La mañana del 14 de marzo de 2022 asesinaron a Mª Ángeles Lozano en Parques de Ceuta. La noche del 2 de mayo de 2025 se ha hecho justicia.
La Fiscalía y la Acusación Particular marchan a sus casas con esa sensación de haber conseguido, en parte, reparar el daño que se hizo porque el intenso trabajo de dos semanas ha sido determinante para convencer a un Tribunal del Jurado que no lo ha dudado a la hora de dictar, por unanimidad, un veredicto de culpabilidad.
María Arazuri y Silvia Rojas fueron ejemplo de una Fiscalía “incombustible”. “Mª Ángeles no murió en paz, murió asesinada a manos de una persona que prometió cuidarla y respetarla. Tienen en sus manos defender a Mª Ángeles, no dejen que su sufrimiento quede enterrado en una mentira cobarde”.
Aquellas frases emocionadas dirigidas por Rojas, la fiscal jefe del Área, al Jurado han pesado. Esta noche los hombres y mujeres que componen este tribunal no profesional han escuchado ese mensaje y han favorecido que se haga justicia.
El trabajo de la Fiscalía, de este tándem formado entre Arazuri y Rojas, ha sido clave. La primera, experta en asuntos de violencia de género sabe lo que es un procedimiento de este tipo. Lo sabe mejor que nadie.
Ahora la voz de quien no se pudo defender ha sido arropada no solo por la Acusación sino también por quienes, sin conocerla, la han defendido con un veredicto claro, provocando que la balanza de la justicia se posicionara donde debía.
Junto a la Fiscalía ha estado el trabajo de una Acusación Particular que ha mantenido una labor constante, permanente, atendiendo a una familia que pedía justicia por la víctima y luchando no solo por ello, sino también porque la misma se extendiera a los hijos de quien era trabajadora de los juzgados.
El veredicto es justo, a ojos de Javier Cabillas, letrado que ha defendido los intereses de la familia de la víctima.
Ahora, ambos, piden la pena máxima contemplada por estos delitos. Ambos, Fiscalía y Acusación Particular, quieren que el policía local sea condenado a 42 años de prisión por asesinato, lesiones, contra la integridad moral y maltrato habitual en el ámbito familiar.
Piden las penas máximas por cada uno de los delitos, atendiendo además a las lesiones irreversibles causadas a la menor, por ese solo exigen 12 años de cárcel. 25 son por el asesinato, 3 por maltrato habitual y 2 por delito contra la integridad moral.
No solo eso, quieren una responsabilidad civil porque creen que la Ciudad es responsable de la acción de este funcionario que abandonó su puesto de trabajo y se llevó el arma a casa.
Esa pistola causó la muerte de Mª Ángeles, sin que al autor se le hubiera controlado de alguna forma, sobre todo cuando el propio Jurado reconoce la existencia de una bipolaridad y un trastorno paranoide.
La Fiscalía pide un pago de 575.000 euros; la Acusación Particular la eleva a 895.000. En el momento de los hechos el acusado era funcionario de la Ciudad, estaba en horas de servicio y no consta que la Ciudad hubiera hecho revisiones sobre la capacidad del acusado para portar armas.
La Ciudad mantiene, a través de su abogado, que no es responsable, pero de ser así, la cuantía debería ser de 100.000 euros como la fijada en el caso del crimen de Mohamed Alí.
En la resolución del Jurado se han considerado probados los hechos del escrito de la Acusación, sin atenuantes. Aunque haya esos 2 trastornos, el paranoide considerado existente, pero sin mayoría y el bipolar, por mayoría, ambos no influyen en la merma de la responsabilidad.
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