El PSOE de Ceuta ha reabierto este domingo el debate sobre el futuro de las Brigadas Verdes, actualmente dependientes de la Federación Provincial de Vecinos de Ceuta (FPAV), que recibe más de 3 millones de euros al año de fondos públicos de la administración local para el sostenimiento de un proyecto que actualmente cuenta realmente con 132 trabajadores.
Los socialistas han abogado en un comunicado por “que se incorporen a la plantilla de la empresa Tragsa, que es un medio propio de la Ciudad”. Hace dos años la plantilla rechazó en asamblea por amplia mayoría (94 votos en contra y 11 a favor) esa misma opción.
“Nos preocupa la seguridad y la estabilidad en el empleo de estos trabajadores, que como es conocido dependen de una subvención anual que recibe la FPAV para hacer frente a los gastos derivados de esta plantilla”, ha explicado el líder de la oposición en la Asamblea, Juan Gutiérrez, los motivos de su propuesta.
A su juicio ese convenio “se puede encontrar con algún problema a la hora de su abono por parte de la Ciudad, por lo que apoyamos la integración en la empresa Tragsa para asegurar la estabilidad laboral de los ciento cuarenta y siete trabajadores y trabajadoras que en la actualidad conforman la plantilla”. No sería la primera vez que la administración detecta a través de la Intervención reparos a la justificación de las cuentas de la FPAV, lo que en ocasiones ha causado demoras en los pagos del convenio.
Además de esta petición, el secretario de los socialistas ceutíes ha recordado que a principios del pasado mes de febrero ya pidió al Gobierno de Vivas “que aplicase porque es de justicia la misma subida salarial que a los funcionarios, esto es, un 2%, a esta plantilla de trabajadores al llevar más de doce años sin recibir un incremento salarial.
Según detalló en febrero de 2020 la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, a los empleados de las Brigadas Verdes, su paso a Tragsa conllevaría la aplicación del Convenio Colectivo estatal de Jardinería a jornada laboral de promedio en cómputo anual de 37,5 horas semanales y unos sueldos “idénticos”, aunque la estructura salarial “debería adaptarse” a la del nuevo Convenio de aplicación.
“La vinculación a la bonificación existente [en las cuotas empresariales a la Seguridad Social] se mantendría excepcionando las correspondientes por la consideración de Centro Especial de Empleo”, ya que Tragsa carece de dicha consideración. Con la empresa pública también tampoco variaría “la categoría que ostenta en la actualidad cada trabajador siempre que fuese compatible con el Convenio de Jardinería” y “en cualquier caso” se mantendrían las remuneraciones.
Se respetaría “la antigüedad de cada trabajador” y “las áreas funcionales actuales”, así como “la adscripción actual de los trabajadores a cada una de ellas, aunque las necesidades del servicio, en función del encargo a Tragsa, podrían motivar cambios”. “No se producirá ningún tipo de cesión o adscripción del personal a otra entidad”, dejó claro también Chandiramani, “salvo que se cuente con el visto bueno del trabajador y este se ajuste a la legalidad”.
“A niveles intermedios” tampoco se preveían alteraciones en “la estructura de mando”, aunque ello también quedó sometido a posibles modificaciones “en función de los requerimientos del encargo” que tendría que hacer la Administración autonómica. Con la empresa pública también no cambiaría “la categoría que ostenta en la actualidad cada trabajador siempre que fuese compatible con el Convenio de Jardinería”.
Si no quieren no quieren, ¿No estamos en democracia? Pues se terminó el tema, que le PSOE saque de otro lado de donde chupar.
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