Trabajadores del centro penitenciario de Ceuta se han concentrado este martes a las puertas del Centro Penitenciario Fuerte Mendizábal para mostrar su indignación y condena por la brutal agresión sexual sufrida por una psicóloga en la prisión de Sevilla II.
La protesta, convocada por los sindicatos ACAIP-UGT y CSIF, supone la segunda movilización en apenas unos días tras el ataque del pasado 8 de julio.
El portavoz de CSIF, Juan Iglesias, compareció ante los medios de comunicación para denunciar lo que calificó de “falta estructural de protección” hacia los trabajadores penitenciarios, y para exigir al Gobierno la adopción de medidas urgentes que garanticen la seguridad de los profesionales.
Iglesias describió los hechos como “una agresión salvaje” perpetrada por un interno con antecedentes violentos y comportamientos sexuales agresivos.
Durante una entrevista individual con la psicóloga, el recluso la golpeó, mordió, arrancó mechones de pelo y la amenazó con violarla y secuestrarla. La intervención del personal penitenciario impidió que el ataque tuviera un desenlace aún más trágico. Sin embargo, Iglesias subrayó que “esto no es un caso aislado”, revelando que en el mismo centro se han producido otras tres agresiones sexuales recientes a mujeres trabajadoras.
“Más de mil agresiones en dos años”
Los datos ofrecidos por los sindicatos son contundentes: más de mil agresiones a personal penitenciario en los últimos dos años.
El interno responsable del ataque del día 8 ya había protagonizado hasta siete altercados violentos durante los meses de mayo y junio, incluyendo agresiones tanto a otros internos como a funcionarios.
Iglesias criticó que, a pesar de su historial, el agresor se encontraba en un módulo de respeto, un entorno de autogestión con medidas de seguridad reducidas. “Venía de un módulo PAGE, un espacio no adecuado para su perfil. Esto demuestra un fallo estructural en el sistema de clasificación penitenciaria”, explicó.
El portavoz sindical denunció que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias está incurriendo en una “inacción de funciones”, al no adoptar las medidas necesarias para proteger al personal. “Se está institucionalizando la inseguridad”, afirmó tajantemente.
Exigen cambios en la clasificación y protocolos
Desde CSIF y ACAIP-UGT exigen una revisión urgente del sistema de clasificación de internos, así como la elaboración de un nuevo protocolo antiagresiones.
Según Iglesias, se requiere que los partidos políticos “dejen de lado las diferencias” y acuerden de una vez la aprobación de las dos Proposiciones de Ley que reclaman la condición de agentes de la autoridad para los trabajadores penitenciarios.
“La condición de autoridad y el principio de indignidad para el agresor son herramientas fundamentales para disuadir estos ataques. No puede ser que quienes velamos por la seguridad estemos desprotegidos”, enfatizó.
Otro punto crítico es la opacidad institucional: los sindicatos han realizado consultas al Portal de Transparencia para conocer los datos de agresiones y acosos a mujeres trabajadoras, y la respuesta oficial ha sido que “no disponen de herramientas informáticas para recopilar esa información”, lo que califican como una falta alarmante de voluntad política.
Déficit de personal y módulos cerrados
Iglesias también atribuyó parte de la problemática a la falta de personal. Las Relaciones de Puestos de Trabajo no están cubiertas, lo que obliga a cerrar módulos y mezclar internos incompatibles, desvirtuando la clasificación por edad, reincidencia o perfil psicológico. “A veces se cambia al recluso de módulo solo para trasladar el problema de lugar”, denunció.
Esto impide separar adecuadamente a preventivos, penados, jóvenes o reincidentes, generando una cadena de conflictos internos. “Los fallos de clasificación no son puntuales, son estructurales y peligrosos”, apuntó.
Además, reclamó un régimen sancionador más firme. Las sanciones actuales, como la privación de paseos, no resultan disuasorias: “El castigo máximo es quedarse echando la siesta hasta las 6 de la tarde. Es una tomadura de pelo”, criticó con contundencia.
Medidas tecnológicas y preventivas
Los sindicatos también proponen medidas tecnológicas y materiales para reducir riesgos, como la dotación de pistolas TASER, que permiten reducir a un interno de forma más rápida y segura, protegiendo tanto al funcionario como al propio interno.
“La violencia no puede combatirse solo con discursos. Necesitamos recursos humanos, técnicos y normativos”, reclamó Iglesias. Subrayó que esta situación límite exige respuestas inmediatas y concretas, no promesas.
Respecto a la situación en Ceuta, Iglesias reconoció que, debido a la menor población reclusa, el clima de seguridad es más estable. Sin embargo, advirtió que los errores estructurales pueden reproducirse en cualquier centro si no se actúa ya.
