Agentes de la UCRIF de la Policía Nacional han detenido este miércoles en Ceuta a cuatro personas en el marco de una investigación iniciada hace meses después de que Extranjería alertara de la regularización de extranjeros por residencia por formación que levantaba sospechas.
La operación denominada Tetuán está siendo dirigida por la UCRIF, que lleva desarrollando las pesquisas desde el año pasado.
Esta mañana agentes de paisano han comenzado las detenciones de al menos 4 personas que tras no querer declarar han quedado en libertad después de ser reseñados.
Se les relaciona con al menos 4 delitos bajo investigación: de Organización Criminal, Falsedad Documental, Contra los Derechos de los Ciudadanos Extranjeros y contra los Derechos de los Trabajadores. Los arrestos se han llevado a cabo en la calle, pero al menos uno de ellos en la academia sobre la que la Policía puso el foco investigador.
Los detenidos estarían dentro de la investigación de irregularidades detectadas en los cursos de formación impartidos a ciudadanos extranjeros para la consecución de autorizaciones de residencia por arraigo.
Varios detenidos en esta operación
Los arrestos están relacionados con un procedimiento judicial que instruye el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Ceuta.
Entre los detenidos se encuentra el propietario y la directora de la academia Proceuta, así como otras personas relacionadas.
Se investiga la obtención fraudulenta de autorizaciones de residencia para ciudadanos extranjeros por arraigo. Todos los detenidos han sido puestos en libertad tras negarse a declarar ante la Policía.
El inicio de la investigación
La investigación se inició tras detectar un aumento “inusual” en las solicitudes de residencia presentadas ante la Oficina de Extranjería de Ceuta.
Estas peticiones procedían mayoritariamente de ciudadanos marroquíes y estaban basadas en la figura del “arraigo para la formación”, una vía legal que permite regularizar la situación administrativa en España al acreditar la realización de cursos formativos con certificado oficial.
Los solicitantes alegaban haber cursado formación en la academia Proceuta, obteniendo certificados de profesionalidad que teóricamente les permitirían acceder a permisos de residencia temporal.
No obstante, la Policía sospecha que dichos cursos estaban plagados de irregularidades y que los certificados emitidos carecían de validez legal.
La supuesta formación de 50 alumnos
La UCRIF ha centrado sus investigaciones en dos acciones formativas concretas, organizadas por Proceuta para formar a 50 alumnos en turnos de mañana y tarde.
El objetivo era obtener un certificado profesional en limpieza de superficies y mobiliario en edificios. Según consta en los documentos remitidos al juzgado, estas formaciones estaban previstas entre febrero y mayo de 2024, aunque posteriormente se modificaron las fechas.
A partir de esas solicitudes, la Dirección Provincial de Educación de Ceuta abrió expedientes administrativos, registrando los nombres de los alumnos matriculados, la mayoría de ellos en situación irregular.
Obtuvieron autorizaciones de residencia
A través de la matrícula, estas personas obtuvieron autorizaciones de residencia por un año bajo la figura del arraigo para la formación, regulada en el artículo 124.4 del Reglamento de la Ley de Extranjería.
Este permiso les permitía residir legalmente en España, desplazarse por el territorio nacional y, tras completar la formación, solicitar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales.
Sin embargo, la investigación policial ha revelado indicios de que dicha formación no se habría completado adecuadamente. La parte teórica debía impartirse en las instalaciones de Proceuta y la parte práctica en una empresa de limpieza, pero existen dudas sobre su realización efectiva.
El Ministerio de Educación no reconoce oficialmente los diplomas
Además, el Ministerio de Educación no reconoce oficialmente los diplomas emitidos por esta academia. Los certificados, por tanto, no están legalizados ni autorizados, ya que no cumplen con los controles establecidos por el Ministerio.
Dichos controles incluyen la verificación del profesorado, la adecuación de los contenidos formativos y la comprobación de que los alumnos cumplen requisitos como el dominio del idioma español.
Muchos de los afectados aseguran ser víctimas de un engaño
A pesar de que se les asocia a un posible delito de falsedad documental, muchos de los afectados aseguran ser víctimas. Alegan haber pagado hasta 1.000 euros por una formación que creían válida, sin saber que los diplomas no estaban legalizados.
Sostienen que asistieron a las clases, completaron los cursos y siguieron todos los trámites de buena fe, por lo que niegan haber actuado con intención fraudulenta. Sus abogados defienden su inocencia y afirman que sus clientes confiaron plenamente en la legalidad del proceso.
Confirmación de la Policía
Horas después de publicada la noticia adelantada por El Faro, la Jefatura Superior ha informado de los hechos indicando que los responsables de la citada academia, utilizando la infraestructura que le ofrece la actividad en el ámbito formativo desempeñada desde hace años y en connivencia con una empresa de limpieza, ambas con el mismo domicilio social, y con la imprescindible colaboración de otras dos personas relacionadas con ambas entidades, habrían captado al menos, a 54 ciudadanos extranjeros que se encontraban en situación irregular.
Se les habría ofrecido la posibilidad de regular su situación administrativa en España, únicamente con la facilitación de certificaciones y diplomas de superación de un curso de formación profesional, a cambio del pago de mil cuatrocientos euros por la matrícula del mismo.
Dichos cursos no se habrían impartido con los requisitos que exige la legislación. Se detectaron numerosas irregularidades por parte de la Delegación Provincial de Educación, Formación Profesional y Deportes de Ceuta, como por ejemplo carecer en tiempo y forma de las autorizaciones pertinentes para la realización de los cursos ofertados, o la falta de autorización para la realización de las prácticas formativas laborales, para las que ninguno de los alumnos fue dado de alta en la Seguridad Social.
A todas estas irregularidades de carácter administrativo, se unen impedimentos de peso como es la barrera idiomática, dado que la normativa recoge que dichos cursos deben impartirse en castellano, con un módulo de formación teórica que conlleva la realización de varios exámenes tipo test, por lo que es obligatorio y necesario “poseer habilidades de comunicación suficiente que permitan el aprendizaje”. Así pues, la mayoría de los alumnos no sabían leer ni escribir el idioma español, y muchos de ellos apenas lo hablarían.
Conociendo este impedimento idiomático, tanto por los responsables de impartir la formación como por los alumnos, los investigadores consideraron que habría quedado sobradamente acreditada la connivencia entre los al menos 54 alumnos investigados, a quienes se les imputan delitos de falsedad documental, y los responsables de la academia.
Así, obtuvieron una matrícula que les servía para obtener el permiso de residencia que de otra forma no hubieran podido obtener, y todo ello a cambio de una prestación económica.
En ningún momento hubo intención de impartir realmente la formación, si bien era posible que, algunos de estos alumnos acudieran presencialmente a la sede con la intención de guardar la apariencia externa, sobre todo de cara a terceras personas, con la única finalidad de prevenirse ante posibles inspecciones que desde la Delegación Provincial de Educación pudiese llevar a cabo
País de sinvergonzonería 🤮
Aquellos que vienen de fuera pensando que en Ceuta, ltodavía andamos con el taparrabos…
Gran verdad!!!