pero, además, debemos destacar la colaboración en todo momento del Gobierno de Ceuta para poder resolver la cuestión de la infancia migrante no acompañada en la ciudad.

Desde su creación, este ministerio se ha hecho cargo de la sobresaturación de Ceuta y de las condiciones de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran allí. Insisto en lo que comentaba: el Real Decreto-ley va a ofrecer una solución de país a una cuestión que es de país, no únicamente de unos territorios.

- En la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia de hace unos días, el secretario de Estado facilitó los datos y a Ceuta le correspondería acoger a 27 menores, pero tiene en la actualidad más de 400. ¿Cómo se le explica esta situación a la ciudadanía?

- En la Comisión Sectorial dimos a conocer la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida, que con los datos ofrecidos por las comunidades ha quedado establecido en 32 plazas por cada 100.000 habitantes para la infancia migrante no acompañada, no el número de menores que debe acoger cada territorio.

"En la Comisión Sectorial dimos a conocer la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida"

La capacidad ordinaria es el dato que nos permitirá dimensionar los sistemas de forma correcta, y el que permitirá aplicar los criterios para la acogida en las CCAA. Hasta ahora hemos contado con 17 sistemas diferentes, y no existía ningún mecanismo que garantizase un número de plazas acorde a la población del territorio, como sí ocurre con otros servicios públicos como la sanidad o la educación.

Ahora vamos a garantizar que todos los sistemas de protección a la infancia estén dimensionados para atender a un fenómeno que es estructural y dinámico como es la migración.

"Ceuta, como Canarias, se encuentra en situación de contingencia migratoria"

Ceuta, como Canarias, se encuentra en situación de contingencia migratoria, es decir, multiplica por más de tres veces su capacidad de acogida, y así lo vamos a declarar desde el Ministerio de Juventud e Infancia.

Pero voy a recalcarlo, porque la ciudadanía ceutí tiene derecho a saberlo: no haber dado una solución antes a la ciudad es consecuencia de las tácticas dilatorias de determinadas comunidades gobernadas por el Partido Popular que han decidido dar la espalda a la ciudad, a sus vecinos y vecinas y a su propio Gobierno para poder seguir manteniendo el apoyo de la ultraderecha en aquellos territorios en los que les necesitan.

- Además de la población y del número de personas ya acogidas, para el reparto se tendrán en cuenta otras variables. ¿Cuáles serán?

- Una vez establecida la capacidad ordinaria de los sistemas, ahora tendremos que estudiar cuántos niños, niñas y adolescentes van a ser trasladados desde las comunidades en contingencia migratoria extraordinaria hacia otros territorios para dar cumplimiento al Real Decreto-ley y garantizar sus derechos.

Estos traslados se van a realizar teniendo en cuenta determinados criterios como son la población del territorio, la renta per cápita de los hogares, la tasa de desempleo, el esfuerzo ya realizado en atención a menores extranjeros no acompañados, el dimensionamiento estructural del sistema de acogida, la realidad de las ciudades fronterizas, la insularidad y la dispersión de la población.

Son criterios muy similares a los que se aprobaron por unanimidad en la Conferencia Sectorial de 2022 y que, como venimos señalando desde hace meses, pueden ser modificados por unanimidad por parte de las Comunidades Autónomas si presentan alguna propuesta. La realidad es la contraria: asistimos a un bloqueo permanente con el único objetivo de retrasar la puesta en marcha del plan de acogida solidaria. Pero somos muy claros: la ley se va a cumplir.

- Su ministerio ha dicho en varias ocasiones que los traslados se llevarán a cabo en verano. ¿Cómo se harán y con qué garantías para personas que son menores de edad? ¿Hay un protocolo ya fijado?

- El horizonte con el que trabajamos es ese, que los traslados puedan comenzar durante el verano. El protocolo se encuentra fijado en el Real Decreto que desarrolla la norma, y que hace apenas unos días finalizó su fase de audiencia pública.

Posteriormente será refrendado por el Consejo de Ministros y, por lo tanto, estará en vigor. En la norma se recoge de manera pormenorizada el protocolo a seguir para garantizar los derechos de la infancia, y en él se incluyen entrevistas con las personas menores de edad que van a ser trasladas, la remisión de informes para conocer su situación y la actuación de Fiscalía como garante del cumplimiento del interés superior de estos niños, niñas y adolescentes, por supuesto.

- En el caso de Ceuta, ¿hay ya una fecha en el calendario para que se inicien las salidas de los centros de acogida?

- En cuanto este protocolo sea aprobado por el Consejo de Ministros, comenzará a operar para todos aquellos territorios que sean declarados en contingencia migratoria extraordinaria. Como venimos diciendo, el horizonte es que ello se produzca durante el verano.

- ¿Cuánto le preocupan los recursos que algunas autonomías han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional contra la distribución de menores no acompañados?

- La vía judicial es un recurso a disposición de las Comunidades Autónomas que nosotros no entramos a valorar. Sin embargo, no puede ser usado de manera tramposa como lo han hecho determinados territorios como Aragón.

Mientras no haya una resolución judicial, el Real Decreto-ley se mantiene en vigor y, por lo tanto, su incumplimiento implica un incumplimiento legal. Esa es la única realidad actual: Aragón ha incumplido durante más de dos meses una ley, aunque finalmente haya decidido entregar sus datos ante la denegación de las cautelares por parte del TSJM.

Es curiosa la utilización torticera que el Partido Popular hace de la legislación y de las instituciones.

Mientras se encuentran en el Gobierno utilizan todos los medios a su disposición –legales e ilegales– para beneficiarse de los recursos de los que dispone el Estado para, según su interpretación partidista, hacer cumplir con su ley. Ahí está el uso de las cloacas del Estado para acabar con sus enemigos políticos, entre otros ejemplos. Pero cuando están fuera se niegan siquiera a cumplir con una norma que ha sido refrendada por el Congreso de los Diputados. No respetan las instituciones ni dentro ni fuera del Gobierno.

- ¿Por qué cree usted que algunas comunidades se niegan a facilitar la cifra de menores acogidos?

- Porque no podrían sostener el relato de la sobreocupación. Aseguran tener sus sistemas de acogida tensionados pero no facilitan datos que lo corroboren. Si así fuera, no tendrían problema en facilitar los datos.

Hay comunidades que apenas gastan el 0,17% de su presupuesto en atención a la infancia en situación de desamparo mientras aseguran estar al límite. Sería una broma si no fuese porque hay derechos de miles de niños y niñas en juego. A esto hay que añadir la razón racista: creen que al no facilitar los datos van a poder hacer descarrilar el Real Decreto-ley y así contentar a sus socios de extrema derecha, pero ya hemos demostrado que la ley se va a cumplir y que disponemos de datos para hacerlo.

- El Gobierno ha reconocido que no ha cumplido con lo que dictó el Tribunal Supremo en marzo sobre la obligatoriedad de acoger al millar de menores que han solicitado asilo. ¿Por qué?

- El Gobierno lleva meses trabajando con la realidad de este millar de niños, niñas y adolescentes para garantizar sus derechos como menores de edad y como solicitantes de asilo. Y, además, hemos sido muy claras en todo momento: vamos a cumplir con el Auto del Supremo. Pero el Auto también deja claro que es una obligación la colaboración entre el Estado y las CCAA. Y esto requiere y exige que las administraciones públicas pongamos lo mejor de nosotras mismas para garantizar los derechos de estos niños y niñas.

Por ello, hemos remitido al Gobierno de Canarias un borrador de protocolo que permita conjugar ambas competencias para dar cumplimiento a los derechos de estos niños, niñas y adolescentes.

Pero remarco de forma contundente que el Gobierno va a cumplir con el auto del Tribunal Supremo en esta materia. El Auto es una oportunidad que blinda los derechos de la infancia migrante no acompañada solicitante de asilo.