El Gobierno central ha alcanzado un acuerdo con Junts para gestionar el reparto de unos 4.000 menores extranjeros no acompañados que se encuentran actualmente en Canarias. Se estima que, de esta cantidad, entre 20 y 30 niños serán destinados a Cataluña, mientras que Madrid acogerá a más de 700. Este acuerdo tiene como objetivo aliviar la sobrecarga que soportan algunas comunidades autónomas, especialmente aquellas que están más afectadas por la crisis migratoria, como Ceuta, Canarias y Melilla.
Los detalles de la reforma
El Gobierno destinará 100 millones de euros para financiar este año la atención de los menores migrantes por las comunidades autónomas, que se verán obligadas por ley a acogerlos para aliviar la situación "extraordinaria" que viven Canarias y Ceuta.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que ha liderado las negociaciones por parte del Ejecutivo central con el Gobierno canario y los grupos políticos para conseguir sacar adelante esta medida, ha comparecido en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes para explicar los detalles de la reforma.
Las comunidades tendrán que informar sobre su capacidad
El Gobierno ha dado de plazo a las comunidades autónomas hasta el próximo 31 de marzo para que informen de su capacidad de acogida de menores migrantes, según ha avanzado el ministro Ángel Victor Torres en rueda de prensa, en la que ha confirmado la aprobación de un Real Decreto Ley para reformar el arículo 35 de la Ley de Extranjería. Una medida, pactada con Junts, que ha definido como "justa" y "equilibrada".
"Me gustaría empezar diciendo que estamos ante un hito en defensa de los derechos humanos, en la defensa del interés superior del menor. Ante un hito histórico porque así lo llevan demandando los territorios fronteras, donde llegan en pateras y cayucos menores no acompañados extranjeros, que lo llevan reclamando, repito, en los últimos 30, 40 años", ha asegurado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
La aprobación de este Real Decreto llega tras haber alcanzado el Gobierno un acuerdo con Junts para que la iniciativa pueda salir adelante en la Cámara Baja. De hecho, los de Carles Puigdemont han cambiado su postura en esta cuestión después de pactar con el PSOE el traspaso de la delegación de competencias de inmigración a Cataluña.
Modificación del artículo 35 de la ley
Torres ha recalcado que los acuerdos anteriores para repartir a menores migrantes "no dieron los frutos apetecibles". En este sentido, ha expuesto que la reforma del artículo 35 es "la mejor opción" y "la más eficiente" ante las respuestas en defensa de los derechos humanos.
Con la aprobación del decreto, se añade un artículo 35bis de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros y su integración social para que la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia pueda acordar "por unanimidad" los requisitos para la declaración de la situación de contingencia migratoria extraordinaria, el plan de respuesta y los criterios para la aplicación del plan.
Asimismo, Torres ha detallado que se establecerán criterios en función de parámetros como el de población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo (6%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%).
La capacidad máxima se aprobará anualmente y a tal efecto las Ciudades y Comunidades Autónomas deberán remitir a la persona titular de la Presidencia de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia antes del 15 de enero de cada año certificación del titular de la Consejería competente del número máximo de personas menores de edad extranjeras no acompañadas atendidas por su sistema de protección.
Reparto de los menores
Para materializar esta reubicación de los menores, el Gobierno ha aprobado este martes un decreto ley en el Consejo de Ministros, que incluirá una modificación en la ley de extranjería, estableciendo un mecanismo permanente de redistribución de los menores inmigrantes no acompañados.
El acuerdo se enmarca en un contexto de tensiones crecientes en algunas comunidades autónomas receptoras de menores no acompañados y tras los encuentros con algunas regiones este pasado lunes. En particular, las islas Canarias, al igual que Ceuta, están experimentando una presión extrema debido a la cantidad de niños y adolescentes que han llegado, lo que ha llevado a los centros de acogida a superar con creces su capacidad.
De esta forma, el Ejecutivo busca aliviar la carga que soportan las comunidades más afectadas por la llegada de menores. La modificación de la ley de extranjería y la creación de un mecanismo permanente de reubicación de menores inmigrantes no acompañados es una medida crucial.
Una solución "real y permanente"
El decreto supondrá una solución "real y permanente" a la situación de territorios frontera como Canarias, que tutela en la actualidad a 5.800 jóvenes, aunque la forma en que se llevarán a cabo estas derivaciones "se irá ajustando cada cierto tiempo a la situación real".
Se trata de una medida "estructural, definitiva, reglada y obligatoria de acogida de niños en todas las comunidades", precisan las fuentes, que se irá adaptando en función de la presión migratoria del momento y la capacidad de acogida de las comunidades.
Esta es una medida que han reivindicado de forma histórica las Islas Canarias ante la saturación de sus recursos asistenciales en momentos de grandes flujos migratorios hacia el archipiélago, ya que, según el marco legislativo actual, los menores permanecen bajo la tutela de la comunidad a la que han llegado.
En los últimos años se han realizado algunos repartos puntuales desde zonas como Canarias y Ceuta acordados en el seno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, pero estos solo han alcanzado a pocos centenares de jóvenes y, además, no se han llegado a materializar completamente.
PSOE, Sumar y Coalición Canaria llevaron la iniciativa para reformar el artículo 35 de la ley de extranjería al Congreso en julio del año pasado, pero fracasó en su primer paso de tramitación -su toma en consideración- por la falta de apoyo del PP, Vox y Junts.
"Compensación económica adecuada"
Según ha informado JxCat en un comunicado este martes, el acuerdo prevé que el reparto de menores entre comunidades se lleve a cabo "teniendo en cuenta el peso poblacional, pero también el esfuerzo hecho por Cataluña a lo largo de los últimos años". Con los siete votos de Junts, existe una mayoría suficiente para su convalidación en el Congreso.
En el comunicado, Junts especifica que el reparto se llevará a cabo entre aquellas comunidades autónomas "que hasta ahora no han acogido o han hecho un esfuerzo muy menor en comparación al esfuerzo que ha realizado Cataluña".
"Esto quiere decir que, del total de menores que habrá que distribuir por el conjunto de la península (unos 4.000), a Cataluña llegarán entre 20 y 30 y a Madrid más de 700", agrega el comunicado de Junts.
Este acuerdo también prevé "una compensación económica adecuada" para aquellas comunidades autónomas que han estado por encima de la media de plazas estructurales para estos menores, como es el caso de Cataluña.
