Hay historias que parecen propias de un thriller judicial y psicológico. Relatos que, por momentos, resultan difíciles de comprender para quien los observa desde fuera. Sin embargo, para Naima Toujiri no se trata de ficción, sino de una realidad que asegura arrastrar desde hace más de una década. Así lo cuenta a El Faro de Ceuta.
Su historia es la de una mujer que denuncia haber sufrido años de presuntos malos tratos físicos, psicológicos y económicos, y que, pese a contar con diversas resoluciones judiciales favorables, continúa esperando que estas se ejecuten de manera efectiva.
Una espera que, según denuncia, la ha llevado incluso a situaciones de extrema vulnerabilidad, viéndose completamente “sin nada, durmiendo en la calle, junto a indigentes y drogadictos”.
Una larga batalla
Naima Toujiri denunció en 2016 a quien hoy es su exmarido. Fue entonces cuando decidió acudir a los tribunales tras años de una situación que describe como marcada por el sufrimiento y la humillación, además de los presuntos malos tratos “en su peor cara”.
Según la documentación judicial aportada, la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Arenys de Mar, el 2 de junio de 2016, establecía la obligación de abonar una pensión de alimentos de 500 euros mensuales para sus hijas.
Obligaciones nunca cumplidas
Posteriormente, la Audiencia Provincial de Barcelona, mediante auto de fecha 17 de octubre de 2017, elevó esa cuantía a 1.200 euros mensuales y fijó además otros 700 euros en concepto de compensación por la pérdida del domicilio familiar desde el año 2014.
Sin embargo, Naima sostiene que dichas obligaciones económicas nunca fueron cumplidas de forma voluntaria.
Delito contra los deberes familiares
Tras años de incumplimientos, el asunto llegó a la vía penal. El Juzgado Penal número 2 de Sabadell dictó sentencia condenatoria contra su exmarido por impago de pensiones.
Según consta en la resolución, fue condenado a un año de prisión por un delito contra los deberes familiares previsto en el artículo 227.1 y 2 del Código Penal. Además, se le impuso la obligación de hacer frente a una responsabilidad civil cifrada en 143.565,94 euros, más los intereses legales correspondientes.
Deuda superior a los 143.000 euros
El abogado que representa actualmente a Naima y que la acompaña desde hace tres años ha trasladado a El Faro que las últimas resoluciones judiciales reconocen una deuda superior a los 143.000 euros por atrasos de pensiones, cantidad que, según afirma, nunca fue abonada voluntariamente pese a existir obligación legal para ello.
Según explica, la deuda habría seguido creciendo con el paso de los años hasta acercarse actualmente a los 200.000 euros y sigue creciendo mientras no se ejecute la sentencia.
Embargos sin resultado y una pena de prisión pendiente
La situación, según denuncia la afectada, se ha visto agravada por las dificultades para ejecutar las resoluciones judiciales. Situación que ni ella, ni su abogado, ni su círculo entiende. “Ni los Mossos de Barcelona lo entienden, me dicen que luche”, asegura Naima.
El 31 de mayo de 2024 se ordenó el embargo de saldos en cuentas bancarias del condenado. Sin embargo, nada de esto se ha materializado en beneficios para Naima, que sigue esperando.
Sin efecto
Posteriormente, el 11 de junio de 2024 se decretó el embargo de la pensión de jubilación del exmarido, ordenando al Instituto Nacional de la Seguridad Social la ejecución de la medida.
No obstante, según recoge la carta remitida al Defensor del Pueblo el 10 de julio de 2025, habían transcurrido más de once meses sin que el embargo se hubiera hecho efectivo.
Condenado a un año de prisión
La condena de un año de prisión también quedó inicialmente suspendida y condicionada al cumplimiento de las obligaciones económicas impuestas. Ante el incumplimiento, un auto de fecha 14 de junio de 2024 revocó dicha suspensión y ordenó el ingreso en prisión.
Sin embargo, según denuncia la defensa de Naima, esta resolución tampoco se habría ejecutado. No ha entrado en prisión, presuntamente, no hay consecuencias para el condenado.
La denuncia por malos tratos sigue en instrucción
Paralelamente, continúa abierto en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Sabadell un procedimiento relacionado con los presuntos malos tratos sufridos por Naima.
Según la información facilitada, la denuncia fue presentada entre 2021 y 2022 y la instrucción sigue abierta varios años después.
La afectada, su defensa y su entorno consideran excesiva la duración del procedimiento y denuncian que todavía no se habrían comenzado las investigaciones que consideran necesarias.
Una década de espera y vulnerabilidad
Mientras los procedimientos avanzan lentamente, Naima asegura que su situación personal se ha visto marcada por la vulnerabilidad y la incertidumbre sobre el mañana.
Afirma que ha llegado a encontrarse en situación de indigencia, durmiendo en playas junto a otras personas sin recursos y dependiendo actualmente del Ingreso Mínimo Vital para subsistir.
Nunca ha percibido compensación
Lamenta y denuncia que nunca ha recibido la pensión compensatoria estimada por la justicia y que sigue esperando el cobro de su indemnización.
También denuncia que hace años fue expulsada del domicilio familiar. Según su relato, durante un viaje a Tánger para visitar a su familia, su entonces marido aprovechó su ausencia para impedirle regresar a la vivienda que ambos compartían en Santa Susana. Fue trasladada a un piso de apenas 20 metros cuadrados.
Separada durante años de sus hijas
Otro de los aspectos más dolorosos para Naima ha sido su relación con sus dos hijas. Según explica, estuvo separada de ellas durante años después de que la custodia fuera atribuida a su exmarido. Ahora, apenas tiene contacto con ellas.
Además, sostiene que este incumplió las resoluciones judiciales que establecían los encuentros entre madre e hijas en el punto de encuentro fijado por la justicia.
Una llamada pública de auxilio
Tras diez años de denuncias y resoluciones judiciales pendientes de ejecución, Naima asegura sentirse agotada, ignorada y abandonada por la justicia de España.
En enero acudió a la puerta de los juzgados en Barcelona acompañada por su abogado, amigos y periodistas para reclamar públicamente justicia.
La movilización buscaba llamar la atención sobre una situación que, según denuncia, continúa sin resolverse pese a las numerosas resoluciones judiciales dictadas a su favor. “Pido justicia, pido justicia”, decía Naima entre sollozas palabras.
"Ya no tengo miedo"
Diez años después de iniciar su batalla legal, Naima Toujiri continúa esperando que las decisiones de los tribunales se traduzcan en hechos efectivos, reales. Mientras tanto, asegura seguir atrapada en una situación que define como una prolongación del sufrimiento que denunció hace ya una década.
Ahora, Naima solo espera paciente la justicia que durante años espera. “Ya no tengo miedo, ahora me he llenado de coraje”, concluyó Naima en El Faro de Ceuta.
28 años callada
Cuando Naima menciona el miedo se refiere a este sentimiento que durante 28 años que estuvo junto a su exmarido la frenó para denunciar en los tribunales la situación que, presuntamente, venía soportando.
Fueron casi 30 años soportando presuntos malos tratos por miedo a su expareja y por el miedo a quedar en la calle, amenzas que, presuntamente y según relata Naima, su exmarido le proporcionaba y que, según ha visto, se convirtieron en realidad.
Naima contó escenas de su vida que parecían sacadas de una película de terror.
