Un matrimonio acude a Urgencias con su hijo de 16 meses. Sufre quemaduras de segundo grado en el 75 por ciento del cuerpo.
El padre, con evidentes síntomas de embriaguez, alega que el pequeño se ha arrojado sobre el cuerpo un recipiente con ocho litros de agua hirviendo. Los médicos perciben que el hombre, pese al suceso, no muestra síntomas de alteración nerviosa. Tras preguntar a su esposa en privado, ésta se derrumba y termina acusándole. Otro caso más: una menor de 11 años que se presenta en el Hospital con su padre. Él le impide que hable y se limita a detallar que la joven sufre dolores abdominales y náuseas desde hace seis meses. Todo parece solucionarse con paracetamol, pero al entregarle el alta un doctor se percata de unas llamativas manchas en las palmas de las manos de la pequeña que anuncian sífilis. Tras un primer examen, confiesa que comenzó a sufrir abusos sexuales de su progenitor un año antes.
Son dos de los casos reales, documentados en Ceuta, que presentaron ayer Joaquín González y Remedios Gutiérrez, médicos de los servicios de Urgencias y de Medicina de Familia y Comunitaria, respectivamente, para ilustrar la ponencia Maltrato y abuso sexual en la infancia. Detección y abordaje precoz. Dos ejemplos del trabajo, silencioso pero eficaz, que los profesionales del sector sanitario ejercen a diario cuando a sus manos llegan evidencias de que las lesiones o síntomas que presentan niños y jóvenes pueden ser fruto de una exposición a la violencia o abuso sexual en su entorno más inmediato. Es en esos casos cuando, como definieron ambos durante su conferencia conjunta, se “encienden las bombillas” que hacen sonar las alarmas. “Nosotros alertamos de la sospecha, para que luego quien decida si se actúa o no sea el juez”, explicaron al auditorio.
Por sus consultas pasan cientos de casos que, advirtieron, hay que analizar con sumo cuidado – “no es maltrato todo lo que parece”, advertía Gutiérrez, “aunque hay que estar muy atentos porque otros se nos pueden escapar”– ya que afloran en sus múltiples vertientes. Desde madres que ingieren sustancias para dañar al bebé durante el embarazo hasta lesiones físicas (mordeduras, quemaduras con cigarrillos, traumatismos, hemorragias...), pasando por negligencias (desnutrición inducida por falta de alimentación) o agresiones sexuales.
Los datos, reconoció González, son “brutales”: una de cada seis niñas está en riesgo de sufrir violencia sexual, casi siempre de un hombre y además conocido. Sea de esa índole la agresión o cualquier otra, en el 50 por ciento de los casos las estadísticas revelan que volverá a repetirse, de ahí que los profesionales sanitarios reclamen un seguimiento constante. “Y sólo conocemos la punta del iceberg, los casos más evidentes, porque en las familias se tiende a ocultar, a silenciar”, lamentaron.
Cuando un médico se percata de un síntoma que anuncia maltrato, arranca un trabajo que incluye la investigación, el diagnóstico y el tratamiento, pero también la obligatoria notificación a las autoridades judiciales y a los servicios sociales. Se trata de una “obligación ética y legal”. La experiencia ahí es un grado que juega a favor. Ambos ponentes narraron cómo un niño que se sienta con dificultad, reacio a volver al domicilio, con magulladuras espaciadas en el tiempo o con la ropa interior manchada tras una exploración es susceptible de estar atravesando su calvario particular de violencia.
La alarma puede saltar por lesiones evidentes o por la pericia de un médico que detecte algún síntoma casi imperceptible, y en cualquier área de un centro sanitario, desde Urgencias hasta una consulta de Atención Primaria, una especie de “balcón privilegiado al ser el primer nivel de contacto con el paciente”. Se pone entonces en marcha una maquinaria de atención y prevención que aporta su colaboración para frenar los abusos sobre el colectivo más frágil y desprotegido.
