El Gobierno central ha reiterado al senador Carles Mulet que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) “garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto, reconocida en la Constitución Española, y a recibir asistencia religiosa de su propia confesión, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 7/1980 de libertad religiosa” tanto en Ceuta como en Melilla.
“Respecto a la religión islámica y al amparo de la Ley 26/1992 por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica de España, se garantiza el derecho a la asistencia religiosa con pleno respeto al principio de libertad religiosa sin limitación de horario”, ha añadido el Ejecutivo de Sánchez.
Mulet ya había interpelado hace meses por “el coste anual de la asistencia religiosa de los centros sanitarios de Melilla y Ceuta bajo la competencia del Ministerio de Sanidad”, a lo que el Gobierno de la Nación le contestó que en Ceuta consta en plantilla un capellán católico que cobra 10.710 euros anuales y en Melilla dos de la misma confesión (uno a jornada completa y otro a media) que perciben 14.329 y 7.251,58, respectivamente.
El político valenciano reprobó entonces que “en ciudades españolas, donde los supuestos beneficiados de esta creencia son una minoría, se discrimina a la mayoría de la población que profesa otra religión, que también paga con sus impuestos estos salarios”. “No tiene sentido capellanes católicos sufragados con dinero público en ejércitos o centros religiosos; otro tema sería destinar salas para el culto y que cada confesión se hiciese cargo de su mantenimiento”, opinó.
Lógico y con sentido. Cada confesión que cargue con sus confesos.