Diez sanitarios, un mediador social, un administrativo y un traductor atenderán a los inmigrantes.
La atención socio-sanitaria de los inmigrantes acogidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) supondrá un gasto de más de medio millón de euros. Así lo estima el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que ha sacado a concurso este servicio por un importe (sin impuestos) de 524.802,46 euros. Las empresas interesadas en adjudicarse el concurso pueden presentar sus propuestas hasta el próximo día 3 de mayo a las 14:00 horas. Se tendrán en cuenta varios criterios a la hora de valorar las ofertas recibidas, pero el aspecto económico será el más relevante ya que tendrá un peso del 80%. También pesará el esfuerzo que estén dispuestas a realizar las distintas empresas durante los periodos de tiempo en que el CETI registre una ocupación por encima de las 512 plazas de capacidad máxima con las que cuenta. Este incremento puntual del personal DUE (Diplomado Universitario en Enfermería) debe hacerse sin coste para la Administración, advierte el Ministerio de Fomento en el pliego de prescripciones técnicas. Siempre que la sobreocupación no supere en un 40% la capacidad máxima del centro, las empresas no están obligadas a reforzar la plantilla si no lo han ofertado. A partir de ese nivel, es decir, si llega el momento en el que el CETI acoge más de 716 inmigrantes, el contrato sí obliga a la empresa adjudicataria a reforzar el servicios con un operario de apoyo (DUE), pero también sin coste adicional.
El Ministerio de Fomento también valorará, a la hora de adjudicar el servicio, el refuerzo extra que esté dispuesto a realizar cada empresa en una situación de emergencia declarada, es decir, cuando se produzca una entrada masiva de inmigrantes. Los técnicos de la Administración central consideran que se produce una ‘entrada masiva’ cuando en un solo día se produce un numero de ingresos superior al 10% de la capacidad de ocupación del CETI.
Atención especializada
Mientras no se produzca ninguna situación extraordinaria, de la atención socio-sanitaria de los inmigrantes se deben encargar trece profesionales, que en ningún caso deben tener vinculación laboral alguna con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
El servicio está encabezado por dos médicos. Uno debe prestar atención sanitario-asistencial de 8:00 a 15:00 horas y el otro desde las 15:00 a las 22:00 horas. Ambos contarán con el apoyo de seis titulados medios DUE y de dos técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. La plantilla que aporte la empresa adjudicataria debe contar también con un interprete y traductor que tenga conocimientos avanzados de inglés, francés y árabe. Su función será facilitar la comunicación entre los residentes y los profesionales, tanto del CETI como de los servicios a los que sean derivados los inmigrantes.
Y finalmente, la empresa que preste el servicio tiene la obligación de aportar un técnico superior en Integración Social que se encargue de las tareas de mediación social. Entre otras funciones, este trabajador será la persona responsable de atender a los inmigrantes en el momento de su llegada y durante su estancia en el CETI y derivarlos a los diferentes servicios especializados de carácter jurídico, social o médico.
La asistencia sanitaria que la empresa adjudicataria debe prestar a los residentes ha de ser tanto a nivel preventivo como de promoción de la salud. Para ello los inmigrantes tienen que recibir atención primaria, que a su llegada al CETI debe empezar por la realización y valoración de los test de la tuberculina y VIH. También serán sometidos a curas y se les tomará las constantes. Entre las actuaciones del personal sanitario también están las pruebas de embarazo, glucemia, talón a los recién nacidos, valoración de analíticas, control de calendario vacunar... y todas las demás funciones que forman parte de la atención primaria, incluida la dispensación de medicamentos, siempre haciendo un uso racional de los mismos. Su coste correrá a cargo de la Administración.
Con cargo a los Presupuestos del Estado
El nombre de la adjudicaría se conocerá en junio, cuando está previsto la apertura de los sobres con las ofertas económicas. A partir de entonces, la empresa ganadora del concurso recibirá durante por los doce meses de servicio un máximo de 262.401 euros en el ejercicio 2016 y la misma cantidad en 2017. Ambas sumas se pagarán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, aunque el Ministerio de Empleo y Seguridad Social no descarta la posibilidad de que el coste de este servicio pueda llegar a estar cofinanciado por la UE.
El plazo de ejecución es de doce meses. Sin embargo, está contemplada la posibilidad de una prórroga de un año, pero siempre de común acuerdo entre las partes. Durante ese tiempo, la empresa continuará prestando atención a los inmigrantes por un importe similar al de la adjudicación inicial del contrato.
