Poner punto y final a la demora de las valoraciones de discapacidad aún no es una realidad tangible. A pesar de los avances, el contexto en el que se produce el trámite está rodeado de dificultades. Los 800 expedientes prometidos por el Imserso de Ceuta se han resuelto, pero todavía queda trabajo por hacer.
Fuentes consultadas aseguran a este medio que la capacidad de las citas, de momento, “es limitada”. La raíz se halla en el déficit de personal. Solo está disponible una de las dos trabajadoras sociales en plantilla. Es por ello por lo que los informes se envían “a cuenta gotas”.
Estas profesionales son esenciales en el proceso. A esa visita le sigue la cumplimentación de otros requisitos. Efectuado ese paso y realizadas las actualizaciones pertinentes, el caso se traslada a otro equipo.
Las carencias también salen a flote en este grupo que forma parte de la cadena burocrática. No cuenta ni con un médico ni con un psicólogo por lo que, el despacho de los documentos, se convierte en una tarea más complicada de lo previsto.
Revisiones
Aunque la colaboración con la clínica Septem ha quitado 800 análisis sobre la mesa, la labor continúa en las oficinas. Las valoraciones pendientes no son las únicas que se abordan en el día a día.
Se suman las nuevas peticiones de evaluaciones para certificados y las propias revisiones de los que ya han sido expedidos. Es más que frecuente que se tengan que volver a reexaminar análisis desarrollados. Tienen una fecha de validez.
Los servicios centrales apoyan los procedimientos para asegurar que todo está acorde con lo estipulado en el último Real Decreto, que retiró del tablero la normativa que, hasta la fecha, había regido los trámites.
Cambios en la normativa
La incertidumbre surge ante la falta de una Orden Ministerial que establezca las pautas, así como la composición del grupo de profesionales a cargo de estudiar los casos. La supresión del reglamento previo también dejó en el aire cómo debe ser configurado este equipo ni con cuántos miembros debe contar.
Es este motivo por el que, de quedar reflejada como obligatoria la presencia de un facultativo, existe la opción de que la delegación en Ceuta no pueda llevar a cabo valoraciones. Si se produce este escenario, no se descarta como alternativa trasladar los expedientes a Madrid. Sin embargo, inicialmente, solo son conjeturas hasta que se conozca el contenido de la nueva norma.
Nombramiento
A todo este retrato en el que las ausencias de trabajadores hacen mella se une la espera al nombramiento de un director territorial que tome el relevo a su antecesor. Su vacante no está cubierta a pesar de la publicación del puesto en dos ocasiones.
Las interferencias en el ritmo de la redacción de informes o de su chequeo no es una noticia desconocida para usuarios y ciudadanos. Ya se dio parte con anterioridad del problema estructural que persigue desde hace un tiempo a la entidad.
No resulta tampoco sencilla la cobertura de la plaza del doctor Ávila, que, desafortunadamente, falleció el pasado mes de enero. Se contempló como vía a la que acogerse una oferta de empleo pública para que sea adjudicada por concurso-oposición.
Otra de las posibilidades estudiadas era que se sellara a través de un decreto emitido desde el servicio central. Este pone en marcha la consolidación laboral de huecos para facultativos y psicólogos. El único inconveniente es que es para todo el territorio, por lo que los escogidos no tienen por qué elegir necesariamente Ceuta entre sus opciones.
Los 800 expedientes desatascan, en parte, la demora que atraviesa la prestación en la ciudad. Sin embargo, todavía quedan flecos por rematar para dotar la sede de una base consolidada que devuelva el ritmo habitual de trabajo.
De tercermundista esto