El Tribunal de Apelación Penal encargado de los casos de terrorismo en Rabat confirmó, este miércoles, la sentencia inicial por la cual se imponían penas de muerte y cadena perpetua a los acusados de matar y mutilar el cuerpo de un policía cuando se encontraba de servicio en el ejercicio de sus funciones.
Así, el tribunal resolvió confirmar la cuestión prejudicial dictada el pasado 12 de octubre, imponiendo la pena de muerte al principal imputado (H.R.) y cadena perpetua a dos imputados (M.K. y M.K.) tras haber sido acusados de constituir una banda criminal.
También se les castiga por preparar y cometer actos terroristas en el marco de un proyecto colectivo encaminado a dañar gravemente el orden público mediante intimidación y violencia, atentando intencionadamente contra la vida de una persona con premeditación, posesión de armas de fuego y municiones, además de elogiar a una organización terrorista y hacer propaganda y promoción de la misma.
Delitos de terrorismo
El órgano judicial también confirmó la decisión inicial que dictaba cinco años de prisión para ocho acusados y cuatro años de prisión para un acusado después de haber sido condenados por cargos de “formar una banda para preparar y cometer actos terroristas destinados a dañar gravemente el orden público, alabando una organización terrorista y la propaganda y promoción de la misma, y elogiar las acciones de una organización terrorista”.
La no denuncia de un delito terrorista y la celebración de reuniones públicas sin autorización previa constituyen delitos de terrorismo, cada uno según lo que se le atribuye.
Durante su alegato de este miércoles, el representante del Ministerio Público buscó respaldo a la decisión penal preliminar dictada contra los imputados, destacando que los elementos de los delitos investigados se establecen contra todos los imputados a través de sus confesiones durante todas las etapas de la investigación.
Por su parte, la defensa del demandante civil buscó confirmar la sentencia inicial y aumentar la indemnización civil, que no alcanza el nivel del daño sufrido por la familia de la víctima, mientras que la defensa de los demandados buscó brindarles el máximo de condiciones atenuantes.
