Un ciudadano que fue víctima de difamación y filtración de sus datos personales a través de páginas conocidas en las redes sociales, en Tetuán (Marruecos), exige la protección de sus derechos.
Su denuncia fue archivada debido a “imposibilidad de escuchar al denunciado”, y el responsable no fue sancionado, lo que generó gran frustración además de cuestionarse la protección legal de los ciudadanos.
La legislación marroquí es clara en cuanto a la difamación, el insulto y la difamación electrónica, ya que son delitos castigados por la ley, además de la normativa sobre protección de datos personales, que protege toda la información privada.
El afectado lamenta que la aplicación práctica en Tetuán sigue siendo desigual, especialmente cuando se trata de personas conocidas o con influencia.
El ciudadano afectado exige la reapertura del caso y la sanción de los responsables, asegurando que utilizará todos los medios legales disponibles, incluidos abogados especializados y organismos de control como la Comisión Nacional de Protección de Datos Personales (CNDP) para garantizar sus derechos.
Se vuelve a poner en escena la necesidad de aplicar la ley de manera estricta e igualitaria para todos, sin excepción, así como dispensar medidas de protección frente a la difamación electrónica y la filtración de datos.
Además de amenazas y difamación, al perjudicado se le acusó de gestionar una página sospechosa, lo que llegó a poner su vida en peligro. No se llegó a tomar declaración al denunciado, a pesar de estar localizado.
El 5 de mayo de 2025, el afectado presentó una denuncia ante el Procurador del Rey en el Tribunal de Primera Instancia de Tetuán, acusando a una destacada personalidad de las redes sociales de "difamación e incitación a la violencia contra las personas".
Insistió en que se habían superado los límites de la libertad de expresión hacia su persona y reclama que se haga justicia.
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