El tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta ha dejado visto para sentencia el juicio por el llamado caso Acemsa, que ha sentado a 8 personas en el banquillo de los acusados.
El Ministerio Fiscal, tras escuchar a todos los testigos y acusados, siguió con su escrito inicial pidiendo sentencia condenatoria, mientras que las Defensas pidieron la libre absolución de sus representados.
El miembro del Ministerio Público señaló que se detectaron unas comunicaciones mientras se realizaba otra operación (la de Emvicesa), en la que la investigación policial llevó a que se centrara en dos expedientes. “En relación al primero, no hay objetivo de discusión, que tras su tramitación y adjudicación a Anasal fue finalmente Zaygon el que ejecutó las obras en las 108 viviendas”.
“Todos han defendido que es legal una subcontrata, que es verdad que eso es legal, pero al no avisarlo está provocando una prevaricación. Ha sido un acuerdo privado entre dos particulares que no comunicaron a Acemsa”, ha resaltado.
La adjudicación del contrato de obra
El segundo de los motivos, que según Fiscalía apunta a que hay indicios de delito, se trata de una segunda adjudicación en Hernández de Soto donde solo presentó oferta la empresa Zaygon.
En este sentido, Fiscalía entiende que hay una prevaricación ya que existe “una clara inducción” en las escuchas telefónicas. “El representante de Zaygon dice perfectamente en la conversación que hagan lo que sea para llevar a cabo las obras y ser ellos los adjudicatarios”.
“Puede ser que todos los trabajadores tengan normalizada esta conducta, pero eso no lo convierte en legal. Que otras veces se haya hecho y no se haya podido ‘pillar’ no hace que estén haciendo las cosas dentro de la legalidad”, ha insistido el fiscal.
La falsedad documental
Además, defendió que existe una falsedad documental por parte del propietario de Anasal y Zaygon, así como el trabajador de esta última empresa. “El trabajador era un cooperador necesario en todo este organigrama. Vale que hiciera las cosas que le mandara el jefe, pero no por eso tiene que hacer todo lo que le diga a sabiendas que es ilegal”.
Sobre el delito de tráfico de influencias que se le acusa al presidente de la comunidad de las 108 viviendas, Fiscalía señala que “se acogieron a su derecho a no declarar y por eso tenemos que dar por válida lo que obra en nuestro escrito”.
Turno de las Defensas
En el turno de las Defensas, el primer letrado fue el que defendía los intereses del propietario de Zaygon. Criticó el escrito fiscal que ha llevado a sentar hasta 8 personas en el banquillo de los acusados. Ha llegado incluso a decir que “no tiene sentido alguno”.
“No hay prevaricación por ningún lado. De relevación de secretos se comprueba que licitación ya había sido publicada por lo que tampoco existe, no hay llamada que diga que se le filtrara antes de tiempo”, añadió.
Las 108 viviendas
La letrada del presidente de la comunidad de las 108 viviendas, señaló que ha sido imposible en esta vista oral que ha durado dos días que se “desvirtuara la presunción inocencia”.
Defendió que Fiscalía señaló que hay indicios de tráfico de influencias, pero que eso, a su juicio, “no acredita que mi representado cometiera el delito”.
“No hay ningún funcionario público, el propietario de Zaygon figura como empresario, es imposible que pueda ser condenado por ese delito. Los 3 testigos han dejado muy claro que los presidentes de comunidad no tienen posibilidad de intervenir en la adjudicación del contrato. Por lo tanto, ¿en quién ha podido influir mi representado?”, ha señalado.
Esta letrada terminó diciendo que la policía ha tenido un esquema en su cabeza desde el principio y que se ha dejado influenciar “por la otra operación” que estaban llevando conjuntamente.
Un acusado en el que no se habló en el juicio
En lo que se refiere a la letrada que defendía los intereses de uno de los acusados que está por salir en un informe patrimonial de la empresa Zaygon, ha ironizado preguntándose que no entiende por qué su representado está como acusado.
“No aparece a lo largo de la investigación policial, solo sale en un informe patrimonial de la empresa Zaygon. El inspector mismo ha dicho que no se le investigó …el Ministerio Fiscal cuando redacta el escrito se equivoca de persona por el apellido, se equivoca hasta en su DNI. Mi representado está aquí de rebote”.
Por último, la letrada lamentó que su representado estuviera sentado en el banquillo ya que “no solo no se ha hablado en toda la investigación de él, sino que tampoco se ha hablado en todo el juicio”.
La Defensa de los trabajadores de Acemsa tiene claro que no cabe otra sentencia que la absolutoria, no solo para sus representados sino para todos los acusados.
“De la prueba practicada no existe ningún indicio que pueda servir para condenarlo. La única prueba cargo se basa en un informe de la policía que está sacado de contexto”.
Crítica al informe policial
En ese sentido, enumeró diferentes datos del informe policial que a su juicio son criticables. “Decía que su grupo no se dedicaba a este tipo de delito, sino a la droga. Ha señalado que no conoce las peculiaridades de las licitaciones, de los sobres, de las adjudicaciones. No conoce la figura de la subcontrata de una obra…”, ha reprochado sobre la labor de quien llevó la investigación.
Además, criticó que se tardara hasta 11 meses para presentar el atestado policial, desde que tiene conocimiento de la primera escucha. “Vulnera la inmediatez de los hechos delictivos”.
Por último, señaló que presentaron dos certificados de la ciudad autónoma que demuestra que no hay quebranto alguno. En caso de condena, el letrado pidió que se aplicara una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.
El trabajador de Zaygon
En lo que se refiere al letrado de la Defensa del trabajador de Zaygon, éste se adhirió a lo manifestado por sus compañeros y pidió la libre absolución de su representado.
Más crítico fue el letrado del dueño de la gestoría, que señaló que podrían haber estado celebrando durante 10 días el juicio y “nunca hubiera salido el nombre de mi representado.
“Se sienta aquí después de 7 años y todavía no sabemos el porqué. Le acusan de prevaricación como cooperador cuando ni siquiera conocía personalmente a uno de los trabajadores de Acemsa”.
El último letrado fue el que defendía los intereses del propietario de Anasal. Éste explicó que el no quería dinero, “solo la baremación por lo que no hay ánimo de lucro”.
Insistió que la subcontratación de Anasal a Zaygon estaba dentro de la legalidad, que así lo manifestaron todos los testigos. Por último, que el inspector de policía, en su informe, manifiestó que no se veía indicio para llevar a su representado como investigado, sino que debía ser citado como testigo.
