El Gobierno de España está llevando a cabo la revisión del pliego de prescripciones técnicas particulares del contrato de la línea marítima de interés público entre Ceuta y Algeciras con la finalidad de incluir un descuento en las tarifas para el segmento poblacional joven.
Así lo ha respondido a preguntas del diputado del PP, Javier Celaya. El Gobierno indica además que quiere retomar la licitación del nuevo contrato una vez que se hayan calculado las nuevas cifras totales.
El 1 de julio finalizó la prórroga de ese contrato de gestión de la línea de interés público que fue adjudicado a Balearia.
El 12 de agosto, Marina Mercante inició en la Plataforma de Contratación la licitación de un contrato con presupuesto de 4,4 millones para dos años, pero el 16 de septiembre se canceló por un defecto del pliego que no había contemplado ese descuento de tarifas para viajeros incluidos en el segmento joven.
Es lo que quiere solucionarse ahora. En ese pliego anulado se fijaban tarifas máximas superiores a las establecidas en el contrato anterior lo que permitía el encarecimiento de los billetes de la línea marítima, pese a que el presupuesto base de licitación casi duplicaba lo pagado anteriormente por la administración.
Tal y como se recoge en la respuesta notificada al diputado popular por Ceuta, la Proposición no de Ley (PNL), aprobada en Comisión Mixta de Insularidad el 13 de junio de 2024, proponía incrementar el presupuesto de licitación para disminuir las tarifas y eliminar la exención de aplicación del régimen tarifario máximo en los periodos vacacionales a los no residentes.
Respecto a lo primero, el presupuesto de licitación anual contempla un aumento del orden de un 74% con la finalidad tanto de compensar el mayor incremento de los costes de explotación de las navieras -debido al comportamiento alcista de los precios desde 2023-, como de intentar mantener el importe de las tarifas, lo que ha tenido un efecto desigual.
Así, se mantiene la aparejada a los vehículos, se reduce la del trayecto sencillo, y se eleva la del billete de ida y vuelta.
En lo que se refiere a la eliminación de la exención de aplicar el régimen tarifario máximo en los periodos vacacionales a los no residentes, el Gobierno responde que esa medida equivaldría a reducir los potenciales ingresos del adjudicatario con el consiguiente desequilibrio en el balance, que debería compensarse con una nueva elevación del presupuesto de licitación y/o de las tarifas máximas, lo que constituiría un claro perjuicio para los residentes.
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