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La Defensa de López sigue reclamando su puesta en libertad frente a las firmes tesis judiciales mantenidas en su contra tanto en instrucción como por la Audiencia
La Defensa de Antonio López sigue protagonizando una contienda judicial a la búsqueda de obtener la libertad provisional para su patrocinado. Ni la magistrada de instrucción del mediático ‘caso Loma Colmenar’, Raquel Lucini, ni el tribunal de la Sección VI han aceptado esas peticiones, por lo que el exmáximo responsable de Emvicesa arrastra casi siete meses entre rejas, ya que el poder judicial considera que contra su persona existen algo más que meras sospechas.
Los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, organización criminal y tráfico de influencias asoman en una investigación que no solo se ciñó a la promoción de las 317 sino que también, con igual o mayor gravedad, ha afectado a la de las 170, ambas en Loma Colmenar.
“De las investigaciones habidas en el proceso, junto con las declaraciones testificales y declaraciones de investigados, documentales unidas y resto de diligencias instructoras unidas al proceso, existen indicios que superan la mera sospecha que la promoción de las 170, así como los compromisos y la conocida como lista fantasma, han podido ser objeto de venta ilícita, malversando los caudales públicos, a través de la prevaricación administrativa, generando un daño irreparable para la sociedad en su conjunto y los haberes de la Ciudad”, concluyó el auto judicial que llevó a López a prisión.
Sobre este preámbulo se sigue construyendo una investigación que aún no ha concluido, en la que asoman delitos tan graves que, de tenerse en cuenta que existiera una pena máxima de prisión, conllevarían una petición de 26 años de cárcel.
La instrucción sigue su curso y, por tanto, la posibilidad de que haya pruebas que todavía no hayan sido localizadas por los funcionarios policiales o explotadas al máximo, pasos de los que pudieran derivarse nuevos investigados en torno a esta presunta trama.
La prisión mantenida de López cuenta entre sus fundamentos la existencia de varias declaraciones de presuntos pagadores que llegaron a declarar en sede judicial el abono de distintas cantidades, o bien directamente al expeso pesado de la política de vivienda o a alguno de sus presuntos intermediarios. 20.000 euros en un caso, 9.000 en otros, 16.000... son cifras que asoman detrás de las manifestaciones en torno a pagos directos o indirectos, “lo que evidencia sin lugar a dudas el entramado organizativo que tenía montado” este grupo, advirtió el juzgado.
“Las pruebas que lo implican son tan evidentes y claras que su puesta en libertad pondría en peligro la buena marcha de la investigación, toda vez que existe un riesgo de fuga evidente a tenor de la capacidad económica probada por la Policía al constarle vivienda de lujo en una de las mejores urbanizaciones de Marbella”, se refrendó en la instrucción.
La Defensa de López va a seguir en la línea peticionaria de una libertad que, considera, le es debida, argumentando en los escritos presentados en las distintas instancias judiciales que ni su patrocinado era el “más importante” o “único” cargo de Emvicesa, ni “el que podría tener más influencia en las adjudicaciones”. Argumenta que del medio centenar de declaraciones por supuestos pagos solo tres incriminan directamente a López, ya que el resto alude a intermediarios que podrían simular vínculos de amistad con el político sin ser ciertos. La solvencia económica de López se pone en entredicho así como el riesgo de alteración de pruebas temido por la autoridad judicial o el de fuga, “ya que desarrolla una actividad empresarial en el mundo inmobiliario a través de una mercantil conocida, investigada y perfectamente identificada en las actuaciones”.
Innecesaria y desproporcionada califican la estancia de López en prisión, oponiéndose a la línea firme mantenida no solo por el Ministerio Fiscal sino también por la propia magistrada de instrucción y por el máximo órgano judicial en la ciudad, la Audiencia, que ha refrendado con todos sus autos las decisiones en primera instancia en una investigación de esta envergadura judicial y policial.
El tribunal de la Sección VI, prudente y alejado de las influencias mediáticas, considera que los delitos en los que podría haber incurrido López son de tal peso que su mantenimiento entre rejas supone incluso una protección sobre el caso. “Dentro de una trama tan compleja como la que se está investigando, donde los que principalmente podrían dar cuenta de los hechos tienen un especial interés en permanecer en el más absoluto anonimato por haber cometido cohecho, las posibilidades de que se concierten con el recurrente”, en alusión a López, “o este pueda influir en ellos, sobre todo partiendo de una alta capacidad económica, son más que elevadas”, advierte la Sala.
