El Gobierno central, tras el acuerdo con Junts, ha recalcado este jueves que el real decreto ley para el reparto de menores extranjeros no acompañados desde zonas tensionadas como Canarias y Ceuta a otras comunidades no contempla cifras definitivas ni simulaciones de reparto, que aún tienen que calcularse en función de los criterios establecidos.
Fuentes de la Comisión Interministerial de Inmigración han aclarado, ante la publicación en algunos medios de comunicación de cantidades concretas de distribución de los menores, que las comunidades tienen hasta el 31 de marzo para comunicar y certificar el número de jóvenes que tienen ahora en sus sistemas de acogida.
Después, se decidirá la capacidad ordinaria que debe tener cada territorio, "aplicando criterios homogéneos".
Según el texto, para llegar a esta cifra, siempre que las comunidades no determinen otra cosa por unanimidad en la Conferencia Sectorial de Infancia, se dividirá la población total del país entre el número de menores que hay en el conjunto del territorio y, después, se dividirá la población de la región entre el número obtenido anteriormente.
Después, han continuado las fuentes, en la Conferencia Sectorial de Infancia se establecerá la distribución "con cifras concretas y ajustadas a la realidad del momento", siguiendo los criterios del real decreto ley, si no se establecen otros por unanimidad entre las comunidades.
Estos factores son: la población de la comunidades (50%), su renta per cápita (13%), la tasa de paro (15%), el esfuerzo de acogida realizado (6%), el dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), la dispersión de la población (2%) y otras características geográficas como ser una ciudad fronteriza (2%) y la insularidad (2%).
Torres dice que la "intención del Gobierno" es hacer el reparto de menores en 2025
El Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que la "intención del Gobierno" es realizar el reparto de menores inmigrantes de Canarias y Ceuta en 2025 y, aunque ha reconocido la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan recurrir el decreto al Tribunal Constitucional, les ha recordado que "tienen que ejecutar la ley".
"Esto es una cuestión de Estado, por tanto vamos a convalidar este real decreto ley y a partir de ahí ya podremos empezar", ha argumentado Torres en una entrevista en TVE recogida por Europa Press. Según ha explicado, "el Gobierno de Canarias ha dicho que precisa de un par de meses para tener también toda la documentación pertinente concluida", pero, según ha añadido, "la intención es hacer (el reparto) en el ejercicio 2025, dándole también una respuesta de carácter humanitario a los jóvenes que están en los territorios frontera".
Preguntado por la posibilidad de que haya comunidades que no dispongan de infraestructuras mínimas para la acogida, el dirigente político ha aludido al mecanismo de contratación por emergencia previsto dentro del real decreto como "pedía el PP". En su opinión, "las comunidades tienen mecanismos, con la financiación del Estado, para poder tener centros y acoger, con las organizaciones pertinentes, a estos menores".
Respecto a la vigencia del real decreto, Torres ha asegurado que existe "una voluntad de pervivencia" aunque ha reconocido que será evaluado cada año como ha indicado Junts. "Se establece un plazo para el año 25, que es que nos envíen certificados antes del 31 de marzo, pero el propio Real Decreto para el año 26 establece que sea antes del 15 de enero y así para los años siguientes y posteriores". Según ha explicado el Ministro, ésta "es la respuesta a una situación de emergencia que, por cierto, no está hecha solo para Canarias, Ceuta y Melilla, sino para todas las comunidades que entren en contingencia migratoria", ha añadido.
Reticencias de algunas comunidades
En cuanto a las reticencias manifestadas por algunos gobiernos autonómicos, Torres ha reconocido que "cualquier comunidad autónoma puede acudir al Tribunal Constitucional ante una aprobación legislativa". "Es es un derecho si entienden que esta ley invade sus competencias que ya adelanto que no es así; quitando eso, tienen que ejecutar lo que es la ley", ha añadido.
