Hay resoluciones favorables que no dejan contentos a las personas o colectivos que plantearon la demanda. La celebración de JUPOL y JUCIL sobre la sentencia que estima ser profesión de riesgo y, por tanto, la posibilidad de jubilarnos antes por considerar los ponentes que somos una profesión penosa es solo de aplicación a los guardias civiles y policías nacionales que ingresaron a partir del 2011.
Este matiz que deja fuera a miles de guardias y policías diferencia a los que cotizan en el Régimen General de la Seguridad Social y a los más antiguos –los anteriores a 2011- que cotizan en régimen de Clases Pasivas.
Cada uno es libre de celebrar lo que considere, incluso si ese “cupón de lotería” no puede cobrarse hasta pasados más de veinte años, que es el tiempo estimable que comenzaran a jubilarle los guardias civiles y policías que entraron a partir del 2011.
Los anteriores a ese año tendremos que esperar un milagro o a que ocurra una circunstancia muy especial y se acuerden, otra vez, de que los guardias civiles y policías seguimos discriminados en relación a los policías autónomos y locales.
Lo cierto es que esa sentencia diferenciadora entre los que entraron a partir de 2011 y los anteriores no hace otra cosa que volver a maltratar a los miles de guardias civiles y policías que ingresaron cuando las condiciones laborales eran mucho más penosas, teníamos menos derechos y se realizaban jornadas laborales interminables. Esa es la realidad y, en ese escenario, es difícil celebrar nada, porque ninguna discriminación puede ser objeto de celebración.
El gobierno tiene un plan que va ejecutando poco a poco hasta llegar a considerar a los guardias y policías profesión de riesgo, un plan que irá desarrollándose con el paso de los años, porque cada año quedarán menos guardias y policías pertenecientes a clases pasivas y, por tanto, una vez que vean la posibilidad de extinguir este sistema de cotización pasaran al resto de funcionarios al plan general de la Seguridad Social, ingresando las cantidades pertinentes en la Caja de la Seguridad Social, porque en la actualidad no le salen los números. Esta circunstancia especial “lo que deberían ingresar” es lo que impide al Gobierno dar el paso definitivo para considerarnos profesión de riesgo, entre otros motivos, que tienen un peso muy determinante, ya que en clases pasivas hay otros profesionales que vienen exigiendo la consideración de profesión de riesgo.
En ningún momento trato de desmerecer el esfuerzo de estas organizaciones, ni la buena intención de su demanda, pero la sentencia es un poco descorazonadora porque los guardias y policías seguirán discriminados dos décadas más.
