Los jueces conservadores, cuando se dedican a hacer política, pierden el norte completamente. Ahora están en su labor de intentar boicotear la legítima investidura del presidente en funciones Pedro Sánchez. Para ello, intentan convencernos de que la futura ley de amnistía que se está negociando con los nacionalistas catalanes, de la que no se conoce el texto, será el “principio del fin de la democracia”. Pero es que además, trabajan de forma coordinada con los consejeros conservadores del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato está caducado desde hace cinco años. Es decir, los que incumplen la Constitución, apelan a la Constitución para movilizar a esos ciudadanos que no dudan en ir a la Calle Ferraz a hacer escraches en la sede del Partido Socialista. Todo un ejemplo de comportamiento democrático.
El indulto y la amnistía son dos instituciones del denominado Derecho de Gracia, mediante el cual se renuncia al “ius puniendi” por parte del poder ejecutivo. La amnistía tiene efectos más amplios, pues supone, en la práctica, el olvido del delito. Desaparecen todos los efectos del delito, como si nunca se hubieran cometido. En nuestro actual Código Penal se contempla únicamente el indulto como causa de extinción de la responsabilidad penal en su artículo 130.1.4. Ha de ser indulto individual, examinando caso a caso, pues la Constitución prohíbe los indultos generales en su artículo 62. Sin embargo, la amnistía no la prohíbe expresamente. De hecho, hay precedentes de 22 sentencias del Tribunal Constitucional que avalan su viabilidad.
Aunque ha habido muchas discrepancias sobre la utilización de esta institución por parte del poder ejecutivo, fundamentalmente desde autores de la Ilustración, que mostraban su preocupación por la quiebra de la separación de poderes, sin embargo nadie discute que estos instrumentos no pueden ser actos arbitrarios del poder gubernativo, sino que han de basarse en “razones de justicia, equidad o utilidad pública”. ¿Acaso no es de utilidad pública conseguir que la vía política hacia la independencia se canalice a través del Estado de Derecho?
Pero es que además, nuestro Derecho Penal, que es heredero de la Ilustración, ha de ser un instrumento democrático de convivencia, pues la función de este, además de “retributive” (que el delincuente pague el daño causado a la Sociedad), ha de ser “socializadora”, para conseguir de estos delincuentes que se integren en el sistema democrático de Convivencia. Por eso es tan importante la renuncia a la vía unilateral por parte de los independentistas, lo que no significa renunciar a sus principios y objetivos a largo plazo.
Evidentemente, este concepto del Derecho Penal no es compartido por los jueces conservadores, ni, en general, por los partidos de la derecha extrema. Afortunadamente no son mayoría en el Parlamento, aunque no lo hayan entendido.
Por tanto, desde el punto de vista jurídico, tramitar una ley de amnistía no es anticonstitucional, sino una medida de utilidad pública, según pensamos algunos. Es decir, no hay razones jurídicas que impidan un acuerdo de gobierno cumpliendo estas exigencias de los nacionalistas catalanes. Es más, es una forma de pacificación del conflicto y de recomposición de una perspectiva plurinacional. Pero es que, desde el punto de vista social, hay innumerables razones a favor de que este acuerdo se formalice lo antes posible. Veamos.
Los logros del gobierno progresista de España son evidentes. Los datos económicos son buenos, tanto en crecimiento económico, como en mantenimiento de empleo. El ultimo informe de coyuntura laboral del principal sindicato del país, Comisiones Obreras, es esclarecedor: “El empleo crece y supera de nuevo los 20,82 millones de personas, aunque también sube el paro”.
El paro registrado sube, pero en términos desestacionalizados baja en casi 7 mil personas. El paro se ha reducido en 155 mil personas en los últimos doce meses y se sitúa en 2,76 millones, su nivel más bajo en un mes de octubre desde 2007. Sigue cayendo la cifra de contratos temporales. Un 44% son contratos indefinidos. Pese a las tensiones derivadas de la inflación y la subida de tipos, en términos desestacionalizados se mantiene un ligero aumento del empleo y un ligero descenso del paro. Pero también aumenta el empleo de calidad y el empleo juvenil y de las mujeres.
Sin embargo, como nos explican en la editorial de la revista de Derecho Social de septiembre de 2023, sigue habiendo problemas como en la situación de la vivienda, o en las condiciones laborales, que siguen siendo muy insatisfactorias, según los resultados de la última encuesta del Centro Demoscópico de la Fundación 1º de Mayo. Pero, frente a esta percepción globalmente negativa del trabajo, la mayoría de los encuestados mantienen una actitud positiva respecto a la negociación colectiva y la actividad sindical.
Por tanto, como se concluye en dicha editorial, el programa de gobierno debe centrarse, además de en el debate y reconstrucción de la dimensión plurinacional, en desarrollar una amplia propuesta de creación de nuevos derechos en la relación de trabajo, enlazando así con lo que ha constituido las señas de identidad de la coalición progresista desde su inicio. Por esto es imprescindible un acuerdo de gobierno que profundice y amplíe las reformas sociales.
Es en lo que estamos y a donde debemos caminar, pese a los “cantos de sirena” de los poderes fácticos de la derecha y la extrema derecha española.
