Detectives privados para investigar posibles fraudes a la Seguridad Social en Ceuta

La Mutua de Andalucía y de Ceuta (Cesma), entidad colaboradora con la Seguridad Social, quiere reforzar el control sobre las prestaciones que gestiona en la ciudad mediante detectives privados. Ese es el objetivo del procedimiento que ha iniciado por un importe de 62.000 euros, todo ello para disponer de un servicio de investigación destinado a comprobar posibles situaciones de abuso del derecho o actuaciones fraudulentas que puedan perjudicar al sistema de la Seguridad Social.

Se trata de una iniciativa que se viene desarrollando en los últimos años en distintos puntos de España, también en Ceuta. El contrato tendrá una duración inicial de un año, aunque los pliegos contemplan la posibilidad de establecer hasta cuatro prórrogas de 12 meses cada una, por lo que el servicio podría mantenerse durante un máximo de cinco años.

Lo que se pretende con esta medida es investigar a trabajadores de empresas asociadas a Cesma y a trabajadores autónomos adheridos a la mutua que se encuentren en situaciones susceptibles de seguimiento. Entre ellos figuran personas en situación de incapacidad temporal, empleados cuya situación pueda dar lugar a una valoración de incapacidad permanente en cualquiera de sus grados y perceptores de otras prestaciones de la Seguridad Social gestionadas por las entidades colaboradoras.

Las pesquisas también podrán afectar a trabajadores de empresas asociadas a otras mutuas o a autónomos cuando Cesma tenga la obligación de prestarles asistencia sanitaria o recuperadora en virtud de los convenios suscritos con otras entidades.

Indagaciones previas

¿Y a qué se dedicarán estos detectives? Pues fundamentalmente a comprobar si una persona que se encuentra de baja o percibe una prestación realiza alguna actividad laboral por cuenta propia o ajena, desarrolla actividades que puedan resultar incompatibles con sus dolencias o con la prestación que recibe, o ha podido realizar alguna actuación fraudulenta para obtener o conservar una ayuda.

El procedimiento previsto comienza cuando la mutua remite una solicitud de investigación. Los detectives deberán abrir entonces el correspondiente expediente y anotarlo en el Libro de Registro diligenciado por Seguridad Privada del Ministerio del Interior.

A partir de ese momento se realizarán las indagaciones previas sobre la persona objeto del seguimiento. Entre las actuaciones contempladas figuran la comprobación de los datos de identificación facilitados y la obtención de información adicional que pueda resultar relevante para el caso, como vehículos utilizados, posibles garajes, otros domicilios o teléfonos, relaciones con empresas, información publicada en boletines oficiales y comprobaciones sobre el domicilio y la localización del investigado.

Una segunda fase estará centrada en las observaciones y seguimientos para determinar qué actividades realiza la persona investigada. Los detectives podrán comprobar, entre otras cuestiones, sus movimientos, la deambulación, la capacidad para cargar pesos o los movimientos de las extremidades y del tronco, así como otros aspectos relacionados con las limitaciones alegadas.

Reportajes sobre los investigados

También se pretende comprobar si el trabajador por cuenta propia que solicita una prestación por cese de actividad está desempeñando algún trabajo o si está realizando las actuaciones que le hayan sido requeridas por la persona responsable designada por la mutua.

Los resultados de las investigaciones deberán quedar recogidos en un informe suficientemente detallado y concreto para que CESMA pueda determinar si existen elementos que indiquen que el investigado está realizando una actividad laboral o alguna otra actuación incompatible con la prestación que percibe o con las limitaciones alegadas.

El expediente contempla que los informes vayan acompañados de reportajes gráficos y videográficos, así como de cualquier otra prueba que pueda obtenerse durante la investigación. Este material podrá ser utilizado por los servicios de la mutua para valorar cada caso y, si finalmente el asunto acaba en los tribunales, como elemento probatorio.

Los límites establecidos

Los detectives contratados deberán además ratificar sus investigaciones ante un juzgado o tribunal cuando el procedimiento haya sido judicializado y su presencia sea necesaria.

La contratación establece, no obstante, límites expresos a los métodos empleados durante las indagaciones. Estos profesionales acreditados no podrán utilizar medios personales o técnicos que vulneren el derecho al honor, la intimidad personal o familiar, la propia imagen o el secreto de las comunicaciones.

De esta manera, el servicio pretende proporcionar a Cesma elementos objetivos que permitan comprobar determinadas situaciones relacionadas con las prestaciones de la Seguridad Social y facilitar, cuando corresponda, la adopción de las medidas que procedan. El expediente no parte de que exista fraude en los casos investigados, sino que plantea el recurso a detectives privados como mecanismo de control y verificación ante posibles situaciones irregulares.