Vivas explicó en Junta de Portavoces que se recuperará la seguridad privada en el nuevo paso y se rebajará el número de camalos.
Volver a empezar. Ése es el mensaje que se desprende de la Junta de Portavoces celebrada ayer, en la que el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, informó a los líderes de las demás formaciones sobre las medidas que se van a adoptar en la zona del Tarajal. Y entre las mismas asoma una ‘vieja conocida’: regular el flujo de porteadores e impedir la utilización de fardos de tamaño desproporcionado. Lo mismo que se acordó tras la muerte de dos porteadoras en una avalancha hace ya diez años, instaurándose unas medidas que debían cumplirse pero no lo han hecho.
Además, Vivas ha comunicado a los portavoces que los bultos pasarán a considerarse expediciones comerciales para aplicar la normativa fiscal y la intervención de los Servicios de Inspección, a pesar de que crucen una frontera que no está considerada como aduana comercial.
La Ciudad tiene también previsto implantar una tasa para resarcirse de los gastos extraordinarios en los que incurre por el comercio del bulto. Ésta es, sin duda, la novedad. Con estas actuaciones se busca lo que tantas veces se ha difundido: terminar con el fraude, además de separar el tránsito de porteadores del paso fronterizo ordinario para personas y vehículos en coordinación con las autoridades marroquíes. Sobre la mesa se ha puesto la necesidad de contar con vigilancia privada en el futuro paso ‘Tarajal II’, aunque no se ha señalado quién tendrá que pagarla, después de la polémica suscitada con la anterior empresa a la que se le debía dinero que nadie se prestaba a abonar.
Los controles de Aduanas y de los Servicios Tributarios en las instalaciones del Puerto para comprobar la aplicación de bases y tipos de gravamen en el ámbito del IPSI continuarán.
De manera selectiva se efectuará el seguimiento del tránsito de las mercancías importadas desde el Puerto hasta su lugar de destino para comprobar si se trata de un establecimiento que cuenta con el preceptivo permiso para el ejercicio de la actividad y se retendrán en el recinto portuario las importaciones que tengan por destino un almacén o establecimiento cuyo cierre se haya decretado por incumplimiento de la normativa. Se evitará la descarga de camiones en la vía pública o en cualquier otro lugar no habilitado y se vigilará el cumplimiento de la ordenanza municipal que regula en los polígonos el tráfico y la venta ambulante, entre otras materias.
Los bultos o fardos de determinado tamaño tendrán la consideración de expediciones comerciales, a efectos de la aplicación de la normativa fiscal y consiguiente intervención de los Servicios de Inspección, y se va a elaborar también un censo de motocarros por ser una actividad vinculada a la del fardo.
La Ciudad también implantará una tasa que tenga por objeto resarcirse parcialmente de los gastos extraordinarios en los que incurre por causa directa del referido comercio del bulto o fardo y, alternativamente, en el caso de que no fuera factible esta implantación, se revisará el tipo de gravamen del IPSI a la importación para determinado tipo de mercancías, concretamente la denominada prendería. Se proseguirá con el cierre de las naves o establecimientos que no cuenten con licencia y en la mejora de la limpieza.
