Los alrededor de cien trabajadores que la Fundación SAMU tiene en Ceuta para prestar el servicio de atención integral a niños extranjeros no acompañados en Piniers y los bajos del Centro de Realojo Temporal de La Esperanza han cobrado íntegras sus nóminas de agosto entre este jueves y este viernes, solo horas después de que una treintena de ellos se movilizaran ante el Palacio autonómico y de que el nuevo consejero competente en Menores, Alberto Gaitán, asegurase que la Ciudad ha abonado casi 750.000 euros a la concesionaria de la emergencia en poco más de un mes.
Fuentes de la plantilla han explicado que el coordinador de la empresa en la ciudad informó a los trabajadores este jueves de que la administración había transferido sus certificaciones de marzo y a continuación se ha materializado el abono de las remuneraciones a los empleados, que tanto en julio como en agosto solamente habían percibido inicialmente entre un 33% y un 50% de sus retribuciones, también más allá del día 5 que marca como límite el convenio de referencia.
Con la nómina de agosto el abono ha llegado igualmente con demora, pero íntegro, tras tres meses “de incertidumbre e intranquilidad; de ninguneo, indiferencia, desprecio e inmovilismo; y de vulneración flagrante de la legalidad”. “Hablamos de cien familias dependientes de este sustento económico que, por una falta de entendimiento entre la Fundación y el ayuntamiento, estamos abocadas a asumir gastos por comisiones bancarias y recargos que no nos corresponden”, denunció la plantilla delante de la Asamblea.
La Ciudad llegó a acumular casi 2 millones de euros de deuda con SAMU, que llegó a amenazar con abandonar la prestación del servicio por riesgo de asfixia económica. Desde finales de julio, cuando Gaitán se hizo cargo de las competencias de Menores, la administración ha reducido su mora con la Fundación un 42%.
Ahora se prevé que la Intervención firme “la semana que viene” la factura de abril mientras, en paralelo, ya se han comenzado a revisar las de junio y julio, ya que la de agosto acaba de llegar a la Ciudad. La licitación que sacará a concurso la atención integral a cien menores extranjeros sin compañía desamparados en cinco lotes para acabar con la emergencia, de cuya extensión sine die también recela la Intervención, está “en Contratación”.
El consejero ha explicado que, al tratarse de un servicio bajo la cobertura extraordinaria decretada hace un año, los procedimientos administrativos, ya de por sí complejos, lo son aún más y se exige “justificación documental correcta de las prestaciones realizadas”. “No es un problema de tesorería ni de decisiones políticas, sino de aplicación de criterios técnicos que exigen transparencia y justificaciones adecuadas”, ha resumido.
La Intervención ha puesto reparos al pago de las certificaciones porque, según llegó a alertar, ni siquiera tenía constancia de cuántos trabajadores mantenía SAMU de manera efectiva adscritos al servicio. Igualmente desconocía la cifra de menores atendidos, actualmente más de 200, e incluso recelaba de la calidad del servicio que se les ofrece.
