Rechazo mayoritario al reparto de menores inmigrantes desde Ceuta y Canarias

La Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada este martes ha dejado un escenario de tensión entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas respecto al reparto de menores inmigrantes no acompañados desde Ceuta y Canarias.

En total, once comunidades gobernadas por el PP, además de Castilla-La Mancha y Melilla, han rechazado las cifras propuestas por el Ministerio, vetando el orden del día de cara a la próxima conferencia sectorial, según han informado a Europa Press fuentes regionales.

Ceuta, clave en la redistribución

La ciudad autónoma de Ceuta, junto con Canarias y Melilla, figura como uno de los territorios de origen de los traslados de menores inmigrantes previstos en el Real Decreto-ley de medidas urgentes para proteger a la infancia en situaciones migratorias excepcionales.

Según informó el Ministerio de Juventud e Infancia, se estima que serán trasladados “un máximo de 3.975 niños, niñas y adolescentes” desde Canarias, Ceuta y Melilla a otras regiones del país. Estas cifras, indicaron, son “de máximos” y dependerán de factores como la “capacidad de tramitación de expedientes por parte de las CCAA de origen”.

El Gobierno acusa a las comunidades de "entorpecer"

Tras la reunión de carácter técnico, el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, lamentó la actitud de las comunidades que votaron en contra: “Parte de las comunidades autónomas mantienen una actitud de entorpecer la acogida solidaria de la infancia migrante, pese a lo que el desarrollo y aplicación del Real Decreto-ley sigue su curso. La ley es ley y como tal va a cumplirse”.

Según ha informado Europa Press, durante la comisión, el Ministerio presentó además una propuesta de distribución del crédito destinado al Fondo para la atención de niños, niñas y adolescentes inmigrantes no acompañados, así como los fondos para sufragar los traslados desde los territorios en contingencia como Ceuta hacia otras regiones.

Las comunidades denuncian reparto “ilegal”

Fuentes regionales consultadas por Europa Press han señalado que los servicios jurídicos de once comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad de Madrid, consideran que el Real Decreto de reparto forzoso de menores es “ilegal”.

Madrid, que deberá acoger a 647 menores —la segunda cifra más alta tras Andalucía—, cuestiona que la aportación estatal de 15 millones de euros sea suficiente para garantizar una atención adecuada. Además, Dávila ha reprochado al Ejecutivo central la falta de un plan de integración y ha reclamado una política migratoria más controlada, que actúe desde los países de origen y evite que más personas arriesguen sus vidas cruzando el mar.

Además, denuncian que el “Gobierno cocina datos para que Cataluña y País Vasco se libren de este reparto forzoso” y que “sigue con su huida hacia adelante utilizando a menores para salvar al sanchismo”.

Este argumento se basa en el hecho de que Cataluña y Euskadi no participarán en esta nueva redistribución. Según explicó el Ministerio, estos territorios no asumirán nuevos menores debido al “esfuerzo previo realizado durante los últimos años”, lo que ha generado un fuerte malestar en el resto de comunidades.

Andalucía advierte que su sistema de protección "está al límite"

La Junta de Andalucía ha rechazado la propuesta del Gobierno central que plantea el reparto de cerca de 4.000 menores inmigrantes no acompañados por considerar que su sistema de protección “está al límite” y corre el riesgo de colapsar. Con 677 menores asignados, Andalucía sería la comunidad que más acogidas asumiría, mientras Cataluña y País Vasco quedan exentos, lo que ha generado un fuerte malestar en el Ejecutivo andaluz.

Según ha detallado Europa Press, la consejera de Inclusión Social, Loles López, ha acusado al Gobierno de actuar con criterios políticos y ha denunciado que la solidaridad andaluza ya está siendo puesta a prueba, atendiendo a más de 600 menores que supuestamente llegaron como adultos. Aunque Andalucía ha expresado su voluntad de colaborar, insiste en que cualquier acogida debe hacerse dentro de sus capacidades reales, para no poner en riesgo la atención a los menores ya tutelados.

Más de la mitad de los menores irían a tres regiones

El reparto presentado por el Ministerio establece que tres comunidades —Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana— deberán acoger “aproximadamente la mitad” del total de los menores previstos. En cifras concretas:

• Andalucía: 677 menores

• Madrid: 647 menores

• Comunidad Valenciana: 571 menores

Le siguen:

• Castilla-La Mancha: 320

• Galicia: 317

• Aragón: 251

• La Rioja: 205

• Castilla y León: 197

• Extremadura: 159

• Cantabria: 156

• Asturias: 144

• Murcia: 133

• Navarra: 118

• Baleares: 49 (la que menos acogería)

Preocupación en Ceuta por el bloqueo institucional

En Ceuta, donde los centros de acogida de menores inmigrantes permanecen saturados, preocupa que la falta de consenso político retrase los traslados previstos. Desde distintos sectores se alerta de que el bloqueo podría repercutir en la calidad de la atención y en la gestión de nuevas llegadas.

La oposición de varias regiones al reparto ha generado incertidumbre sobre los plazos y condiciones de aplicación de estas medidas.

Aunque el Ministerio de Juventud e Infancia asegura que el proceso "sigue su curso" y que el decreto se aplicará conforme a la ley, el rechazo de once comunidades gobernadas por el PP, junto a Castilla-La Mancha y Melilla, podría afectar al desarrollo normal del plan de traslados desde territorios como Ceuta. El Ministerio insiste en que el objetivo es garantizar condiciones dignas para los menores y aliviar la presión en los sistemas de acogida más saturados.